El Observador de Uruguay. La firma Ducsa –distribuidora de combustibles de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP)– registró el año pasado una ganancia bruta de $815 millones antes de impuestos (US$28,5 millones) y de 628,4 millones (US$21,9 millones luego de descontado el impuesto a la renta), según se desprende del balance anual publicado por el Banco Central del Uruguay (BCU).

La colateral de ANCAP tiene el 60% del mercado de distribución de combustibles con 286 estaciones. Además, opera dos estaciones y es propietaria –bajo régimen de concesión con privados– de otras 20 estaciones.

En el ejercicio anterior, Ducsa había cerrado con números similares. La ganancia bruta había sido de $842,5 (US$28 millones) y la neta de $665,4 millones (US$22,1 millones) al tipo de cambio promedio de ese año.

ANCAP, su accionista principal presentará este martes próximo su balance anual que reportará utilidades netas por unos US$42 millones, informaron fuentes oficiales a El Observador.

El ente había cerrado el balance de 2016 con una ganancia de US$15 millones, por lo que el resultado del ejercicio pasado casi triplica esa utilidad.

La nota negativa dentro de las subsidiarias del ente petrolero la dio la petroquímica Carboclor, que el ente tiene en la vecina orilla.

En 2017, esa empresa cerró con un rojo de 530,3 millones de pesos argentinos (unos US$32 millones al tipo de cambio promedio de ese año), su peor resultado operativo al menos desde 2003, y casi doblado el rojo de US$18 millones de 2016. En el acumulado de los últimos cinco años las pérdidas de la subsidiaria del ente petrolero llegaron a US$66,4 millones.

El equilibrio de las finanzas de ANCAP ha sido la prioridad desde que asumió el nuevo Directorio encabezado por Marta Jara, aunque ello implicó que las tarifas de venta al público no reflejaran en su totalidad la caída que registró el precio internacional del crudo y un dólar planchado en los últimos dos años.

Entre los ejercicios 2011 y 2015 ANCAP acumuló pérdidas por unos US$800 millones. Esto llevó a que el Estado se viera obligado a aprobar una millonaria capitalización por US$623 millones al arranque de 2016.