El Poder Ejecutivo uruguayo y los accionistas privados de Pluna SA negociaban este sábado una reestructura de la aerolínea que abarca varios frentes. En primer lugar, se discute la capitalización de la compañía por unos US$30 millones que el ministerio de Economía considera inevitable para atender las obligaciones de corto plazo, que comprometen la operativa de la empresa.

Por otro lado, donde sí hay acuerdo entre los privados y el gobierno es en instrumentar una reestructura operativa en el funcionamiento de Pluna para achicar sus costos. Una fuente del gobierno admitió que es impensable mantener a mediano plazo la estructura de personal de 900 trabajadores. 

Asimismo, la gestión actual de Pluna SA cortó algunas rutas como Campinas (Brasil) y redujo frecuencias de vuelos a algunos destinos en los últimos meses. 

Pero la reconfiguración del plan de negocios podría ir más a fondo en los próximos meses con la eliminación de otros destinos de la malla del hub regional. Eso llevaría a que la aerolínea frene su plan de expansión y opte por vender o arrendar algunas de las 13 aeronaves que hoy tiene en su inventario.

Por ahora no hay mayor avance sobre la capitalización, pese a que los contactos entre las partes son permanentes. De hecho este viernes hubo otro encuentro entre las autoridades de Transporte y Economía con el grupo inversor LeadGate para allanar una salida. El 75% de las acciones de Pluna está en manos de capitales privados. El 50% lo tiene el grupo inversor LeadGate –que está a cargo de la conducción de la aerolínea desde 2007–, mientras que la canadiense Jazz controla otro 25% que adquirió en 2010 y el Estado uruguayo posee el restante 25%.

Según supo El Observador, los inversores privados están dispuestos a seguir en Pluna SA y a aportar más capital siempre y cuando mejoren las condiciones competitivas del negocio en Uruguay. Uno de los aspectos donde los privados hacen hincapié es en la necesidad de que el Ejecutivo acceda a habilitar una ruta que sobrevuele la costa uruguaya en el puente aéreo (Buenos Aires-Montevideo) que ayudaría a reducir en 30% el costo de cada frecuencia. Hasta el momento el gobierno no ha accedido al pedido por deficiencias en los controles aéreos.

En tanto, fuentes oficiales indicaron que el Estado no es quien debe “buscarle un socio” al inversor privado para que inyecte dinero. Por el contrario, si no se alcanza un acuerdo en un tiempo prudencial, se optará como última vía por declarar la quiebra de la empresa e ir a concurso de acreedores. Luego de esta instancia, el Poder Ejecutivo ofrecería a la venta el activo “bandera uruguaya” a otro privado. De hecho, la alemana Lufthansa aparece hoy como uno de los potenciales interesados en adquirir la bandera para volar en la región, supo El Observador.

Por su parte, los privados le han transmitido al gobierno su preocupación por los costos que debe afrontar Pluna SA para atender su funcionamiento, agravada por decisiones políticas del gobierno argentino. Dentro de los puntos que más preocupan está un sobrecosto de los combustibles de 40% respecto al precio que obtienen en la vecina orilla las empresas Austral y Aerolíneas Argentinas –que son la principal competencia del puente aéreo–. Precisamente, los privados cuestionan al Poder Ejecutivo por habilitar recientemente rutas a Austral para operar en el puente aéreo, teniendo en cuenta que las autoridades argentinas no permiten a Pluna volar a Bariloche y Mendoza. En tanto, otra de las medidas que está afectando la operativa de la aerolínea local son las restricciones para sacar dólares desde Argentina.

Por su parte, la propia canadiense Jazz hizo gestiones ante el gobierno uruguayo mostrando su preocupación por el impacto de Argentina en los números que venía mostrando la aerolínea este año. Si bien Pluna SA cerrará este año con una facturación récord –en el ejercicio fiscal al próximo de 30 de junio– que rondará los US$190 millones, el resultado operativo de la empresa superará con creces los US$8,1 millones de pérdidas del balance anterior.

Intervención. Consultada por la posibilidad de que el Estado intervenga Pluna SA, una fuente del socio privado dijo que “es extremadamente improbable”. “En Pluna el problema no es de transparencia”, afirmó.

Por su parte, en el Estado explicaron que no se trata de intervenir directamente la aerolínea, sino que luego de cumplido un plazo de 10 días que se dio para que el socio privado enviara información a Pluna Ente Autónomo, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) designaría un veedor para controlar la gestión de la compañía en un futuro.