El gobierno advierte que el litigio con la tabacalera Philip Morris ingresa en su etapa final y por eso en la cúpula del Poder Ejecutivo analizan el futuro de las políticas relacionadas con el tabaco en Uruguay. Aunque confía en lograr un fallo positivo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), el presidente Tabaré Vázquez tiene resuelto continuar con la aplicación de la ley antitabaco sea cual sea el resultado de la sentencia, según dijeron a El Observador fuentes del entorno del mandatario.

La confianza del gobierno se basa en su argumento de que la normativa tiene como primer postulado la defensa de un derecho superior como la vida. De todos modos, según los informantes, también se resolvió que en caso de una sentencia negativa el Estado uruguayo se limitará a pagar la indemnización y continuar con las medidas aplicadas hasta el momento.

Aunque en un principio fue manejado que la demanda de Philip Morris sería por US$2.000 millones, la información que manejan en el gobierno es que la cifra a pagar no superaría los US$22 millones.

El juicio se entabló a partir de una denuncia de la tabacalera que entiende que Uruguay viola múltiples provisiones del Tratado Bilateral de Inversión (BIT) que Uruguay mantiene con Suiza.

Los principales reclamos de Philip Morris apuntan a la normativa uruguaya sobre la presentación única por marca de cigarrillos y la advertencia sanitaria que cubre 80% de las cajillas.

La tabacalera ganó la primera batalla en la Ciadi en julio de 2013 cuando el organismo se declaró competente para el caso.

La multinacional alega que las restricciones perjudican a la inversión internacional ya que debió retirar del mercado siete de las 12 variedades de cigarrillos de la venta del mercado y, además, con la advertencia sanitaria, reclama que "prácticamente no deja espacio en la cajilla para mostrar las marcas registradas y protegidas legalmente", según un comunicado emitido en 2013.

El derecho a la vida. La tabacalera ganó la primera batalla en la Ciadi en julio de 2013 cuando el organismo se declaró competente para el caso. Hasta ese momento la estrategia uruguaya diseñada por el gobierno del expresidente José Mujica (2010-2015) recaía en señalar que el tribunal internacional no era el adecuado para fallar ya que no se agotó como paso previo la justicia local competente.

Vázquez se reunió en mayo del año pasado siendo precandidato a la Presidencia con Mujica para pedirle que cambie la estrategia en el curso del juicio ya que Uruguay se exponía a una factible derrota por una serie de errores cometidos. Los asesores legales del ahora mandatario entienden que el argumento central debe pasar por la consagración del derecho a la vida y en base a eso planean el desenlace del litigio, según las fuentes.

El problema para los intereses del Estado uruguayo en la fase inicial del juicio fue que el abogado de la tabacalera, Carlos Delpiazzo, sabía que el jurista contratado por el gobierno, Daniel Martins, iba a defender argumentos contra los que antes había escrito lo contrario.

Martins planteó que la Ciadi no era competente y se basó en la ley 16.110, del tratado de inversiones entre Uruguay y Alemania, que establece que para poder iniciar una instancia arbitral previamente hay que agotar la vía de la Justicia local.

Pero Delpiazzo planteó que esa ley no está vigente porque fue derogada por una reforma constitucional de 1997, a lo que el tribunal de la Ciadi le dio la razón.

Martins había dicho eso en Uruguay, pero cambió su postura ante el Ciadi y así se lo hizo notar la tabacalera.