Montevideo. Tras la polémica que generó la publicación de la lista de deudores bancarios en Internet, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, defendió la legalidad de la medida y consideró que con esta nueva Central de Riesgo Uruguay se coloca en la “punta” de las mejores prácticas de transparencia; por todo eso indicó que no ve “ninguna razón” para replantearla.

En diálogo con Observa, el titular de la institución monetaria se opuso a comentar las críticas que surgieron a partir de la puesta en funcionamiento de la lista de deudores –disponible desde el mediodía de este miércoles en el sitio web del BCU, que colapsó este viernes por miles de visitas-, pero al ser consultado por la legalidad de la herramienta fue claro: “El soporte legal desde el punto de vista de hacer público el acceso a la base de datos es clarísimo en la ley (17.948). Y esto no se opone al secreto bancario, esto también es clarísimo, porque la información crediticia no está amparada por el secreto bancario”, respondió.

El presidente de la Cámara de Comercio, Alfonso Varela, había dicho este jueves a radio Carve que la Central de Riesgo es algo “desacertado” desde el punto de vista jurídico, que la resolución tiene muchos “vicios de ilegalidad” y que “vulnera derechos establecidos en la Constitución”.

Consultado sobre si entiende que la divulgación de los deudores no estimula el mercado informal, Bergara señaló que información pública va a generar lo contrario. “Esto puede incentivar a que los agentes estimulen financiamientos en el área comercial, pero en ningún momento esto va en contraposición a una formalización”, indicó.

El presidente del BCU contó que para implementar la Central de Riesgo se tomó en cuenta la tendencia de aquellos países que están en la punta de la transparencia de información. “Uruguay en este tema de transparencia informativa está dando pasos importantes, esto está en una lógica más general de transparencia de información. Son pocos los países que han desarrollado cosas similares a esta. Uruguay en materia regulatoria y en materia de derecho a la información está cerca de la punta de las mejores prácticas internacionales”, dijo.

Algunos países que tienen sistemas similares son Argentina, Perú y España.