Caracas. El gobierno de Hugo Chávez dio a la minera canadiense Crystallex 90 días para entregar a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) el control de la mina Las Cristinas, que mantuvo esta empresa extranjera desde 2002.

Según una fuente oficial, el plazo se inició el 4 de febrero pasado, cuando fue entregada la misiva en la que se comunicó a la empresa la decisión gubernamental de rescindir el contrato de operaciones de uno de los yacimientos que figura entre los más grandes del mundo: Las Cristinas.

El destino de Las Cristinas, sin embargo, sigue en veremos. La fuente oficial aseguró que no se ha decidido aún si será entregada a los rusos o los chinos. Posibilidad que anunció el presidente de la República, Hugo Chávez, en su último periplo por varios países de Europa, Asia, y el lejano oriente, a finales de 2010.

Pese a este ofrecimiento, señalan fuentes del Gobierno, el Ejecutivo nacional se pasea por la posibilidad de no entregar el yacimiento a ninguna operadora, sino explotarlo con esfuerzo propio.

"Este nuevo escenario está siendo analizado con cautela, toda vez que las inversiones son de considerar", comentó.

Por su parte, la empresa Rusoro, de origen ruso, volvió a manifestar públicamente su interés en obtener la concesión de la mina Las Cristinas. Esta empresa, con la que el Gobierno conformó en 2008 una empresa mixta minera llamada Venrus, fue la primera en ser señalada como beneficiaria una vez recuperada la mina.

La gran promesa. Pero El Dorado brilla mucho más. La promesa de unificar la explotación de la mina Las Cristinas con la de Brisas, suena a metálico, por lo que Rusoro pujará y hará lobby para demostrar que es la mejor decisión, comentó una voz ligada al sector que prefirió el anonimato.

Brisas, la otra promesa de El Dorado, pese a haber sido recuperada por el Estado hace un año, no ha sido aún explotada ni adjudicada a ninguna compañía operadora.

Las minas Brisas y Chocó 5 eran operadas por la también canadiense Gold Reserve, pero a principios de 2009 el Gobierno decidió no renovar la concesión. Tras esta medida, la empresa decidió incoar, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), una demanda en contra del Estado venezolano.

Gold Reserve busca una compensación por todas las pérdidas causadas por las infracciones de Venezuela a los convenios con Canadá, al tiempo que asegura que la valoración de la pérdida, hasta el 24 de septiembre de 2010, gira en torno a US$1.928 millones.

La historia con Crystallex puede repetirse. La propia compañía ha señalando en diversas oportunidades, e inclusive en un comunicado publicado ayer, que estudiará la posibilidad de acudir a arbitraje internacional de no llegarse a acuerdos razonables.

Los canadienses han informado que pese a no haber podido producir ni un gramo de oro, invirtieron en la primera fase del proyecto más de lo estimado, alrededor de $350 millones, $85 millones por encima de lo previsto.

Bemoles para Crystallex. La medida adoptada por Venezuela contra Crystallex comenzó a poner en mayores aprietos la estabilidad financiera de la minera canadiense, toda vez que sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto se desplomaron 56% durante la jornada de ayer.

Crystallex sostiene que la medida es injusta, y más aún el argumento que esgrime el gobierno, que trata de hacer ver que la minera se mantuvo paralizada durante el tiempo que mantuvo el contrato.

Los canadienses sostienen que la explotación de la mina no fue posible porque el ministerio no dio luz verde a los permisos ambientales, único requisito que mantuvo en vilo la producción.