Caracas. Venezuela defendió este lunes su nueva ley de costos como arma para combatir la inflación en el país petrolero, una de las más altas del mundo, un día después de que el presidente Hugo Chávez pidió investigar a la italiana Parmalat tras acusarla de acaparar leche.

El alza del costo de vida se ha convertido en una piedra en el zapato para Chávez, que el próximo año buscará la reelección para un tercer período tras declarar que venció al cáncer.

El gobierno puso en vigencia días atrás una nueva Ley de Precios y Costos Justos, que regulará los principales bienes y servicios consumidos en el país sudamericano. La norma ha sido criticada por analistas y empresarios, que creen que distorsionará más la economía del país.

"La Ley de Costos es una herramienta que apunta al acaparamiento y apunta hacia la especulación, pero también se la debe complementar con producción e importaciones buenas", dijo el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, en entrevista con la televisión estatal.

"Lo ideal, y ojalá lo encontremos, es producir todo lo que consumimos", añadió.

Entre enero y octubre, la inflación alcanzó un 22,7%, mientras que el Gobierno espera cerrar el año cerca del 27%.

Primeros incidentes. Tras la puesta en vigencia de la ley, funcionarios del Gobierno -en compañía de fuerzas armadas- fiscalizaron a firmas productoras de alimentos, realizando algunas incautaciones de leche o harina de maíz, vital en la alimentación de los venezolanos.

Una de las firmas afectadas por las incautaciones fue la italiana Parmalat, propiedad de la francesa Lactalis.

"Detectamos una empresa privada, la Parmalat, acaparando leche (...) Señores de Parmalat nosotros no somos estúpidos ", dijo Chávez en referencia a un comunicado de la firma en el que responsabilizó al Estado venezolano del incidente.

El mandatario pidió al vicepresidente Elías Jaua un informe detallado sobre la situación de la firma y "otros especuladores", ya que dijo que libra "una batalla contra el capitalismo".

Con más de 12 años en el poder, el mandatario que busca llevar al país miembro de la OPEP hacia el socialismo, ha realizado una serie de estatizaciones de empresas privadas.

Pese a su duro discurso y sus constantes amenazas, muchos de los pedidos de expropiar o estatizar han quedado en papeles ya que no se concretaron.