Caracas. La medida de expropiación, ocupación temporal y protección dictada por el gobierno de Venezuela sobre 33 desarrollos urbanísticos comienza a generar los primeros efectos en la industria de la construcción.

Los afectados por las decisiones tomadas hace una semana por el Gobierno Nacional ya no son sólo los involucrados directamente en el asunto, sino también terceros, como quienes alquilan materiales y maquinaria a las obras.

En algunos desarrollos, incluso en aquellos no afectados por las medidas oficiales, se ha producido el retiro de maquinaria, incluso de materiales como encofrados, que son contratados a terceros por las promotoras y constructoras.

Ante el temor a ser expropiados, los dueños de este tipo de equipos utilizados en el sector han preferido tomar precauciones con miras a evitar ser también afectados.

Eduardo Madrigal, presidente de la Asociación Venezolana de Maquinaria Pesada, precisó que la maquinaria contratada para levantar edificios continúa ocupada. La que está siendo retirada y llevada a depósitos es la destinada a desarrollos urbanísticos.

Madrigal aseguró que hace mucho tiempo, desde cuando fue prohibido el cobro del IPC (julio de 2009), que los propietarios de maquinaria pesada no tienen mayor ocupación.

Salir del negocio. Información llegada a la redacción indica que en algunos desarrollos ubicados en la Gran Caracas se ha producido el retiro de máquinas, incluso la paralización de obras.

En otros están en venta lotes de terreno, pues las empresas comienzan a desistir de seguir trabajando en el área hasta tanto se aclaren las condiciones que regirán la preventa inmobiliaria.

La situación de operadores del sector inmobiliario y de la construcción no luce fácil, sobre todo para aquellos que adelantan varios proyectos a la vez.

"Donde había posibilidades de seguir desarrollando, el desinterés se impuso", comenta un proyectista, al precisar que en algunos casos a una misma empresa le fue expropiado un urbanismo y ocupado temporalmente otro.

Sin embargo, aquellas inmobiliarias que aún tienen unidades para vender, continúan operando con normalidad.

Una promotora de la Gran Caracas, la cual tiene un proyecto afectado -con medidas especiales de protección en el estado Miranda, continúa vendiendo. Eso sí, se abstiene de dar información sobre el urbanismo intervenido.

Documentar multas. Augusto Montiel, diputado de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional y parte de la Sala Situacional constituida en el Indepabis para recibir denuncias de afectados, se reunió ayer con representantes del Ministerio Público.

Dijo que en esa instancia se adelantan acciones para que sean resarcidos los daños causados a compradores.

Montiel dijo que actualmente se está en el proceso de documentación de multas y de clarificación de delitos, convencido de que se aplicarán "sanciones severas" a los responsables.