Caracas. Los aumentos de 24% y 33% que aprobó el gobierno venezolano para los precios regulados del pan y la pasta lucen insuficientes para los empresarios de estos ramos, tanto en los porcentajes aprobados como en que éstos permitan resolver por si solos los problemas que atraviesan las industrias de la panificación y de la pasta en sus estructuras de costos.

Desde comienzos de año, los molinos habían dilatado las importaciones de trigo en espera de que el Ejecutivo ajustara los precios regulados de los productos elaborados con esta materia prima, debido a la devaluación del tipo de cambio de Bs.F. 2,60 (US$0,60) a Bs.F. 4,30 (US$1,00) para la compra de alimentos que hubo en enero y ante el incremento de precios del cereal en los mercados internacionales.

Si bien la medida es una buena señal por parte del Ejecutivo, los industriales aún analizan el impacto real del incremento.

Richard Dalke, director ejecutivo de la Asociación de Molinos de Trigo de Venezuela(Asotrigo), prevé que la rentabilidad de los pastificios y las panaderías dependerá de ahora en adelante del precio al que el Estado les venda el trigo, luego de que el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, anunció que el Ejecutivo centralizará las importaciones y la distribución de los commodities agrícolas.

"Si el gobierno quiere amortizar el impacto cambiario de la devaluación para contener la inflación, deberá entonces absorber los costos o subsidiar las materias primas que le venda a la agroindustria", añadió Dalke.

Minutos antes de que el directivo de Asotrigo entrara a una reunión de emergencia en el ministerio de Alimentación (Minal), recordó que "la industria también le había propuesto al Ejecutivo disminuir el porcentaje obligatorio de 80% para la producción de pasta regulada, porque la proporción actual no les permite trabajar con rentabilidad".

Los industriales esperan que el gobierno considere esta posibilidad, si efectivamente los privados podrán seguir trayendo alguna parte de cerca de las 1,5 millones de toneladas de trigo que se necesitan para satisfacer el consumo en lo que resta de año.

En efecto, desde enero de 2010 se elevó de 70% a 80% el porcentaje de producción que los pastificios están obligados a destinar a pastas con precio oficial, por lo que se redujo de 30% a 20% la proporción de la fabricación de variedades para la libre venta.

Desfase acumulado. La última vez que el Ejecutivo ajustó los precios de las pastas sometidas al control de precios fue en abril de 2009, cuando el kilogramo genérico se redujo 4% desde Bs.F. 3,39 (US$0,78) a Bs. F. 3,26 (US$0,75), con motivo de una baja en los precios del cereal en los mercados foráneos.

En la Gaceta Oficial 39.638, del 21 de marzo de 2011, se publica la resolución conjunta de los ministerios de Planificación y Finanzas, Comercio, Agricultura y Tierras, Alimentación y para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias en la que se fija el precio de las pastas alimenticias elaboradas con trigo (Sémola Durum y Sémola) en Bs.F. 4,33 (US$1,00), por lo que el aumento fue de 33%. La presentación de 500 gramos quedó fijada en Bs.F. 2,70 (US$0,62), y la de 250 gramos se ajustó hasta Bs.F. 1,73 (US$0,40).

La estructura de costos presentada por los pastificios al Minal planteaba llevar el kilogramo de la versión regulada a alrededor de Bs.F. 6 (US$1,39), y por ello el ajuste también luce insuficiente en términos económicos.

Por su parte, el precio del kilogramo de pan de trigo salado de panadería subió 24%, desde los Bs.F. 4,45 (US$1,03), en que quedó fijado en agosto de 2008, hasta Bs.F. 5,52 (US$1,28).

Antes de la devaluación del tipo de cambio de 65% en enero, la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación (Fevipan) calculaba un desfase de 135% entre los costos de producción y el precio regulado del pan.

La semana pasada, Tomás Ramos, presidente de Fevipan, señaló que el sector estaba en una "situación crítica", porque registraba más de 220% de rezago por el aumento de la harina y de otros insumos, como la manteca no regulada, entre otros costos de operación.

Al cierre de febrero, el IPC para el Área Metropolitana en el rubro de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró una variación anualizada de 37%, según el Banco Central de Venezuela (BCV).

Trabajadores en vilo. Juan Crespo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Harina (Fetraharina), lamentó que las autoridades no hayan consultado a los trabajadores para hacer el aumento de precios, y duda que los incrementos sean suficientes para responder a las mejoras salariales que desde hace varios meses solicita el sector.

Recordó que hace seis meses se introdujo en el Ministerio del Trabajo un proyecto de contrato colectivo que ya está vencido, ampara a 12.000 empleados del Distrito Capital, Miranda y Vargas, y aún no los han llamado para empezar a discutirlo. "Los trabajadores piden un aumento de 60% y dudo que las alzas de precios aprobadas para la pasta y el pan permitan a los industriales atender nuestros reclamos", dijo.

En febrero, Fetraharina comenzó a advertir sobre la necesidad de ajustar los precios regulados, debido a los efectos de la devaluación en los costos y a que el trigo debe importarse en su totalidad.