Puerto Ordaz. Venezuela no considera posible un acuerdo con ConocoPhillips, por lo que seguirá el arbitraje que sostiene desde hace años con la petrolera estadounidense, dijo este sábado el ministro de Energía venezolano, Rafael Ramírez.

Venezuela enfrenta una veintena de arbitrajes internacionales tras la prolongada oleada de expropiaciones ejecutada por el gobierno de Hugo Chávez a partir del 2006, lo que expone al país socio de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) al pago de multimillonarias indemnizaciones.

Los arbitrajes más onerosos que se cursan contra Venezuela son los de las petroleras norteamericanas Exxon Mobil y ConocoPhillips, que exigen en total más de US$40.000 millones en compensación y están bastante avanzados.

"No, seguimos en los arbitrajes", declaró el ministro de Energía de Venezuela, cuando se le preguntó si era posible un acuerdo amistoso con Conoco.

El primer fallo, emitido a fines del 2011 por la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés), fijó una compensación de US$907,58 millones a ser pagados a Exxon por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Pero el 2012, decisivo para Venezuela por las elecciones presidenciales de octubre, podría estar marcado por otros veredictos que se esperan de tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (Ciadi) y que podrían implicar nuevos pagos .

Ramírez sostuvo que "no hay manera" de que el fallo del caso que lleva con Exxon en el Ciadi salga en el 2012.

Venezuela consideró que el fallo de la ICC era favorable, ya que debería pagar unos US$255 millones por la nacionalización de sus activos en el 2007, tras descontar deudas pendientes y cuentas a su favor, lo que constituye apenas una fracción de la suma decidida por el tribunal arbitral.

Sin embargo, Chávez manifestó este miércoles que Exxon Mobil "robó" al país, por lo que debería pagar daños y perjuicios.

Ramírez ha reiterado que Venezuela no se niega a desembolsar una compensación, siempre que la considere "justa".

Según sus estimaciones, el país petrolero no debería pagar más de US$2.500 millones por ambos casos, pero los cálculos de analistas privados son muy superiores.