Caracas. Venezuela se alista para endurecer su legislación gasífera mediante una reforma que impone la figura de empresas mixtas con mayoría estatal para explorar y extraer este recurso, según un borrador de la norma visto por Reuters.

La iniciativa además incrementaría los impuestos y afectaría de manera directa a firmas extranjeras con licencias de exploración y producción como la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol, la rusa Gazprom y la francesa Total.

El país socio de la OPEP nacionalizó decenas de proyectos petroleros con empresas extranjeras entre 2006 y 2007, dejando una estela de demandas y arbitrajes internacionales a su paso, pero no modificó la ley que desde 1999 rige para la industria gasífera, en un intento por promover las inversiones.

Este régimen de apertura permitió a decenas de firmas extranjeras obtener licencias para explorar en busca de gas, lo que elevó las reservas probadas de la nación sudamericana; sin embargo, la producción no satisface el mercado interno.

"La exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos asociados y no asociados, así como el procesamiento, almacenamiento, transporte, industrialización, comercialización y exportación podrán ser ejercidos directamente por el Estado, por entes de su propiedad o por empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado", dice la norma.

Agrega que "se mantiene el régimen de licencias otorgadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley", pero los proyectos que no han iniciado la etapa de producción podrían requerir conformar una empresa mixta con mayoría de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para proseguir.

Venezuela tiene 185,2 billones de pies cúbicos (TCF por su sigla en inglés) de reservas probadas de gas, lo que la coloca en el primer lugar de Latinoamérica .

El proyecto sería incluido dentro del paquete de leyes que el presidente Hugo Chávez aprobará en los próximos 18 meses como parte de los poderes especiales para legislar que le otorgó la Asamblea Nacional la semana pasada, dijo una fuente involucrada en su redacción .

La normativa crea tres nuevos impuestos para el sector que elevarían la carga tributaria actual, integrada esencialmente por una regalía de 20%, y suprime al Ente Nacional del Gas, que tiene autonomía para supervisar y fijar tarifas.

El modelo de empresa mixta surgió en 2001 con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que también fue promulgada por Chávez con poderes habilitantes y propició la nacionalización de la industria petrolera pocos años después.

Gas bajo tierra. Aunque las licencias otorgadas en los últimos años ayudaron a convertir a Venezuela en el noveno país con las mayores reservas gasíferas del mundo, la gran mayoría de los proyectos sigue sin extraer una sola molécula de gas.

Grandes retrasos en la ejecución de proyectos, desacuerdos entre Pdvsa y firmas privadas sobre la posibilidad de exportar, tarifas congeladas en el mercado interno y un entorno de precios declinantes en los mercados externos impidieron proseguir hacia la etapa de desarrollo.

El gobierno de Chávez ha intentado acelerar este año demorados proyectos para atender una severa crisis eléctrica que golpeó su popularidad, pero ha tenido contratiempos como el hundimiento de la plataforma que comenzaría a producir en 2012 para el proyecto Mariscal Sucre .

Venezuela produce unos 6.000 millones de pies cúbicos diarios de gas, insuficientes para cubrir su creciente demanda interna, impulsada por la instalación de decenas de plantas termoeléctricas.

Licencias en jaque. En el proyecto costa afuera Plataforma Deltana, en el oriente del país que estuvo dos años inactivo, PDVSA acordó con Chevron en 2009 constituir una empresa mixta donde mantiene 61% de las acciones.

No obstante, en los bloques del Golfo de Venezuela, que integran el proyecto Rafael Urdaneta licitado en 2005, la estatal prometió asociarse en no más de 35%.

ENI y Repsol ya han certificado 15 TCF de gas en el promisorio bloque Cardón IV y aspiran a negociar una tarifa con PDVSA este año para prepararse para la etapa de desarrollo, en la que conservarían en conjunto 70% de interés, según los términos de la licencia.

El proyecto de reforma también siembra dudas sobre el destino de las licencias de gas otorgadas en tierra firme, en donde participan firmas como Repsol, Total y la local Inelectra.

Además, formaliza los subsidios que imperan para el mercado interno, permite el intercambio de gas por otros bienes y establece que el Ejecutivo "dará prioridad al suministro de hidrocarburos gaseosos para la industrialización petroquímica, después de asegurar el abastecimiento eléctrico".