El empuje que le quiere dar el gobierno al financiamiento del sector agrícola por parte de la banca venezolana vendrá desde varios ángulos.

En el Ejecutivo preparan nuevos cambios que flexibilizarán la normativa que debe cumplir una entidad al momento de aprobar un crédito agrícola, y así esperan que la distribución de los fondos llegue a más productores.

Esta medida se sumará a la creación del Fondo Ezequiel Zamora, que anunció el presidente Hugo Chávez para aprobar directamente los préstamos a pequeños y medianos agricultores.

Según el primer mandatario, aunque hay una gaveta obligatoria que cumplir, los préstamos no llegan a todos.

Por eso, la Superintendencia de Bancos ya prepara cambios en la resolución vigente para el análisis de créditos (en este momento es la normativa de 1997 la que rige esta actividad).

"Debe haber una revisión integral de todos los aspectos relacionados con el crédito agrícola, entre ellos, las exigencias de la Superintendencia de Bancos a las instituciones desde el punto de vista del riesgo", explicó el superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens.

Después que la Sudeban indicó que solo 145 productores recibieron el año pasado 60% de la cartera dirigida al sector agrícola, desde el sistema bancario señalaron que esto se debió principalmente a que no hay muchos productores en el país que cumplan con todos los requerimientos que pide el ente supervisor para otorgar un préstamo.

Esto en función de resguardar la estabilidad financiera de la entidad, y a su vez la seguridad de los depósitos del público.

"La banca manifiesta que pocos productores cumplen con los requisitos para ellos otorgarles los créditos. Eso es parte de lo que se revisa", agregó.

En efecto, desde la banca explican que según las normas vigentes sobre análisis de crédito, si el banco aprueba un préstamo que no cumple con todos los parámetros exigidos por la Sudeban, la entidad tiene que apartar parte de su capital (provisión) para respaldar una posible falta de pago, lo que puede generar una pérdida a la institución.

Si un productor es (de acuerdo con esa normativa) un deudor con clasificación C, por ejemplo, esa reserva será de 16% del monto prestado, es decir, que por cada Bs. 100 (US$0,02)prestados, la entidad recibirá Bs. 13 del interés que debe pagar el agricultor, y deberá apartar Bs. 16, lo que le genera en el balance una pérdida de Bs.3.

Pero para el ente regulador, esto no debe ser una razón para dejar de distribuir la cantidad más alta de recursos en el mayor número de productores, dado que "lo que no compartimos en el Ejecutivo es que exista concentración de la mayoría de los créditos en pocas manos y que no se dé una democratización del capital", explicó.

Por eso, el funcionario insistió también en la necesidad de darle un mayor impulso a la Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines (Sogarsa), órgano que funciona como respaldo de los financiamientos para aquellos clientes que no tienen historial crediticio o garantías suficientes para la aprobación del préstamo.

"Hay que usarla más. Debe avalar sobre todo a los pequeños y medianos productores", sostuvo.