Ciudad Guayana. Desde el pasado fin de semana la empresa Promotora Minera Guayana (PMG) quedó en un vacío de poder y paró todas sus actividades.

Mediante una carta de tres páginas, la gerencia de la empresa PMG, del Grupo Rusoro Mining, la última de carácter privado que explotaba el oro en el cuadrilátero aurífero del estado Bolívar, anuncia que cierran operaciones y paralizan toda actividad debido a que el Ministerio para Petróleo y Minería debió asumir el control de la compañía y hasta el viernes 30 de marzo eso no había ocurrido.

A raíz del decreto 8413 que en materia aurífera emitió el gobierno nacional venezolano el año pasado, PMG que tenía 51% de las acciones de la empresa y el gobierno el 49%, hubo de asumir la nueva figura que era la de empresa mixta y migrar para un 49% mientras el 51% pasaba a manos del Estado.

La explotadora de oro, que llegó a producir hasta una tonelada mensual, asumió este compromiso con cierta reticencia y luego anunció que se acogería al plazo de los 90 días buscando cambiar este esquema, cosa que de no lograrse, comenzaría a retirar sus equipos y a prepararse para la marcha.

Se conoció que el gobierno le ofreció US$200 millones por la maquinaria, los equipos y las instalaciones en general y a PMG del grupo Agapov no le interesó la oferta.

Hace aproximadamente quince días una comisión del gobierno hizo un vuelo rasante por la compañía e incluso llegaron equipos nuevos para la planta e insumos, pero hasta allí. Además, hubo una reunión de los gerentes con los trabajadores para iniciar la discusión del contrato colectivo, que también quedó en eso.

En la comunicación se observa una división entre la alta gerencia y la gerencia media, porque mientras los responsables máximos de PMG anuncian el cierre de operaciones y la paralización de la empresa, debido a que el gobierno al 31 de marzo no había asumido el control de esta, los vicepresidentes y los gerentes medios señalan que se oponen a la paralización de la empresa y que harán todo lo posible para continuar la operativa de la misma.

En tanto, reconocen que "está a las puertas de un cierre técnico  debido a que no hay insumos para continuar, no hay ingresos para comprar y no hay recursos para afrontar los gastos laborales".

Son 869 trabajadores directos afectados y 49 indirectos, además de los proveedores y contratistas que no pueden prestar servicios porque no hay flujo de caja con el que honrar compromisos.

Los gerentes que están en contra de la paralización de la planta le proponen al gobierno en la carta un plan de recuperación rápida y solicitan Bs. 8,5 millones (US$1,9 millones) para honrar compromisos laborales a fin de mantener la operatividad de la empresa.