Caracas. Venezuela solicitó la revisión del laudo emitido el pasado 14 de marzo por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el cual se le exhorta a pagar US$46,4 millones a la compañía estadounidense Tidewater.

El CIADI determinó que Venezuela debe cubrir este pago a la compañía estadounidense de servicios petroleros, luego de la nacionalización de activos y servicios marítimos relacionados a la actividad petrolera.

La petición de Venezuela se da después de que el CIADI falló a su favor con respecto a la denuncia emitida en 2009 por Tidewater, en la cual se exigía una "compensación exorbitante" no reconocida por el tribunal adscrito al Banco Mundial (BM).

El gobierno venezolano inició una "revisión detallada de la decisión" de la instancia arbitral, pese a que ésta reconoce en su resolución que la estatización de bienes y servicios del Lago de Maracaibo, estado de Zulia (noroeste), fue conforme con la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos.

De acuerdo con los resultados de esta revisión, la República Bolivariana de Venezuela consideró que "tiene fundamentos sólidos para solicitar una reducción significativa del laudo" que contempla el pago de US$44 millones por presuntos servicios ofrecidos por Tidewater antes de la nacionalización de estos bienes.

Dentro de lo demandado por Tidewater se encontraba un pago alusivo a la expropiación de 11 navíos pertenecientes a la empresa estadounidense que, de acuerdo a ésta, no fueron compensados por el Estado venezolano.

En relación a otro caso, el pasado 12 de marzo el CIADI emitió un fallo en el que obliga a Venezuela a cancelar US$455 millones a la transnacional Owens Illinois, por la nacionalización de sus dos plantas en los estados Trujillo y Carabobo, en diciembre de 2010.

Ante la decisión del Tribunal, la Procuraduría General de Venezuela (PGR) inició un proceso de impugnación de este fallo, medida que se suma a la solicitud refrendada por el país suramericano para anular la sentencia que le obliga a pagar US$1.600 millones a Exxon Mobil por la estatización de activos en 2007.