El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dictaminó que Venezuela debe pagar un total de US$1.600 millones a Exxon por la expropiación de Cerro Negro en 2006.

Por la expropiación del proyecto Cerro Negro Venezuela debe pagar US$1.411,7 millones. Adicionalmente, el tribunal dictaminó que el país debe cancelar US$9.042.482 por compensación de los cortes de exportaciones impuestos al proyecto Cerro Negro entre 2006 y 2007,

El caso del proyecto La Ceiba, también se decidió a favor de Exxon, por lo que Venezuela debe cancelarle por esa expropiación un total de US$179,3 millones.

El tribunal decidió que a estos pagos debe aplicarse una tasa de interés anual de 3,25% a partir del 27 de junio de 2007 hasta que el pago se complete.

Exxon solicitaba a Venezuela la cancelación de US$12.000 millones por compensación, monto que luego fue reducido a US$6.800 millones.

Exxon decidió acudir al Ciadi luego de que Venezuela expropiara sus activos en el proyecto Cerro Negro, en estado Monagas, en 2007.

En el año 1997, la empresa estadounidense Mobil (absorbida posteriormente por Exxon) suscribió un acuerdo con Pdvsa para extraer petróleo en la localidad de Cerro Negro, Estado Monagas. También participaron en este acuerdo otras grandes empresas internacionales como Chevron (EEUU), BP (Reino Unido), Total (Francia) y Statoil (Noruega), entre otras.

Sin embargo, en el año 2007 el presidente Hugo Chávez emitió un decreto para la nacionalización de la industria petrolera instalada en esa localidad, y se ofreció una cantidad de recursos para indemnizar a las empresas participantes la mayoría aceptó la propuesta pero Exxon Mobil la rechazó, y procedió a demandar en tribunales internacionales lo que consideraba una ruptura del acuerdo.

El conflicto no pudo ser subsanado por la vía de la negociación y trascendió hacia un arreglo judicial. A pesar que en una primera etapa Exxon había logrado judicialmente congelar activos de la empresa venezolana Pdvsa en diversas partes del mundo por US$12.000 millones, en marzo del 2008, un magistrado inglés anuló estas decisiones.