Diecisiete de ellos están en fase de investigación previa, cinco en instrucción fiscal y dos tienen llamamiento a juicio.

Diez meses han pasado desde que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) reveló mundialmente los denominados Panama Papers, información que en el caso ecuatoriano ha dado origen, hasta el momento, a 24 investigaciones por supuestos actos de corrupción en el interior de Petroecuador.

El 16 de mayo pasado, Álex Bravo, ex gerente de la estatal petrolera, era el primer detenido en este caso. Evidencia encontrada, entre los 11,5 millones de archivos de los Papeles de Panamá y publicada por los medios, hablaba de que Bravo y varios de sus familiares tenían relación con empresas offshores, principalmente Girbra S.A., desde las cuales se registraban transferencias a cuentas vinculadas a contratistas de la petrolera ecuatoriana.

Bravo era acusado inicialmente de supuesto tráfico de influencias, pero tres meses después la Fiscalía reformuló cargos para investigarlo por enriquecimiento ilícito.

Tres meses después este megacaso de corrupción dejaba un segundo detenido, Javier B., gerente de la contratista Oil Services & Solutions. El 17 de agosto pasado, por el delito de cohecho se le inició una instrucción fiscal, en la que dos meses después se vinculó también a 17 personas más, entre ellas, el ex gerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli, Bravo, varios familiares de estos y contratistas petroleros.

Pese a que Pareja Yannuzzelli, quien aparecía en los Panama Papers como único beneficiario de la offshoreCapaya, dejó el país el 28 de septiembre último, la jueza Karen Matamoros, quien llevaba el proceso por cohecho, ordenó su prisión preventiva y pidió que se notifique a la Interpol. Ahora, él estaría en Estados Unidos.

El 4 de noviembre pasado, Dora G., de 83 años y suegra de Pareja Yannuzzelli, era vinculada en Guayaquil al delito de lavado de activos; y solo siete días después, entre Quito y Esmeraldas, se detenía por el delito de delincuencia organizada al exgerente de Petroecuador Marco C.; Darío T., exsubgerente de Refinación, y el contratista Eduardo V.

Finalizaba noviembre del 2016 y a Pareja Yannuzzelli se le iniciaba un segundo proceso, pero esta vez en la Corte Nacional de Justicia, debido al cargo de ministro de Hidrocarburos que tuvo él, entre 2015 y 2016. Se lo acusa de supuesto enriquecimiento ilícito.

Hasta noviembre pasado, la Fiscalía informaba que tenía abiertas 16 investigaciones por supuestos delitos que se desprenderían de actos de corrupción en Petroecuador: ocho eran por enriquecimiento ilícito, tres por delincuencia organizada, dos por lavado de activos y uno por peculado, cohecho y perjurio. La mayoría estaban en investigación previa.

El 2016 terminaba con dos nuevas detenciones en Guayaquil: Ernesto W. y Carolina A. A ambos se les habrían identificado operaciones económicas inusuales e injustificadas que terminaban supuestamente relacionándolos con el empresario Carlos P. C. y su hijo Carlos P. D., quienes fueron vinculados al caso, el 2 de enero último.

Febrero del 2017 arrancó ya con 24 casos abiertos por el tema Petroecuador. Diecisiete de ellos están en fase de investigación previa, cinco en instrucción fiscal y dos tienen llamamiento a juicio: cohecho con 18 procesados, y lavado de activos contra la suegra de Pareja Yannuzzelli, quien entre el 24 y el 30 de enero últimos, fue vinculado junto a Bravo, al proceso por delincuencia organizada y se le abrió también otra investigación por peculado, con cinco exfuncionarios petroleros y contratistas más.

La investigación previa por un presunto lavado de activos, en la que se requirió, el 30 de enero pasado, la detención por 24 horas del empresario Leonardo B., es una de las últimas acciones de la Fiscalía, dentro del denominado caso Petroecuador.