Quito. La iniciativa de salvar el parque amazónico Yasuní de la explotación petrolera suma de momento US$ 1.657 millones en la cuenta. Le restan seis meses para conseguir un poco más de US$98 millones ya que si hasta diciembre no hay un aporte inicial de US$100 millones, el presidente Rafael Correa daría por sepultado el plan y anunciaría la explotación del bloque 43, más conocido como ITT.

El proyecto busca dejar el petróleo bajo tierra a cambio de recibir cada año, de la comunidad internacional, una compensación económica para no explotar el área que alberga 860 millones de barriles de crudo.

De esa cantidad, el 60% seguirá intacto porque está en el campo Ishpingo, ubicado en la zona de amortiguamiento del denominado territorio intangible por ser paso obligado de los pueblos en aislamiento voluntario: tagaeri y taromenane.

El camino del equipo negociador, sin embargo, es cuesta arriba. La iniciativa, que es el Plan A del gobierno, ha enfrentado dificultades desde 2007. La última fue el año anterior, cuando Correa decidió “reforzar” ese equipo liderado ahora por Ivonne Baki.

Antes, sus integrantes renunciaron porque el presidente los consideró “vende patrias”, porque en el fideicomiso que administraría el dinero él no tendría potestad al no tener mayoría.

Entonces, “todo el tema pasó a la Presidencia de la República (antes lo tenía el ministerio de Patrimonio y la Cancillería) y se encargó a Baki que, además de las relaciones bilaterales, país con país, empezó una campaña de recaudación privada”, recordó Tarsicio Granizo, coordinador general de Política del Ministerio de Patrimonio.

Se aceleraron los viajes de promoción, se contactaron personalidades famosas y se pudieron concretar los actuales fondos. El depósito se cristalizó después de cinco años de difusión de este proyecto.

Esa cifra, sin embargo, puede subir en US$35 millones más en las próximas semanas si se concreta un canje de deuda con Italia y en el mejor de los casos llegar a los US$60 millones, reconocen las autoridades.

Para obtener esos recursos, el ministerio de Patrimonio ha destinado hasta inicios de este año más de US$732.452, el 35% de los recursos hasta ahora conseguidos. Los gastos de viajes al Yasuní con periodistas internacionales, embajadores y misiones diplomáticas de varios países, así como talleres con gobiernos locales, eventos y material de difusión y campañas.

“La comunidad internacional no está apoyando una iniciativa que realmente logra evitar emisiones”, lamentó Granizo.

La traba central que advirtió la ambientalista y difusora de la iniciativa, Esperanza Martínez, es “que en la práctica se invierte más en el Plan B”, pues en el A “se tardó en constituir las herramientas de trabajo”.

Por eso consideró que a partir del 31 de diciembre, si no se amplía el plazo, lo que entrará en discusión es la legitimidad de esa explotación.

Antes de la Constitución del 2008 no existía la posibilidad de consultar sobre áreas vulnerables, pero ahora las comunidades pueden acogerse a ese derecho para que se decida si se extrae o no el crudo del ITT.

Para Roque Sevilla, anterior integrante del grupo negociador, el verdadero Plan A es extraer el petróleo. “No ha habido un sólido apoyo a la iniciativa” por parte del gobierno y eso se puede palpar hasta ahora.

Recordó que ya está lista la empresa pública Petroamazonas que operará en el área, se avanza con la entrega de permisos ambientales y sigue la construcción de la refinería del Pacífico que, según Sevilla, se alimentará con crudo que se extraería del ITT. Con ese panorama el mensaje que se emite –dijo– es ambiguo. Teme que de US$1.780 millones hablados y con intención de recaudar, solo logren sumarse US$60 millones.