La Paz. YPFB asumirá la ejecución de proyectos que están a cargo de la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH). La decisión aceleraría el proceso, pero vulneraría la Constitución Política del Estado (CPE).

El artículo 363 de la CPE define a la EBIH como una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, y como “responsable de ejecutar, en representación del Estado, la industrialización de los hidrocarburos”.

Sin embargo, el Decreto Supremo 0922, aprobado el 29 de junio de este año, “autoriza al ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) —en el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos— determinar los proyectos de industrialización a ser ejecutados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”.

La Razón se comunicó con los directores legales de la EBIH, Elmer Barrientos, y de YPFB, Marcelo Canceco, para conocer la posición de ambas empresas al respecto, pero los ejecutivos se rehusaron a emitir cualquier declaración sin la autorización de sus respectivas presidencias.

A decir del ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres, “existe una serie de contradicciones entre la Constitución, la actual Ley de Hidrocarburos y otras disposiciones que proporcionan el marco legal para el desenvolvimiento de las actividades hidrocarburíferas en el país, lo que obstaculiza el desarrollo del sector”.

La EBIH, dijo, debería haberse creado como una empresa “subsidiaria” de la petrolera estatal, lo que habría posibilitado la conformación de un solo equipo de expertos para el proceso de industrialización.

“No es comprensible cómo se dividieron estas actividades estratégicas en una empresa que estuvo a punto de desaparecer y que recién está iniciando su reestructuración”, manifestó.

Con la nueva norma “se establece una ilegalidad (que YPFB se haga cargo de la industrialización) que era la más coherente para llevar adelante el proceso”, sostuvo.