“Vos te das cuenta, loco, están gritando abajo Peña Nieto”, fue el comentario sorprendido de una turista argentina que observaba pasar a miles de personas por la principal avenida del Distrito Federal. “Pero el hombre no está arriba de nada, es apenas candidato”.

El sábado 19 de mayo los manifestantes avanzaron hasta llenar el Zócalo de la Ciudad de México, algo que no se logra con menos de 60.000 personas. ¿Qué los unía? El repudio a Enrique Peña Nieto (EPN), el abanderado presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo eventual regreso al gobierno genera este tipo de sentimientos en parte de la población. El PRI negoció las privatizaciones de 1994, el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., el Fobaproa. Fue “el partido de Estado durante siete décadas de “metaconstitucionalismo”. Un sistema que Octavio Paz bautizó de “ogro filantrópico” y Mario Vargas Llosa, de “dictadura perfecta”.

A finales de 2011 la diferencia entre EPN y sus adversarios era casi de dos a uno, según una encuesta de Ipsos-Bimsa publicada en febrero. En tres meses perdió 18 puntos. En vísperas de las elecciones sigue punteando, pero sometido a una batería de ataques de sus adversarios y a la insólita reacción de la calle.

¿Exageran? Durante los 71 años del PRI, México no tuvo cuartelazos ni golpes militares. Pero vio crecer la burocracia, la corrupción y la represión. Eso más los ciclos económicos: el eterno retorno de la devaluación, la recesión, el rescate de los bancos y la violencia. ¿Cabe esperar lo mismo del PRI 2.0 de Peña Nieto? Según el analista político Sergio Aguayo, en los últimos 12 años de gobierno de derecha se desmanteló parte del poder presidencial y la estructura que lo volvía casi omnipotente. Sin embargo, prever cómo gobernaría Peña Nieto es un enigma, “porque si uno toma su periodo como gobernador del estado de México, tendremos unos años intensos y difíciles, aunque también puede presidir un gobierno más tecnocrático”.

El 11 de mayo Peña Nieto fue abucheado y expulsado de la Universidad Iberoamericana, la principal universidad privada del país, por una turba de alumnos. Una acción que le ha dado vida al proceso electoral, y que algunos ya aapodan la primavera electoral mexicana. “Nadie se la esperaba; daba la impresión de que Peña iba a dar un discurso en un ambiente favorable y le salió el tiro por la culata”, cuenta Jorge Cadena Roa, especialista en movimientos sociales de la UNAM, quien destaca que buena parte del detonante para las posteriores manifestaciones fue el manejo que le dio el PRI y los medios de comunicación, donde se aseguraba que todo había sido un boicot. “Y eso indigna”, asegura Roa.

Lo que está en juego. En las elecciones se encuentran cuatro candidatos, tres de ellos con posibilidades y un cuarto, Gabriel Quadri, perteneciente a una “franquicia electoral” que sólo aspira a obtener el 2% mínimo para mantener el registro y gozar de las prerrogativas que otorga el Estado.

De los tres principales candidatos, su discurso se centra en el cambio. Sin embargo, ninguno de ellos “tiene la capacidad de hacer cambios drásticos, porque el país tiene grandes problemas estructurales, una democracia que no funciona y una violencia criminal que tiene raíces muy profundas”, asegura Aguayo, para quien el próximo será un “presidente acotado”.

Esto porque, después del desmantelamiento del metaconstitucionalismo sobre el cual gobernó el PRI, surgió un Congreso más empoderado, pero a la vez fragmentado en tres tercios. La llamada “parálisis legislativa”. Y según las encuestas, esta situación no cambiará. Consulta Mitofsky da al PRI un 49,3% de los votos al Congreso, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 25,6% y la derecha panista el 24,7%, por lo ningún partido tendría mayoría.

En un artículo publicado  en el diario Rerforma, el analista Carlos Elizondo Mayer-Serra desglosa las propuestas económicas de los candidatos: “Peña Nieto se ubica en el centro. Propone apertura en sectores que hoy están cerrados, en particular el sector petrolero. No hay detalle en el cómo, pero se sabe que implicaría abrir el sector de forma radical, salvo en exploración y producción de crudo, donde la apertura se limitaría a permitir la asociación de Pemex con empresas privadas. También habla de una reforma laboral”.

En el caso de la abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, Elizondo la considera heredera del liberalismo iniciado por el PRI: “Propone también abrir Pemex, sin dar detalles, pero menciona como su modelo a Petrobras, que en sus primeros años licitó con éxito campos petroleros al mejor postor. Es la única de los tres que pretende confrontar a esos monopolios que son los sindicatos de los trabajadores del gobierno federal. También es la que propondría una ley laboral menos restrictiva”.

En el caso del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, Elizondo tacha su programa económico como el “de una izquierda heredera del nacionalismo revolucionario de los 70. No hay propuesta de privatización ni apertura. Para López Obrador la solución es tener un gobierno más fuerte, más intervencionista, con más atribuciones, pero más austero y menos corrupto”.

Para el economista Gustavo Ramírez, las plataformas presentadas por los partidos difieren de lo dicho por los candidatos, pero coinciden en algunos puntos: “Todos hablan de la necesidad de mantener la salud de las finanzas públicas. Hasta López Obrador ha dicho que mantendría la política macroeconómica actual”, dice.

Ramírez, también consultor en temas político-electorales, sintetiza las narrativas de los candidatos: “Vázquez Mota dice que es cuestión de ajustes a los logros de 12 años, pero no termina de decirnos por qué es “diferente” a lo que hemos visto; Peña Nieto habla de compromisos para cambiar al país con mensajes emotivos de promoción turística; López Obrador dice que él representa el “cambio verdadero”, pero a la vez acusa que le roban las propuestas”. El cómo de esos cambios sigue en la nebulosa.

El factor Calderón. En cuanto al presidente saliente, Felipe Calderón, hay al menos un cierto grado de consenso: su guerra contra los carteles del narcotráfico ha sido un grueso error de cálculo. “Es producto de un mal diseño original y de una terquedad posterior que no puede continuar”, según Sergio Aguayo.

Corrobora esta visión un ex diplomático estadounidense con experiencia en América Latina y que prefirió reserva para su nombre: “Ni Felipe Calderón ni sus asesores se dieron cuenta de que desde 2001 la guerra contra las drogas dejó de ser una prioridad de la política de seguridad nacional estadounidense; sacaron mal la cuenta, miraron el Plan Colombia, y dijeron. “pues será esto multiplicado por varias veces, porque México es seis veces Colombia y además somos vecinos”. Pero mire usted las cifras del Plan Mérida”.

EE.UU. invirtió US$ 1.573 millones en Colombia. El Plan Mérida apenas tiene US$ 1.600 millones, de los cuales solo US$ 400 millones fueron asignados a México. Y así, sin un apoyo real del vecino del Norte, México se ha visto envuelto en una orgía de violencia que ha cobrado, según cifras oficiales 47.515 homicidios. Otras estimaciones cifran los muertos en 54.000 y hasta 64.000. A éstos hay que agregar 5.000 desaparecidos y 150.000 desplazados, según estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El conflicto ha quedado plasmado en imágenes de una truculencia inaudita. Y no sólo enfrenta al Estado con los carteles, sino a estos mismos por el control de las rutas del contrabando de armas y drogas desde y hacia EE.UU. Si un grupo como la Familia Michoacana es supuestamente desmantelado, nace otro como los Caballeros Templarios. Si un capo es capturado o abatido, otros se pelean por ocupar su lugar, en una espiral cuyo desenlace no se vislumbra. La banda criminal Los Zetas se formó con excomandos del ejército. El cartel de Sinaloa, dirigido por el millonario Forbes Joaquín alias “El Chapo” Guzmán, es producto de la escisión de otro cartel. La guerra entre Zetas y El Cartel del Golfo aterroriza pueblos y ciudades en Nuevo León y en Tamaulipas, cuyo ex gobernador Tomás Yarrigton (PRI) está acusado de recibir sobornos de los carteles.

Todos los candidatos coinciden que es imposible sacar al ejército de las calles al día siguiente de asumir la presidencia, pues sería poner en riesgo a la población civil. Hay quienes apoyan la legalización o regulación del mercado. Como Jorge Chabat, uno de los principales especialistas en el tema: “En la actualidad tenemos tres problemas, adicciones, violencia y corrupción”, dice. “Si se regula nos quedamos sólo con el de las adicciones, que es un problema que de cualquier manera ya teníamos”.

Otros analistas discrepan. “Hasta ahora, sólo Gabriel Quadri se ha manifestado abiertamente a favor de legalizar la marihuana. No veo a alguno de los otros dispuesto a tomar una postura clara que vaya más allá de estar dispuesto a debatirla”, explica Gustavo Ramírez, quien en 2009 fue coordinador de asesores del Partido Socialdemócrata y uno de los grandes impulsores de la legalización.

Al decir de Carlos Zamudio, del Colectivo para una Política Integral Hacia las Drogas (CuPIHD), la discusión es inevitable. Cuando era gobernador del estado de México Peña Nieto “llegó a proponer medidas más fuertes o más radicales en contra de los consumidores”; Josefina Vázquez Mota señaló en 2010, como líder de los diputados del PAN, que el debate era benéfico. Por su parte Andrés Manuel López Obrador ha sido reticente a hablar sobre el tema.

México y el mundo. Otra tónica del gobierno de Felipe Calderón fue buscar la proyección internacional del país. Durante su sexenio México albergó la conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP16), el Foro Económico Mundial para América Latina (WEF) y la reunión oficial del G20. Ésta será, de hecho, el último acto oficial de Calderón, donde hablará pensando más en el historiador que en el votante.

En el G-20 Calderón se despedirá además de Dilma Rousseff y de Cristina Fernández. Con la presidenta brasileña debió renegociar el acuerdo automotor, único espacio de integración real entre los dos gigantes latinoamericanos. Y con la presidenta argentina firmó un acuerdo de extradición y algunos convenios menores. Además la criticó duramente por su decisión de nacionalizar YPF.

“México siempre ha tenido rivalidad con Brasil, y ahora últimamente han desarrollado una sintonía con los países del Pacífico: con Colombia, Perú y Chile”, dice una fuente de la cancillería chilena familiarizada con temas comerciales y económicos. “En temas medioambientales México ha sido muy ambicioso y se identifica con el Primer Mundo, mientras que el resto de América Latina quiere ir más lento en temas como el control de las emisiones de CO2”.

Para el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe, el nuevo presidente mexicano podría establecer diferencias “más de tono que de fondo” en política exterior. En el caso de López Obrador, Pascoe ve posible que se enfatice cierta relación con algunos de los gobiernos de izquierda de América Latina, mientras que entre el PRI y el PAN no habría mayores cambios en términos discursivos: “El PRI siempre ha tenido una retórica más latinoamericanista y pudiera ser que ésa sea la diferencia”, afirma.

Sin embargo, nadie ve un retorno a aquellas épocas en que México encabezó a los llamados “países no alineados”, utilizando a Cuba como un elemento de geopolítica y negociación frente a EE.UU. en plena guerra fría. Pascoe recuerda que, para la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los gobiernos del PRI negociaron directamente con los legisladores estadounidenses de origen cubano.
EPN, JVM o AMLO serían, por lo tanto, básicamente continuistas en políticas macroeconómicas y relaciones exteriores. Es la sangrienta guerra que desangra al país desde hace cinco años, especialmente en su frontera norte, donde podría haber cambios paulatinos.

“Al ganador de las elecciones no lo queda más que seguir la política de Calderón, pero al mismo tiempo ir generando consenso con el resto de América Latina para en algún momento encarar a EE.UU.”, señala el ex diplomático estadounidense. Eso equivale, en su visión, a sumarse al discurso iniciado por los presidentes centroamericanos, encabezados por el ex militar guatemalteco Otto Pérez, de que la guerra en las actuales condiciones es imposible de ganar. Equivale también a hacer un sumario de las incoherencias del vecino del norte: su demanda interna de drogas sigue robusta, no restringe el flujo de armas norte-sur (el presidente Obama prefirió cortejar al voto gay que enajenar al poderoso lobby de las armas) y, por último, no entrega apoyo financiero para la lucha contra los carteles mexicanos a la escala de lo que hizo hace una década en Colombia. Así es imposible.

En un airado discurso a finales del mes de mayo, el presidente Felipe Calderón retó a los candidatos presidenciales: “¿Van a seguir luchando contra los criminales o no? ¿O se van a acomodar?” Una pregunta que millones de mexicanos se hacen.