Santo Domingo, Xinhua. Decenas de personas protestaron este jueves en Puerto Príncipe, la capital de Haití, y en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, contra una sentencia que negó la nacionalidad a una mujer de ascendencia haitiana nacida en territorio dominicano.

El dictamen del Tribunal Constitucional (TC) dominicano ha generado una gran polémica en ambos países y ha dividido a la población entre los que consideran que la disposición es violatoria de los derechos humanos y los que opinan que busca regular la situación de los indocumentados además de que es reivindicativa de la soberanía nacional.

En Puerto Príncipe, los manifestantes criticaron el fallo del TC frente a la embajada dominicana en Haití, por su carácter "discriminatorio" y culparon al presidente haitiano, Michel Martelly, de no proteger a sus compatriotas de la "injusticia y el racismo de los dominicanos", según la prensa local.

Los manifestantes, cerca de un centenar, portaban letreros y pancartas escritas en creole y francés con frases como "Dejen de humillar a los dominicanos de ascendencia haitiana", "Todos tenemos derecho a una nacionalidad", "No al prejuicio racial" y "No al anti-haitianismo", informó el portal de noticias en internet Haiti Press Network.

Al final de la manifestación, la directora ejecutiva del Grupo de Apoyo a los Refugiados y Repatriados (GARR), Colette Lespinasse, y el presidente de la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH), Antonal Mortimé, entregaron una carta de protesta a la representación dominicana en la que solicitan que el gobierno de Santo Domingo no seguir el "camino que puede causar el distanciamiento entre los dos pueblos".

Según una encuesta difundida en mayo, cerca de medio millón de personas provenientes de Haití viven en República Dominicana, la mayor comunidad extranjera residente en este país, mientras otros 244 mil son dominicanos de ascendencia haitiana.

"Si el gobierno lleva a cabo esta decisión, participará en la violación de los derechos fundamentales de decenas de miles de dominicanos de varias generaciones que nacieron en República Dominicana, que trabajan, viven y contribuyen al avance de ese país", señala el documento.

El TC falló la semana pasada que Juliana Deguis Pierre no tiene derecho a la nacionalidad dominicana debido a que nació de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" la excluye de ese derecho.

Según el tribunal, la categoría de "extranjero en tránsito" se aplica a toda persona que no tiene domicilio legal en República Dominicana por carecer de permiso de residencia.

El fallo del organismo sentó un precedente respecto al reclamo de cerca de 20.000 de personas de ascendencia haitiana que buscaban ser reconocidos como dominicanos por haber nacido en este país, y a los que supuestamente la Junta Central Electoral (JCE) retiró del registro civil.

Además del GARR, en la protesta de hoy participaron representantes de otras entidades como la POHDH, la Red Nacional de Derechos Humanos y el Observatorio de la Justicia de Haití.

En Santo Domingo, la manifestación se produjo frente a la sede del Tribunal Constitucional, donde decenas de dominicanos de ascendencia haitiana reclamaban el "respeto a sus derechos" como el de la nacionalidad.

"Soy dominicano como tú", "Contra el genocidio civil... enfrenta el racismo" y "Por mi color yo no soy una extraña, soy tan humana como tú" se leía en algunos carteles mientras los organizadores coreaban consignas contra la sentencia.

La presencia masiva de indocumentados haitianos es causa frecuente de fricciones entre ambas naciones que comparten la isla Hispaniola, en el centro del Caribe.

Según una encuesta difundida en mayo, cerca de medio millón de personas provenientes de Haití viven en República Dominicana, la mayor comunidad extranjera residente en este país, mientras otros 244 mil son dominicanos de ascendencia haitiana.

La Cancillería haitiana convocó el miércoles al embajador de República Dominicana en ese país, a quien le expresó su "desacuerdo y preocupación" por la sentencia del Tribunal Constitucional.