Pese a la controversia y los palos colocados a las ruedas de la propuesta, el gobierno colombiano se ha mantenido firme en su decisión de vender el 57,6% de las acciones que posee en Isagen, la tercera generadora eléctrica del país después de Empresas Públicas de Medellín, EPM, y Engenheiros Especializados, Emgesa.

Un día antes que finalizara el mes de julio, y tras la aprobación del Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, anunció la enajenación de 1.571.000 acciones ordinarias que tiene la nación en la compañía creada en 1995 y vinculada al ministerio de Energía y Minas. 

Cárdenas aseguró que la de Isagen es una de las pocas acciones que se han valorizado este año en la bolsa y que, por ello, considera que es un buen momento para vender. “En el futuro Isagen va a tener un desafío enorme. Colombia es un país llamado a hacer exportación de energía una vez creada la interconexión a Centroamérica. Entonces seguramente tendrá Isagen muchas inversiones que hacer. Lo apropiado es que las haga el sector privado”, aseveró.

Arde Troya. Históricamente las privatizaciones han despertado tres tipos de oposición: una oposición política (a la izquierda o a la derecha del gobierno que las adopta); una oposición técnico-financiera contra la liviandad de algunos modelos de traspaso, y la desconfianza natural de los afectados más directos (trabajadores, sindicatos, etc.).

Muchos no se explican por qué el gobierno venderá una empresa que en 2012 dejó utilidades por más de US$180 millones. Uno de ellos es el ex ministro de Hacienda, Iván Zuluaga. “Colombia tiene una sólida proyección fiscal y las proyecciones de deuda son inmejorables, por lo que no se justifica la venta”, explica el hoy pre candidato presidencial.

Para el congresista del Polo Democrático Alternativo (izquierda) Jorge Robledo, “no la venden por mala, sino por buena. Se trata de una empresa completamente rentable y con un alto potencial de valorización”.

El tema de las inversiones futuras tampoco los convence. Zuluaga afirma que hace tres años el gobierno anunció un plan de infraestructura de US$21.000 millones, ya financiado y que apenas está en proceso de licitación. “Entonces, si ya está financiado ese plan, para qué vender un activo si no se han iniciado aún las primeras obras”, se pregunta. Para él -como para otros analistas- la verdadera razón de la venta de Isagen es que al gobierno le cambió el panorama fiscal. 

Simón Gaviria, jefe del Partido Liberal -perteneciente a la coalición del gobierno- también cree que la venta se debe a un faltante en el recaudo y recordó que “Colombia tiene una energía muy costosa y esta empresa ayudaría a mejorar la infraestructura y la oferta para abaratarla”.

El precio también causa controversia. El ministro Cárdenas puntualizó que en la primera fase de venta -para empleados de la firma, pensionados y entidades de economía solidaria- tendrá un precio de 2.850 pesos (US$1,5), cifra que se espera elevar en la puja de la segunda fase. Esto augura un valor mínimo de US$2.400 millones. “Recursos son indispensables para que el país dé un gran salto en materia de infraestructura”, aseguró.

El congresista Robledo explica que el precio base de venta de la acción no refleja la realidad de la empresa y que terminará vendiéndose por debajo de su valor real. Asegura que un reporte del Grupo Bancolombia muestra que la cotización actual del título está muy lejos de su verdadero valor, $3.070 pesos, el cual podría incrementarse a $3.745 al cierre de 2013, es decir, casi $1.000 pesos por encima del precio base de la acción propuesto por el gobierno.

Diego Otero, rector de la Universidad Uniciencias en Bucaramanga, escribe en el portal Razón Pública las razones por las que Isagen debe permanecer bajo el control público: “Porque permite controlar los precios en un sector oligopólico, porque permite atender emergencias, porque permite invertir en proyectos regionales con un sentido de desarrollo que no tiene la empresa privada”. 

A los congresistas y académicos hostiles se ha sumado la oposición sindical. Los trabajadores agrupados en Sintraisagen presentaron una acción judicial (tutelas, como se les conoce en Colombia) ante el Contencioso Administrativo de Antioquia, basándose en la violación de algunos artículos de la Constitución colombiana.

En este mismo sentido van las acciones de la llamada Red por la Justicia Tributaria en Colombia, la que respaldó la creación de un Comité por la Defensa de Isagen, integrado por ex funcionarios de Estado, dirigentes políticos y sindicales, y presentó también sus propias acciones legales. Sus dirigentes advierten a los eventuales compradores de acciones de Isagen que si una de las acciones interpuestas progresa y se declara la venta ilegal, tendrán que devolver las acciones.

Ya más oportunista parece la oposición del ex presidente Álvaro Uribe -mentor de Juan Manuel Santos y hoy su principal enemigo político- quien presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El mismo que privatizó varias empresas públicas durante su mandato alega que con la venta de la generadora de energía “se está violando el derecho al patrimonio público, la moralidad administrativa y la seguridad y salubridad pública, entre otros”.

Muchos compradores. Los interesados en quedarse con Isagen no parecen preocupados por este coro de críticas. Y dos de ellos son además empresas públicas. Una es EEB, la Empresa de Energía de Bogotá, que actualmente tiene el 2,5% de las acciones. La otra, EPM, Empresas Públicas de Medellín, que tiene el 12,95%. Si una de las dos se queda con una porción mayoritaria de Isagen no se estaría en presencia de una privatización propiamente tal, sino de un traspaso de manos al interior del Estado colombiano.

Esto a menos que el ganador de la partida sea el Grupo Argos, de Medellín, que también prepara su estrategia de compra. Argos no sólo aspira a comprarle al gobierno, sino también a 20% de accionistas minoritarios que quieran vender. Ya tiene el 50,18% en Celsia y el 62,53% de la Empresa de Energía del Pacífico (que, a su vez, es dueña del 86,91% en la Compañía de Electricidad de Tuluá en los negocios de distribución y generación de energía), por lo que la compra de Isagen lo dejaría como tercer operador del sistema. “Tenemos que hacer una propuesta muy atractiva al gobierno”, declaró su CEO, el ingeniero José Alberto Vélez: es uno de los reyes del cemento en Colombia, y fue además concejal por Medellín y asistente del gobernador de Antioquia en nombre del Nuevo Liberalismo.