La imagen dio la vuelta al mundo: cientos de manifestantes, en un dramático contraste con las formas arquitectónicas de Oscar Niemayer, se habían subido a los techos del edificio del Congreso Nacional en Brasília. Allí bailaron y levantaron pancartas contra la corrupción y las rebuscadas jugadas que ocurren en el interior del edificio.

La respuesta no se hizo esperar: los parlamentarios multiplicaron los gestos hacia la ciudadanía. Rechazaron una propuesta que reducía las potestades investigativas del ministerio público, archivaron el polémico proyecto de la “cura gay”, aprobaron la ley que tipifica la corrupción como crimen gravísimo, y quitaron una asignación de US$21 millones para servicios de telecomunicaciones de la FIFA. Pero pese a esta “agenda positiva”, la reprobación ciudadana al Legislativo aumentó de 33% a 42%, según una encuesta de Datafolha, contra apenas 13% de aprobación. 

Curiosamente, la misma encuesta muestra que la aprobación a la gestión de la presidenta Dilma Rousseff es casi el triple, pese al impacto negativo de las protestas. 

El problema es que ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, tienen culpas compartidas y el gasto público es uno de los ejemplos: el presupuesto federal viene siendo aprobado sin análisis por el Congreso desde hace por lo menos doce años. A pesar de sus atribuciones, los parlamentarios son proclives a los acuerdos de pasillo e ignoran los errores detectados año tras año por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU por sus siglas en portugués). 

En 2012 el TCU detectó 22 errores, incluyendo números maquillados e inconsistencias contables por US$78.000 millones. Hay, por ejemplo, una diferencia de US$850 millones sólo en la valorización de activos de fundaciones y organismos autónomos. 

A cambio de esta mano blanda, los parlamentarios pasan la cuenta: son las llamadas “enmiendas presupuestarias” que presentan para destinar recursos a sus distritos. El año pasado sumaron US$4.850 millones, pero su ejecución no es obligatoria y el gobierno suele liberar los recursos con cuentagotas.

Baile de millones. En abril pasado las cuentas públicas arrojaron un resultado nominal negativo de US$65.000 millones en doce meses. Con estos números ni toda la buena voluntad del gobierno y de los parlamentarios podrá responder a las demandas ciudadanas por mejores servicios públicos. Al menos en el corto plazo.

El escenario se pone aún más oscuro al analizar los gastos administrativos. Para mantener operativa la máquina estatal, el gobierno federal gastó US$550.000 millones en 2012 en viajes, cuentas de teléfono, alimentación y gastos corrientes de los 39 ministerios y sus respectivas agencias. “Es la rúbrica más elástica del presupuesto y, por lo tanto, la que termina sufriendo más presiones políticas y descontrol”, señala Felipe Satpo, analista macroeconómico de la consultora Tendencias

Los gastos administrativos representaron el 59% del gasto total en 2012 y aumentaron en US$49.000 millones respecto del año anterior. Una realidad que va en el sentido contrario al discurso oficialista, que repitió insistentemente la idea de un congelamiento de los gastos en 2013 para garantizar el control de la inflación y la estabilidad económica. Poco antes de las protestas, la ministra de Planificación, Miriam Belchior, concurrió al Congreso para anunciar el congelamiento de US$14.000 millones en gastos previstos para este año. Según ella, varias mociones parlamentarias y partidas de gastos administrativos entrarían en el congelador, quedando afuera sólo los programas de inversión.

“La idea es preservar los programas principales, como el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y el Mi Casa mi Vida, reduciendo otras partidas”, explica Belchior, evitando entrar en la discusión sobre los gastos corrientes.

Aparte de rígido, el fisco enfrenta otro problema administrativo que no se vincula necesariamente con la corrupción: la subejecución de las partidas. El ministerio de Salud, por ejemplo, sólo utilizó el 60% de los US$36.500 millones que le fueron asignados en 2012 para mejorar el Sistema Único (SUS). Algunos analistas lo atribuyen a la falta de una planificación adecuada. Pese a esto, la cartera (dirigida por Guilherme Padilha, uno de los nombres fuertes del oficialismo) consiguió el pedazo mayor de la torta presupuestaria de este año, US$39.700 millones. 

Para completar el cuadro están los contratos tercerizados. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas a honorarios trabajan en los ministerios y agencias reguladoras. Hay estimaciones que hablan de unas 200.000. Para mantener esta verdadera planilla paralela, las arcas públicas giraron unos US$2.150 millones al año a las empresas intermediadoras de contratos.

La situación viola las orientaciones del ministerio Púbico del Trabajo, que señaló que el gobierno federal no puede colocar tercerizados en cargos de dirección, limitándolos a tareas de limpieza y mantenimiento. “Es una forma que encontraron para burlar la ley, atender los pedidos de los políticos para distribuir cargos y además y superar el techo salarial de los funcionarios”, afirma el diputado federal Antonio Reguffe, del oficialista Partido Democrático Trabalhista (centroizquierda).

Hágame este favor. José Jorge, ministro relator de cuentas del gobierno en el TCU, afirma que aún no se ha corregido ni la mitad de los errores señalados por el organismo en el informe presupuestario de 2012. “El TCU detecta las inconsistencias y se lo entrega al que debe aprobar o rechazar las cuentas del Ejecutivo, que es el Congreso”, puntualiza.

Conscientes de que las cuentas del gobierno van a contramano de lo que desea la sociedad, sólo cuatro diputados federales comenzaron a analizar oficialmente el informe de los ministerios sobre el gasto público. 

¿Qué viene ahora? La discusión de las “enmiendas” presupuestarias. En el contexto actual, estas modificaciones discrecionales, que reflejan el poder negociador de cada parlamentario, ya no gozan de legitimidad. Tras una tensa negociación entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas, se acordó regularlas. A partir de ahora el Ejecutivo deberá ejecutar enmiendas por un total equivalente al 1% de sus ingresos líquidos del año precedente. Y para sintonizar con el sentimiento popular de hoy, se estableció que el 30% de este gasto adicional se destinará a mejorar la infraestructura de salud. Suena muy bien, pero ¿se gastará bien?.