El pasado 26 de septiembre el presidente Sebastián Piñera anunciaba el cierre del penal Cordillera, recinto que hasta entonces albergaba a sentenciados por violaciones a los derechos humanos. La medida, que no estuvo exenta de polémica, despertó las suspicacias por parte del mundo político quienes vieron en la acción claras intenciones por parte de actual mandatario de respostularse al sillón de O´Higgins en las elecciones presidenciales del año 2017.

Esto quedó de manifiesto tras darse a conocer los resultados de la encuesta UCEN – Imaginacción– radio Cooperativa donde un 57,4% de los consultados expresó que la decisión de Piñera apunta a cimentar su plataforma y adhesión con miras a postular a su posible reelección. En tanto el 38,8% afirmó que la decisión del ejecutivo obedeció a convicciones democráticas. A su vez un 75,4% se mostró favorable a la medida, en tanto un 19,9% expresó lo contrario.

El estudio además se ocupó en constatar la percepción de las familias chilenas sobre si los militares condenados por violación a los derechos humanos debieran mantener los rangos y garantías que tienen los otros oficiales en retiro o se les debieran quitar dichos rangos y garantías.

Al respecto un 86,6% se manifestó favorable a eliminar los rangos, mientras que sólo un 12% considera que debieran mantener tanto sus jerarquías como beneficios.

Además, y sobre el mismo tema, un 75,4% dijo que los internos debieran estar en una cárcel pública y no en el recinto carcelario de Punta Peuco, mientras un 23,4% consideró que debieran estar en un recinto separado.

El sondeo, que fue realizado entre el 5 y 6 de septiembre, fue aplicado en forma telefónica contemplando una muestra de 418 casos a nivel nacional.

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