San Juan. Los maestros de Puerto Rico se declaran en pie de guerra ante la intención del gobierno de la isla de revisar el sistema de pensiones de ese colectivo y tratar de evitar así una rebaja de su calificación crediticia, señaló este miércoles una dirigente sindical.

"Las reformas de las que se ha hablado dejarían las pensiones en una cantidad mensual de entre US$800 y US$900 mensuales", criticó este miércoles la presidenta del sindicato mayoritario Federación de Maestros, María Elena Lara.

Añadió que de aprobarse los cambios que se temen las pensiones de los maestros se podrían ver reducidas hasta en 50%, lo que supondrá en mucho casos dejar a estos profesionales retirados en la "indigencia".

El colectivo teme que la reforma suponga que las futuras pensiones se financien en su totalidad por medio de los salarios de los maestros en activo, al desaparecer la aportación estatal.

Tales preocupaciones surgen después de que la agencia de calificación Moody's aconsejara revisar el sistema de pensiones de los maestros, tal y como ya se hizo con el general, como vía para sanear las cuentas de Puerto Rico y evitar una posible revisión a la baja de su calificación crediticia, que ya que se encuentra a tan sólo un paso del grado especulativo ("bonos basura").

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, que en los últimos días se ha reunido con responsables de Moody's y de otros agentes de Wall Street para tratar de contener la caída del precio de la deuda de la isla en los mercados, ya ha anunciado su intención de revisar ese sistema de pensiones.

Con ese propósito, se espera la presentación de un proyecto de ley en los próximos días para su debate legislativo.

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, también denunció este miércoles que será muy complicado que el citado sistema pueda mantenerse sólo con las aportaciones de los profesionales en activo.

En el último año fiscal, cerrado en junio, el sistema contaba con 43.402 maestros activos y 35.361 jubilados, según datos sindicales, después de que en los últimos seis años se hayan eliminado 7.000 plazas docentes.

Sin embargo, y siempre según el sindicato, la situación financiera del Sistema de Retiro para Maestros no entraña la gravedad que alega el gobierno, ya que el último ejercicio fiscal se cerró con un superávit de US$164 millones.

Ante la preocupación de los docentes, que este miércoles convocaron a una protesta en las calles de San Juan, la Comisión de Educación del Senado se reunió con líderes del sector en busca de soluciones, al tiempo que el opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó un proyecto de ley para que los maestros puedan acogerse al seguro social que cubre a todos los cotizantes de empresas públicas.

El gobernador García Padilla se comprometió a reunirse con los maestros en los próximos días para debatir sobre las distintas alternativas, entre las que también podría haber un aumento en la edad de retiro desde los 55 actuales hasta los 65 años, así como un incremento de las aportaciones al plan de jubilación.