México. El Parlamento mexicano analizará en los próximos días un proyecto de reforma fiscal que ha puesto a prueba la habilidad de equilibrista del presidente Enrique Peña Nieto para contentar a todos, algo muy difícil cuando se habla de impuestos.

La iniciativa, uno de los pilares de las reformas económicas que ha emprendido Peña Nieto desde que llegó al poder, el 1 de diciembre de 2012, fue presentada el pasado 8 de septiembre, y desde entonces ha generado una fuerte polémica entre todos los sectores.

"Hacer cambios fiscales jamás ha sido popular, puesto que siempre se afecta a algún sector que desea que sean otros los que tengan que sacrificarse por un país mejor", sostuvo este miércoles el columnista David Páramo.

El Parlamento debe decidir, primero en diputados y luego en senadores, una serie de reformas de fondo en la iniciativa, como una pensión universal o un seguro de desempleo, pero también correcciones en conceptos tributarios diversos.

Parte del trabajo legislativo ha quedado adelantado, gracias a un acuerdo, en principio, entre el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Dirigentes de ambas fuerzas políticas anticiparon en las últimas horas que alcanzaron una serie de acuerdos clave que implican modificaciones a la iniciativa del gobierno, lo que puede allanar el camino a una reforma que necesariamente requiere de cambios institucionales.

Pero de ese consenso ha quedado excluido el conservador Partido Acción Nacional (PAN), el segundo grupo parlamentario.

"Estaríamos en condiciones de arribar a un acuerdo muy pronto", aseguró este miércoles el coordinador de diputados del PRD, Silvano Aureoles, en declaraciones a la emisora local MVS.

"El punto de partida es que paguen más los que más tienen", insistió.

Entre estos últimos, los empresarios han venido conversando con el gobierno para revisar algunos de los puntos de la reforma, convencidos de que lesionan a la clase media, aunque afectan también los beneficios bursátiles de los inversionistas.

Según el dirigente empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani, las propuestas de la iniciativa privada han sido canalizadas en las mesas de análisis previas que se han creado, pero la palabra final la tendrán los legisladores cuando aprueben la iniciativa.

La izquierda ha visto esos aportes como una interferencia política y ha pedido al gobierno que se mantenga firme en unas posiciones que, cuando fueron anunciadas, coincidían con sus demandas, como elevar el impuesto sobre la renta a los más ricos.

Con votos o no del PAN, el PRI cree que la reforma fiscal podrá ser aprobada en el Parlamento. Como dijo este miércoles el presidente de ese partido, César Camacho, "es una mezcla de mucha política y algo de aritmética".

Analistas mexicanos coinciden en que, con este proyecto, el PRI recupera posiciones de centro izquierda que mantuvo cuando acaparó el poder durante siete décadas, hasta el 2000, pero también creen que ese guiño a la izquierda no es gratuito.

Y es que Peña Nieto no sólo depende del Parlamento para aprobar su iniciativa fiscal, sino que también debe conseguir los votos para una reforma energética que abre al capital privado ciertas actividades del sector petrolero, hasta ahora monopolio del Estado.

Sin embargo, en este tema la izquierda no cede, porque quiere que el Estado siga teniendo el papel rector exclusivo en el sector de hidrocarburos, por lo que al PRI le tocará recurrir al PAN para conseguir los votos necesarios para impulsar la reforma energética.