El gobierno del estado de San Pablo, el más rico y poblado de Brasil, anunció la creación de una "fuerza conjunta" para combatir el crimen organizado, haciendo hincapié en la banda criminal denominada Primer Comando de la Capital (PCC).

El PCC actúa desde las cárceles, tiene contactos con narcotraficantes de Bolivia y Paraguay y planeaba eliminar al gobernador Geraldo Alckmin.

El anuncio fue difundido por el propio Alckmin después de una reunión de emergencia con los secretarios de Seguridad Pública, Fernando Grella, y de Administración Penitenciaria, Lourival Gomes, además de los comandantes de la Policías Civil y Militar.

La reunión fue convocada después de divulgarse la semana pasada, en el diario O Estado de San Pablo, una investigación del Ministerio Público regional que revela que el PCC planeaba además rescatar prisioneros, atentar contra la vida de autoridades de policía y participar en actividades políticas.

La "Fuerza Tarea", como llamó Alckmin al grupo especial que será creado, tendrá el objetivo de obtener informaciones de inteligencia para facilitar el combate al crimen organizado.

Un equipo especial de la Contraloría de la Policía investigará la participación de agentes dentro de las acciones criminales del PCC, que derivaron en la separación de 100 policías en lo que va de este año.

Las autoridades pretenden trasladar a los presos de la cúpula del PCC, encabezados por Marco Willians Herbas Camacho, "Marcola", como sugirió el Ministerio Público.

El organismo denunció a 175 personas, la mayoría ya presos, que comandan el grupo desde el interior de las cárceles paulistas, según reportó la agencia EFE.

"El Gobierno regional apoya el traslado. Nosotros no hicimos las penitenciarias para líderes de grupos criminales", remarcó Alckmin.

En total, existen 33 pedidos para que presos sean trasladados para el Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD), una especie de aislamiento preventivo en las cárceles de máxima seguridad.

Otra de las medidas anunciadas por Alckmin será la de abrir una licitación para la instalación de bloqueadores de las señales de telefonía móvil dentro de 23 presidios del estado, donde el 90 por ciento de las cárceles, según el Ministerio Público, son controlados por el PCC.

Recientes grabaciones de escuchas telefónicas del Ministerio Público revelaron que el PCC tiene contactos con narcotraficantes de Bolivia y Paraguay, con los que negociaba a través de miembros del grupo instalados en ciudades fronterizas.