Quito. La Embajada del Ecuador en Estados Unidos aplaudió la decisión tomada el miércoles por el juez de Nueva York, James C. Francis, que encontró como infundadas las afirmaciones de Chevron en el sentido de que correos electrónicos confidenciales revelaron delitos cometidos por el gobierno del país sudamericano en el caso de contaminación en la selva amazónica por US$19 mil millones.

Este último intento de Chevron es parte de un fuerte cabildeo y una campaña de relaciones públicas para obstaculizar el proceso judicial y distraer la atención de la incapacidad de la empresa para asumir su responsabilidad en la destrucción de la salud y el hábitat de pueblos indígenas empobrecidos de la Amazonía ecuatoriana, señala un comunicado de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos.

“Nos complace constatar que los tribunales de Estados Unidos e internacionales concuerdan que, durante décadas, Chevron ha utilizado todo tipo de trucos para distraer la atención del verdadero problema que son los enormes daños ambientales que causaron, esto fue demostrado en un tribunal de su elección, y ahora se niegan a asumir la responsabilidad legal o moral correspondiente”, manifestó la embajadora de Ecuador en Washington, Nathalie Cely.

“Chevron aparentemente cree que al decir algo con la suficiente fuerza y al repetirlo constantemente, de alguna manera se convierte en realidad. Afortunadamente, la ley no funciona de esa manera. Ecuador es un defensor de la justicia ambiental y social, y no se quedará en silencio al observar como una poderosa empresa transnacional denigra nuestra reputación con aparente impunidad", añadió la embajadora.

El fallo del tribunal de Nueva York fue el último de una serie de decisiones internacionales que están exponiendo la campaña de trucos maliciosos de Chevron para evitar una sentencia de US$19 mil millones en favor de indígenas que viven en la región de Lago Agrio de la selva amazónica de Ecuador, sostiene la embajadadora ecuatoriana.

Y expone que el análisis del agua y terreno realizado por la propia compañía Chevron en el lugar demuestra niveles tóxicos muy por encima de los estándares internacionales aceptables.

Chevron alegó falsamente la semana pasada que correos electrónicos no presentados y enviados de manera anónima a Maggie Petito, -una crítica estadounidense de Ecuador, a cuya fundación le fue revocado su status en 2006-, proporcionaron pruebas de la promoción del fraude y de actividad ilegal por parte del gobierno de Ecuador.

“Chevron ha elegido gastar muchos millones de dólares en abogados y empresas de relaciones públicas, y ha mostrado su voluntad de decir cualquier cosa para deshacerse de su responsabilidad moral y legal, ordenada judicialmente, por contaminación de la Amazonía. Esto incluye acusar falsamente al gobierno del Ecuador, a nuestro sistema judicial, a los peritos, a los testigos y a todos los que no están de su lado y hacer acusaciones infundadas contra sus defensores”, subrayó Cely.

“La última vez que Chevron presentó evidencia de presuntos “Buenos Samaritanos”, se demostró que se trataba de un traficante de drogas condenado y otro estaba en el rol de pagos de Chevron”, declaró.

Durante décadas, Chevron promocionó el sistema judicial de Ecuador, y abogó para que el caso ambiental fuera tratado por tribunales ecuatorianos. De hecho, Chevron ha ganado muchos casos legales en Ecuador, y fue sólo cuando trasladaron exitosamente el caso de Nueva York a Ecuador que comenzaron a gastar millones de dólares en denigrar nuestro ordenamiento jurídico. Esta es una controversia judicial privada entre indígenas de escasos recursos de la Amazonia y el poderoso Chevron.

La única participación del gobierno en esta materia es y ha sido siempre asegurarse de que los derechos legales de las partes sean respetados y que reciban un trato equitativo por parte del sistema de justicia. El gobierno, en todo momento, ha fomentado el respeto a la ley y el respeto a las decisiones judiciales debidamente establecidas. El gobierno no es y nunca ha sido parte en este litigio.

La decisión de este miércoles de la Corte de Nueva York dictaminó: “Como una cuestión de aclaración, con respecto a los documentos de los que se confirmó el privilegio de abogado-cliente, encuentro que ninguno de esos documentos eran “en cumplimiento” de cualquier delito o fraude, tanto delitos de fraude identificados previamente por el juez Kaplan, como los que Chevron ha alegado recientemente. De conformidad con la Regla 502 (d) de las Reglas Federales de Evidencia, la divulgación de los documentos referidos en la orden de 13 de octubre no constituirá una renuncia de privilegios en ningún otro estado o proceso federal".