El gobierno boliviano confirmó el hallazgo de pruebas de presencia del narcotráfico en la zona donde hace ocho días un ataque a una fuerza antidrogas causó cuatro muertos y 29 heridos de bala.

“Se han encontrado cuatro fosas de maceración de cocaína” y “se confirma que lo sucedido” fue “algo planificado por personas vinculadas al narcotráfico”, afirmó el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, reportó la agencia de noticias DPA.

Por el hecho, sucedido cuando una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) efectuaba tareas de erradicación de cultivos ilegales de coca en Miraflores, localidad contigua a Apolo -a 450 kilómetros al norte de La Paz, cerca de la frontera con Perú-, un juez de instrucción ordenó ayer la prisión preventiva de ocho sospechosos.

“Por la forma de ejecución, para el ministerio Público es probable que quienes victimaron en Miraflores serían personas entrenadas por Sendero Luminoso”, expresó Leopoldo Ramos, quien encabeza la comisión de fiscales que investiga el caso, informó la agencia noticiosa estatal ABI.

Ya al día siguiente del ataque, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que las autoridades de Bolivia habían pedido información a sus colegas de Perú porque sospechaban que en el hecho habían intervenido narcotraficantes peruanos.

El lunes, Romero anunció que Bolivia había pedido a Perú el cierre de parte de la frontera común, y el miércoles, las autoridades de Lima afirmaron que estaban “trabajando conjunta y coordinadamente” con las de La Paz para esclarecer el caso.

También ayer, el juez instructor mixto de Apolo, Daniel Guarachi, ordenó la prisión preventiva de ocho sospechosos de haber asesinado “con saña” al subteniente del Ejército Oscar Gironda, el policía Jhonny Quispe, el suboficial de la Armada Jhonny Yujra y el médico Michael Olivares.

Los detenidos fueron identificados como Carmelo Enríquez, Percy Fernández, Guido y Hernán Vaguinta, Víctor Machaca, Cosme Coajara, Elizardo Fernández y Elizardo Cubo, quienes están imputados por asesinato, lesiones graves, lesiones gravísimas, asociación delictuosa, instigación y tenencia o portación de armas de fuego.

Los sospechosos fueron recluidos en la cárcel Patacamaya, en la provincia Aroma del departamento La Paz.

Tras pasar a cuarto intermedio la audiencia en que debían comparecer, el abogado que los representa, Carlos Pérez, afirmó que sus defendidos identificaron a al menos dos personas como posibles autores de las cuatro muertes y que ninguno de ellos es extranjero, publicó el diario paceño La Razón.

En la audiencia, que duró tres horas y media, los fiscales y los peritos de la policía científica exhibieron las pruebas colectadas en el lugar del ataque.

Aunque Pérez sólo suministró las iniciales de los nombres y los apellidos de los dos presuntos asesinos, el fiscal Ramos aseguró que “estas personas están identificadas y se trata de los bolivianos Juan Bascopé y Miguel Piluy, y algunos integrantes de las familias Chávez y Quelca, implicados en la actividad del narcotráfico”.

“Según testimonios de testigos de Miraflores, Juan Bascopé expresó: `Soy guerrillero, yo les he matado a los tres`”, sostuvo Ramos.

El fiscal reveló que entre las pruebas con que cuenta el Ministerio Público figuran “grabaciones de las emisiones de Radio Madidi donde los dirigentes convocan a la población a la resistencia armada para la defensa de la coca, que por supuesto es ilegal, destinada a las actividades ilícitas”.

Ramos señaló que esas grabaciones, registradas desde enero, son parte de la evidencia del ataque, que, a su juicio, es “una secuencia sistemática, de preparación, planificación y difusión de la resistencia violenta que prepararon grupos irregulares”.

Asimismo, ratificó una denuncia del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, quien el 8 de este mes advirtió sobre un grupo de encapuchados que atacó y robó a una ambulancia creyendo que pertenecía a la FTC.

El jefe de los fiscales indicó también que el 13 de este mes un grupo de personas realizó un plenario y aprobó una resolución advirtiendo al gobierno que los cocaleros estaban armados para resistir la erradicación de cultivos ilegales.

El ataque se produjo el sábado 19, cuando una patrulla de la FTC ingresó a Apolo y, según el gobierno, fue víctima de una “emboscada” de campesinos locales y narcotraficantes “extranjeros” que les dispararon.

Gironda falleció en el acto y Quispe al día siguiente, tras haber estado internado a causa de las heridas recibidas, en tanto Yujra y Olivares fueron hallados sin vida el lunes, luego de haber sido reportados como desaparecidos.