Cuando la nativa indígena Ynaiá, que murió de amor por un marinero de la flota portuguesa de Gonçalo Coelho, fue enterrada en la iglesia de Porto Seguro, no sólo Bahía, sino Brasil entero era un territorio más igualitario que hoy. Medio milenio y casi diez años pasaron desde entonces para que prosperidad, estabilidad e igualdad volvieran a considerarse tan necesarias como inseparables.

Al menos así lo vivencian Sibele y Odair dos Santos. Al igual que Ynaiá, viven en Porto Seguro. Juntos ganan R$1.300 (US$590) y su calidad de vida despegó fuerte en la última década, gracias a la combinación de sus esfuerzos, el alza del salario mínimo y de la ayuda de programas gubernamentales como Minha Casa, Minha Vida, el cual permite la adquisición de un hogar propio pagando mensualidades bajas.

En ese período, Sibele, de 32 años, pudo pasar de trabajar en una panadería a tener un contrato como asistente en una escuela para niños, mientras también estudia pedagogía en la universidad. No es un caso excepcional. “Veo que, así como nosotros, muchas personas hoy en día tienen una mejor vida”, dice. “Creo que es una tendencia, porque hay más crédito, más facilidades, más ingresos, beneficios mayores y, por lo tanto, más acceso al consumo”, se alegra.

Y es cierto. En Brasil, los hogares con una renta media per cápita de sus integrantes inferior a los US$2,5 diarios, cayeron del 24,1% en 1995 a 10,2% en 2011. Más notable todavía es que en 2004 eran el 24,4%. La misma situación se repite en casi toda América Latina. “Lo que indican los estudios más recientes es que ha habido una disminución importante de la desigualdad en casi todos los países en los últimos diez años”, confirma César Bouillón, economista principal del equipo de investigación del BID. Debido a ello, agrega, la región como un todo ya no tiene el título vergonzoso de ser la más desigual del mundo. Ahora, “los países de Latinoamérica son los segundos más desiguales, luego de un grupo de África”. Parece poco, pero no lo es: “Si en los 80 la mitad de los latinoamericanos eran pobres. Ahora sólo 3 de cada 10 los son. Más de 100 millones de personas han salido de la situación de pobreza”, agrega.

Democracia de verdad

Por supuesto, menos pobreza no significa automáticamente más igualdad. En Latinoamérica ahora sí. “Otras economías grandes en desarrollo, como China e India, han visto aumentar su desigualdad”, aclara el economista, lo cual hace mayor la virtud de la disminución de ambas en nuestra región. Aquí, “los esfuerzos en reducción de la desigualdad reducen la pobreza y contribuyen a la formación de las nuevas clases medias”, remarca Eduardo Ortiz-Juárez, economista del PNUD Nueva York. De hecho, “en América Latina la clase media aumentó en la última década de 21,9 % a 31,3%. La reducción de la desigualdad fue responsable del 23% de ese aumento”.

Pero ¿por qué esta se produce en los últimos años y no antes? La respuesta convencional es que se trataría de un efecto automático del crecimiento económico enlazado al boom de las commodities. No es así. La receta es otra y puede resumirse en dos palabras: Democracia real. “La democracia ha echado raíces y ─a pesar de sus deficiencias─ ha permitido a los partidos comprometidos con la igualdad y la solidaridad crecer, participar en el poder político y poner en marcha políticas en una dirección redistributiva”, diagnostica Evelyne Huber, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina del Norte. En su libro "Democracia y la Izquierda, política social y desigualdad en Latinoamérica", que estudia la realidad de 18 naciones de la región, confirma la hipótesis de que se tarda un promedio de dos décadas para que, luego de instaurada una democracia legítima, la desigualdad comience a caer de forma significativa. Ocurre de esa forma “porque toma tiempo, para las organizaciones que representan los intereses de aquellos sin muchos recursos materiales, crecer y consolidarse”, explica. También porque “en algunos países, enclaves autoritarios persisten después de la democratización y tienen que ser superados primero” antes de impulsar políticas redistributivas. Un caso, cita, es Chile. “Hasta las reformas constitucionales del final del gobierno de (Ricardo) Lagos, Chile tenía senadores designados que sobre representaban a la derecha”. Como resultado, “el gobierno estaba limitado en sus opciones políticas. Ejemplo de ello es el fracaso de Lagos para obtener que el fondo de compensación entre los sistemas públicos y privados de atención médica fuera aceptado”.

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Que el lugar donde se define si las desigualdades de origen en nuestra región se modificarán o se perpetuarán es el sistema político, es algo en lo que coincide Celia Lessa Kerstenetzky, coordinadora del Centro de Estudios sobre Desigualdad y Desarrollo (Cedes), de la Universidad Federal Fluminense (UFF), en Brasil, quien reconoce que “la desigualdad económica hace su camino por dentro del sistema político”. Es una verdad universal, aclara, que “dinero e influencia pesan mucho en política, sobre todo en países muy desiguales”. Hablando de Brasil, pero en lo que puede aplicarse a naciones como Colombia, Paraguay y muchas centroamericanas, Kerstenetzky explica que “es bastante intuitivo comprender la dificultad en hacer una reforma agraria decente en un país donde el grado de concentración de la tierra es de los mayores del mundo: los intereses de los propietarios y los canales políticos e ideológicos a los cuales tienen acceso privilegiado, y por medio de los cuales sus intereses son vocalizados, se interponen en el camino”.

Justamente, un sistema agrario que mantiene una estructura decimonónica es parte de la tragedia de Colombia, que vive una guerra civil de medio siglo. “La desigualdad en Colombia es persistente porque hay una historia de vieja data que tiene que ver con la forma de distribución de la tierra”, dice Fabián Sanabria, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En el país, el 3,6% de los dueños posee tiene el 30% de los campos (y el 13% el 77% de las tierras), pero el 70% de los alimentos que consume el país lo producen los “pequeños campesinos”. Se dedican 39,2 millones de hectáreas a la ganadería, pero únicamente 21 millones son aptas para ello. Para colmo, casi 7 millones de hectáreas cambiaron de manos por medio de actos violentos en los últimos 20 años. El resultado es una agricultura y agroindustria detenidas en el tiempo y un aumento de la desigualdad rural que impacta: el 60% de los habitantes de zonas rurales no tiene agua y el 85% tampoco dispone de servicios higiénicos.

¿Hay que desesperarse? No, la solución es política. Se necesita una democracia todavía más afinada, afirma Huber. Una que permita la supervivencia y crecimiento de partidos que representen a los partidarios de una disminución vigorosa de la desigualdad. Pero ¿cómo hacerlo? Algo que aparece tan alejado de la vida cotidiana de las personas comunes resulta esencial: "El apoyo público de las campañas electorales tiene que ir acompañado de normas que pongan límites al financiamiento privado de las campañas y por el estricto cumplimiento de estas normas con el fin de nivelar el campo de juego para los partidos que representan los intereses de los más desfavorecidos". Eso también implica que la identidad de los donantes sea pública. Ahora ¿podemos extender esta lógica a financiación de los partidos? “Sí, ciertamente podemos”.

Círculo virtuoso

Un juego político más transparente aparece, entonces, como condición central para que se sostenga un círculo virtuoso que Latinoamérica, por primera vez en su historia, está en condiciones de poner el marcha: un sistema de instituciones democráticas promueven mayor igualdad, la mayor igualdad logra una mejora vigorosa del capital humano y éste, a su vez, permite un desarrollo económico de alta productividad que, entonces, financia el paso de un “universalismo básico” -como el actual, que intenta asegurar servicios de educación, salud y pensiones, limitados en calidad, sólo a los más pobres- a un “universalismo clásico”, donde todos los ciudadanos pueden aplicar a los mismos, en una versión de alta calidad. Ello en un contexto de tasas de interés bajas, tipo de cambio competitivo y una política fiscal conservadora que contiene la inflación.

¿Se ha llevado a cabo alguna vez un proceso de este tipo de manera exitosa? “Sí, contesta Huber, ese fue el modelo macroeconómico de Noruega y Suecia durante la Edad de Oro del capitalismo de postguerra”. Aun así, estamos en el siglo XXI y tales políticas deben reinventarse. Por un problema de magnitud. México tiene 118 millones de habitantes y Brasil 200 millones. Países “pequeños” como Colombia y Perú, tienen 46 y 30,5 millones, respectivamente. Incluso el espacialmente modesto Guatemala es habitado por más de 15 millones contra los 9,5 millones de Suecia. Cantidad hace a calidad. De hecho, programas de transferencias directas y focalizados como Bolsa Familia, Renta Dignidad y Bono Juancito Pinto deben mirarse bajo otra luz cuando sabemos que se aplican en naciones en las que la “focalización” puede incluir entre el 40% a 70% de la población, si se considera a los pobres o vulnerables a la pobreza.

En tal contexto, esta primera oleada de descenso de la desigualdad en la región se sostiene en los efectos de estos programas inmensos en volumen, junto con políticas de aumentos en los salarios mínimos. “En México se ha reducido la desigualdad alrededor 1% por año. Es la sexta economía con el mayor descenso en la última década, motivada principalmente  por el programa de transferencias públicas como Oportunidades”, dice Ortiz-Juárez. Y agrega que el programa “es el responsable del 18% de la caída de la desigualdad”. Es importante también “el efecto en el mercado laboral, los cambios en los salarios por hora; en particular, el crecimiento salarial entre trabajadores ubicados en la parte baja de la distribución. Eso explica en 50% de la reducción de la desigualdad”.

Educación top masiva

Sin ser hiperbólico, la tarea que resta es inmensa. Como ha escrito Marcelo Côrtes Neri, presidente del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA (que depende Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Brasil): “La verdad es que (todavía hoy) la desigualdad en Brasil permanece entre las 15 mayores del mundo, y llevaría por lo menos 20 años al ritmo de crecimiento actual para alcanzar los niveles de los Estados Unidos, que no son una sociedad igualitaria”.

¿Cómo seguir? De partida, debe de haber un desplazamiento de ámbito. “No podemos seguir dependiendo de las fuerzas del milagro de las transferencias públicas progresivas”, predice Ortiz-Juárez. Es el turno de la educación. “Una de las cosas que ha incidido en que no haya más descenso en la reducción es que hay una diferencia entre lo que el mercado (productivo) necesita y lo que el Estado ofrece en términos educativos”, agrega. Sucede que “el Estado tiene un papel importante en el diseño y actualización de los programas de estudio acordes con las necesidades de cada país a corto y largo plazo”. Y eso es lo mínimo. Lo crucial es combinar extensión, calidad y costo. El caso citado de Sibele, en Porto Seguro, resulta indicativo. En ese municipio solamente el 47,32% de la población entre 15 y 17 años tiene sus estudios básicos (primarios y secundarios) completos. Y aun para ellos la oferta terciaria de la región es mínima. Para colmo, en caso en que esa oferta sea demandada, su costo de R$300 mensuales resulta alto (en el caso de la familia Dos Santos es el gasto individual más grande de la pareja, representa el 23% de su presupuesto total).

Pero aquí topamos con un problema para el cual no hay soluciones simples. Uno que afecta a naciones tan disímiles en su estructura productiva como Chile y México. En el caso de este último, “entre los factores que han inhibido la reducción de la desigualdad”, cuenta Alejandro Tuirán Gutiérrez, ex consultor del Banco Mundial e investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, “está la no generación de empleo de calidad”. México crea cerca de 300 mil de estos empleos en un año, “cuando la población activa económica se incrementa en más de un millón en el mismo período”. En Chile, como botón de muestra de esto, el sistema agroexportador exitoso no cuenta con una dotación mínima de genetistas que le permita mejorar su productividad. Como no los demanda, las universidades no los producen. ¿O es al revés? La pregunta puede aplicarse a casi todos los sectores de su economía.

Responsable de estos desajustes es la segregación en los sistemas educativos. Si bien ─en los casos de Argentina, Brasil, México y Perú─ parte de la caída reciente en la desigualdad provino (aparte de las mejoras antes descritas) del angostamiento de la brecha de ingresos entre los trabajadores con alta y baja calificación, producto de avances en la universalidad de la educación, lo que ocurre en Chile muestra los límites de este proceso. “En Chile, un estudiante que solamente asistió a una escuela municipal, tiene una oportunidad dramáticamente baja de obtener un puntaje lo suficientemente alto, en las pruebas de aptitud nacionales, para entrar en una de las ocho mejores universidades”, describe Huber. Es el efecto de la brecha existente entre los alumnos del 10% de la población de mayores ingresos y el resto.

Javiera Selman, investigadora asociada al Centre for New Development Thinking, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, explica cómo esta diferencia impulsa la supervivencia intergeneracional de la desigualdad. “En Chile no se permite seleccionar, pero los centros educativos lo hacen. Así, los colegios que seleccionan por ingreso tienen mejores niños, porque vienen de padres con mayores recursos familiares o de aprendizaje ellos mismos: hay más capital cultural en sus casas”. Todos elementos “que hacen que estos niños tengan más predisposición a aprender”.

Revolución impositiva

Un camino para revertir esta realidad es transformar el sistema educativo público en uno de clase mundial. En varios, aunque no todos (Argentina, Brasil y México son excepciones notorias) hay una barrera inesperada: muchos de los actores políticos están a los dos lados del mostrador de la educación. “En Colombia los políticos no sólo son accionistas de clubes de fútbol, sino de universidades de garaje”, expone al respecto Sanabria. El resultado es una proliferación de universidades, “pero muchas de ellas son estafas”. El problema no es que sean privadas, sino la organización del sistema que consiente la búsqueda de alta rentabilidad a costa de una formación deficiente, a veces, meramente cosmética, del capital humano. “Aún nos queda mucho por hacer para asegurar educación de calidad y educación oportuna para las demandas del mercado laboral peruano”, dice ─sobre el punto─ Carolina Trivelli Ávila, que fue Ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú hasta julio recién pasado. Quién reconoce que “la movilidad social en el Perú sigue fuertemente atada a la educación, pero a la educación de calidad”. Que no es un bien abundante y tampoco barato.

Y acá viene la parte dolorosa. La educación de calidad de acceso universal cuesta dinero. Mucho. Sólo un Estado bien organizado y una sociedad que valore esa universalidad pueden implementarlo. De partida, es necesario reformar los sistemas impositivos. Pocos lo necesitaban más que México. “Es el país con la menor recaudación en América Latina. Recoge el 11% del PIB, lo que no nos deja tener un sistema de protección social más comprensivo”, reseña Ortiz-Juárez. En su caso la reforma acaba de hacerse, pero, a su juicio, pese “a tener un carácter progresista, se quedó corta en términos del monto de la recaudación”. Aun en aquellos países en que tales montos son, proporcionalmente, mayores, su origen son impuestos al consumo (como el IVA) o a la exportaciones (como las retenciones argentinas). Lamentablemente la pata corta impositiva desequilibra la mesa junto a una pata larga: la informalidad. “Es cierto que la región tiene, en general, sistemas impositivos y de gasto que son regresivos”, reconoce Bouillón del BID; pero, matiza, en ello influye que también “tiene tasas de 50 a 60% de informalidad laboral, que son 50 a 60% de trabajadores que no pagan impuestos”. A su juicio, “hasta que esas personas no entren al sistema, aumentar el impuesto a la renta taxará más a los que ya pagan”, que ─de todas formas─ pagan impuestos al consumo.

Y este esquema es un escollo duro como un diamante para que haya más igualdad en la región. Enfrenta a las clases medias, tradicionales o nuevas, al siguiente dilema: ¿Usar servicios públicos de mala/regular calidad o pagar por los privados? Porque, si se aumenta su carga impositiva y quieren optar por los privados, tienen que elegir entre a) restringir su consumo y/o b) eludir. Por tanto, hará la diferencia entre el fracaso y el éxito en el siguiente paso en pro de una mayor igualdad, el que cada país logre mantener o hacer retornar a la clase media a la educación y salud públicas. “Esto es políticamente esencial”, advierte Huber, porque la participación de la clase media en ellos “no sólo reduce el rechazo a pagar impuestos para financiar servicios que no usan, sino que aprovecha las energías y contribución a la educación de los padres de clase media”. Lo que ocurre en Porto Seguro muestra la verdad del dilema. “Depender del SUS (Serviço Único de Saúde) es terrible”, dice Sibele, que no puede pagar por un seguro médico particular, pero querría hacerlo.

Selman estima que es necesario, igualmente, otro tipo de reformas impositivas para mejorar la igualdad: crear créditos tributarios. Esto es, tasas de impuestos negativas sobre los ingresos declarados de personas o familias. “Las ventajas de este tipo de mecanismo ─arguye─ son que reducen la pobreza al mismo tiempo que incentivan el trabajo, disminuyen el estigma asociado a participar en programas sociales, estimulan la formalidad de los trabajadores y tiene menores costos administrativos”.

En Lima, Trivelli pone el dedo en una llaga, en una faceta, de la desigualdad latinoamericana de la cual poco o nunca se habla: el elitismo como defecto que también golpea al sector empresario, y con ello, al país. “El sector empresarial es un actor clave para el desarrollo y por ello necesitamos también diversificar las características de las élites, hacerlas más diversas y más democráticas”, dice. Demasiadas veces, sectores empresarios dominantes coartan el desarrollo de las economías simplemente porque su renovación generacional está ligada a un único grupo socioeconómico, opina la ex ministra. Así, la diversificación “es condición para lograr el desarrollo de instituciones más inclusivas y con ello movernos a esquemas de desarrollo y no solo de crecimiento económico, pero sobre todo a esquemas sostenibles que permitan además reducir la pobreza y la desigualdad”.

Pero eso no es todo, más democracia, mejores impuestos y mejor educación universal deben unirse a un tercer vértice que los retroalimenta, si quieren sostenerse en el tiempo: Un modelo económico de apertura al comercio internacional que impulse “un aumento de los niveles del ingreso per cápita a través de modernización industrial y ascendiendo en el ciclo de producto a una mayor tecnología”, estima Huber. En ese marco, contra lo que dicen ciertos prejuicios de izquierda, un modelo social igualitario no necesita como requisito, un sector fuerte de empresas estatales (puede haberlo o no), pero ─novedad─ sí “algunas medidas de control del flujo de capitales que faciliten el manejo de la tasa de cambio y la tasa de interés”, para suavizar las crisis financieras globales.

Finalmente, Huber llama a considerar algo obvio, pero que ─habitualmente─ se sopesa poco: la política local e internacional ocurren en un marco de estructuras de poder “que pueden restringir la gama de opciones consideradas por los burócratas (políticos) que formulan las políticas económicas” que impactan en la desigualdad. En ello no es inocente la posición de un país o región dentro de la economía mundial o dentro de un bloque político multinacional. El ejemplo, explica, lo dan España y Portugal y los países del Cono Sur. “En 1970 las políticas sociales de todos ellos eran muy similares”, treinta años más tarde, en 2000, la brecha entre ellos y su impacto en la desigualdad resultaba enorme. ¿Qué había ocurrido? Aunque en muchos aspectos sus políticas económicas se habían desarrollado de forma similar, en otros, la posición más relevante, en términos políticos, de Portugal y España dentro de Europa, les dio márgenes de libertad de acción y de acceso al financiamiento de sus políticas sociales mucho mejores que las de Sudamérica. Así, qué produce una nación y su capacidad de autonomía o negociación dentro de un bloque político global, también deben considerarse como barreras o ayudas cuando se quiere promover una menor desigualdad.

Es obvio, entonces, que más igualdad es mucho más que simplemente acceso universal al consumo de bienes masivos, como creen demasiados políticos de la región. Muchos gadgets en casa no son sinónimo de felicidad duradera. En Porto Seguro, Sibel y Odair lo tienen claro. Su computador, TV y microondas no son modernos, aún así, anuncian, no serán substituidos: “Tenemos deudas comprometidas y por eso no vamos a invertir en bienes de consumo”, dice ella. Consideran su vida buena y ahora se organizan para la persecución de dos nuevas metas. Ahorrar para tener un hijo y comprar un auto. Sólo una nube oscurece un poco su felicidad: la percepción de la todavía fuerte desigualdad. Les molesta la ostentación de los más ricos ─como los argentinos, italianos y franceses─ que se establecieron en la ciudad. “Mientras nosotros sólo conseguimos  avanzar con mucho sacrificio, ellos ocupan fácilmente un espacio que nosotros nunca vamos a tener”, arguyen. Es que, en un mundo de flujos globales rápidos, las desigualdades son muy patentes. El lado bueno de esto es que, también en él, promover la igualdad, más que un problema para la economía, puede ser la solución para impulsar su desarrollo.

*Con informes de Marlene Jaggi en Sao Paulo,  Camilo Olarte en Ciudad de México, Susan Abad en Bogotá y Hugo Flores en Lima.