Presidente Mazaryk parece una calle de Zúrich o de algún país del primer mundo, pero no de México; o no, al menos, del México donde trabaja Esbeidy Guzmán, una maestra del municipio de Chalcatongo, en Oaxaca, donde da clase a un grupo de 20 niños, casi todos de origen mixteca. Es una mujer de 30 años y madre de un niño de doce años, al que tuvo que dejar a cargo de su padre para viajar al DF.

El 10 de septiembre, Guzmán y algunos de los 20.000 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon por esta calle donde están las tiendas de las marcas más lujosas, pidiendo la derogación de la reforma educativa. 

“¡Ya llegaron hasta acá!”, decía sorprendida una mujer llena de joyas mientras tomaba fotos con su celular desde la puerta cerrada de la tienda de Cartier. 

Las vialidades más importantes de la ciudad, como Periférico y Circuito Interior, también fueron bloqueadas. Sólo unos días antes los maestros habían hecho lo mismo con los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; algo que no se había atrevido a hacer ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda, en el plantón del 2006, cuando protestaba por las elecciones dudosas en que había perdido por menos de un punto porcentual. 

Esa misma mañana, en un discurso grandilocuente, lleno de referencias históricas y de autoelogios, el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por los presidentes de los partidos PRI, PRD y PAN y los representantes del Congreso, había anunciado la promulgación de las tres leyes secundarias de la reforma educativa que se había firmado meses atrás.

El anuncio marcaba un éxito para el Pacto por México, una coalición de los tres partidos tradicionales para llevar a cabo reformas estructurales en el país. Un esfuerzo que había empezado con la detención el 26 de febrero de la antigua líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. Una mujer poderosa, multimillonaria, que había manejado por 24 años la educación del país como un botín político, y las cuentas del sindicato como su chequera personal. 

Tres días después, el 13 de septiembre, 3.000 policías federales antimotines entraron a desalojar la Plaza de la Constitución -el Zócalo- en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Dos helicópteros sobrevolaban la plaza, mientras dos tanquetas armadas con cañones de agua, elemento que se usaba por primera vez en muchos años, derribaban las tiendas de campaña de los maestros que aún no habían acatado la orden de abandonar el lugar. 

Dos horas después, el Zócalo estaba listo para la celebración del Grito de la Independencia, la fiesta nacional más importante de los mexicanos.

3513

¿La reforma deformada? México ocupa el último puesto en educación básica entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y está en los últimos lugares (118) en el mundo en cuanto a educación primaria. Pese a dedicar el 6,2% del PIB (21% del gasto público) en educación, cifras comparables a las naciones desarrolladas, los resultados demuestran que los recursos nunca han llegado adonde tenían que llegar.

La reforma educativa determina que el Estado será el encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo. Esto quiere decir que la responsabilidad de la selección, permanencia y promoción de los maestros pasa a manos del Estado; por ridículo que parezca, estas funciones estaban en manos del sindicato. La reforma crea la figura de las escuelas de tiempo completo, define las herramientas para un censo de profesores que hasta el día de hoy no existe, y les otorga autonomía de gestión a las escuelas para resolver los problemas de operación básicos.

Por décadas, en las regiones más pobres y abandonadas del país, una plaza magisterial ha sido considerada como un patrimonio familiar. Las plazas se heredan, se venden al mejor postor en unas prácticas políticas corruptas que alentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido del presidente Peña Nieto. 

La reforma acaba, de tajo, con la herencia y la venta de plazas. Y con los comisionados, cientos de miles de funcionarios del sindicato que devengaban salarios por funciones que nada tienen que ver con la educación. Pero “no dice hacia dónde se debe encaminar la educación ni tampoco cómo resolver los problemas más apremiantes del sector, como la desigualdad y el rezago educativo en que se encuentra gran parte del país”, explica José Luis Chicoma, del laboratorio de políticas públicas, Fundación Ethos. 

Aunque el contenido de las leyes era previsible, la respuesta de los maestros fue de una envergadura que todavía hoy no se sabe hasta dónde puede llegar.

 

Maestros movilizados. La CNTE, en la que milita Esbeidy Guzmán, es un sindicato que reúne a unos 80.000 maestros de diferentes regiones del país. Fue creada por grupos de disidentes del SNTE hace ya más de 30 años y, después de la detención de Elba Esther Gordillo, ha ido ganando protagonismo. 

Desde el 1º de mayo, los maestros, en su mayoría del estado de Oaxaca, se encuentran en plantón en el DF. Realizaron nueve foros en las regiones, cuyas conclusiones serían incorporadas a la iniciativa federal para el trámite de las leyes secundarias. Pero las propuestas fueron ignoradas mientras las leyes seguían su trámite en el Congreso de la Unión. 

A partir de ahí las confrontaciones entre el magisterio y el gobierno han ido escalando y diariamente nuevas secciones se suman al plantón. La Ciudad de México, ya de por sí un caos, está intransitable. La CNTE ha perdido apoyo social y algunos, entre los que se pueden encontrar políticos y periodistas de renombre, piden a las autoridades el uso de la fuerza. Dentro de la CNTE, líderes como Rubén Núñez, de la sección 22, una de las más radicales, ha perdido el control sobre el grupo que parece fracturarse entre las diferentes visiones y radicalismos. 

“La bipolaridad histórica de los líderes de la CNTE es política. Corre por un organismo donde se cruzan dirigentes magisteriales que también han sido jefes guerrilleros, líderes honestos o corruptos, delincuentes o verdaderos luchadores sociales”, escribe Raymundo Riva Palacio en su columna del diario La Razón.

Para David Calderón, director de la organización Mexicanos Primero, la CNTE “es una facción radical que está buscando quitarle prestigio al régimen. Hemos estado tratando de que negociaran. Sería un fracaso que tuviéramos que utilizar la fuerza”. 

El centro del debate es, sin duda, la evaluación. “Nos tildan de flojos, nos acusan de descuidar a nuestros alumnos. Los padres de familia donde yo trabajo son campesinos que apenas sobreviven. Nosotros muchas veces nos vemos en la necesidad de sacar de nuestro bolsillo para el material básico”, se queja Esbeidy Guzmán. “Ésta es una reforma normativa, laboral. Lo que plantea la reforma es que se nos va a evaluar por un agente totalmente ajeno. Si no conocen las circunstancias, ¿cómo nos van a hacer una evaluación estandarizada?”.

Hugo Aboites, académico de la UAM Xochimilco y especialista, explicó en un debate de la cadena radial MVS acerca de la evaluación docente: “Es un proyecto persecutorio, hay una cruzada moral en contra de los profesores. A nivel de cruzadas morales se genera una verdadera lucha de clases”.

Copilotos del gobierno. Según los detractores de la reforma, la OCDE y Mexicanos Primero, una organización que la revista Proceso acusa de servir los intereses de los empresarios, le hablan al oído al gobierno y le dictan su agenda neoliberal. Se les acusa de ser los responsables de la distancia entre la realidad de las regiones y lo que contiene la reforma. 

“El descontento tiene razones infundadas. Toca comunicar mejor de qué se trata la reforma. Hay que apoyar a las escuelas que están en niveles socioeconómicos muy malos”, se defiende José Antonio Ardavín, director del Centro de la OCDE en México.

David Calderón, de Mexicanos Primero, afirma que su organización no tiene “una visión restrictiva empresarial, sino que es el compromiso que estos empresarios quisieron tener con una causa social. Es un sesgo ideológico el querer desestimar el trabajo que hacemos porque no tiene fondeo oficial”. 

A pesar de su posición, Mexicanos Primero reconoce la situación de los maestros: “Hay abandono, hay una falta de inversión, un enorme descuido en las zonas marginadas. Ésa es una tristeza. El dolor es real, el agravio es real, pero las conclusiones de los maestros están equivocadas. La manera de presionar no es destruir la propiedad pública”.

Pese al apoyo de estos sectores y el cansancio de los defeños con la acción de la CNTE, el presidente Peña Nieto se enfrenta a un momento político decisivo. Los niveles de inseguridad a causa del narco han vuelto a crecer, la economía permanece estancada y las reformas estructurales -razón de la existencia del Pacto por México- encuentran todos los días más detractores. 

“Llegaremos a retomar no solamente el Zócalo, llegaremos a tomar toda la Ciudad de México para decirle al gobierno federal que la Coordinadora hoy es más vigente que nunca”, dijo Rubén Núñez, el dirigente de la CNTE, ante las cámaras de televisión después del desalojo del Zócalo. 

Esbeidy Guzmán duerme ahora en una tienda de campaña en el monumento a la Revolución, y aunque espera con impaciencia ver a su hijo, siente que está cumpliendo una labor patriótica al defender a su gremio. “Eso de tratar de que el país entre en un sistema moderno, no se puede. En las comunidades donde nosotros trabajamos la gente está desconectada de las leyes y de los partidos políticos. Ellos tienen sus propias leyes, sus propias formas de organización. Ellos tienen otra cosmovisión totalmente diferente y nadie los escucha. Nosotros somos el soporte de todas las crisis de este país y hacemos lo que podemos. La gente tiene que saber qué es lo que pasa en este otro México.”