El Movice se fundó en junio de 2005 ante la necesidad de un movimiento nacional que agrupara a los diferentes tipos de víctimas de crímenes del Estado y lo integran movimientos de derechos humanos, estudiantiles, civiles e independientes, explican a Télam Castro Bueno y Harkavek, una dirigente de la comunidad TAO, peseguida por ser una creencia no cristiana.

En la formación de esta institución fueron una referencia “muy fuerte” los organismos defensores de los derechos humanos de la Argentina, “en particular” las Madres de Plaza de Mayo, y “por eso el lema es 'Colombia Nunca Más'”, agregan.

Desde su fundación el Movice colecta información de violaciones de derechos humanos en todo el país, en la mayoría de los casos con acciones sistematizadas, y trabaja con las víctimas en talleres, asistencia psicológica y jurídica, entre otras, “para enseñar cuáles son” sus derechos “y cómo reclamar por ellos, cómo exigir”.

“Se dice que el paramilitarismo surgió como consecuencia de la guerrilla, pero no es así, existe desde antes, por lo menos desde la época que se conoce como La Violencia, que se dio por los años ’50”, explica Harkavek.

“El caso es que tenemos que luchar contra una lógica del Estado que no se reconoce como violador de los derechos humanos y da más garantías a las víctimas de la guerrilla, cuando las violaciones vienen de mucho antes de que se formaran las guerrillas”, señala Castro, que ha trabajado en asesoría sobre temas vinculados a la violencia en Centroamérica, en especial en El Salvador.

“Lo que se plantea el Estado como paz está muy alejado de lo que le pasa a la gente del campo, que son las principales víctimas históricas del conflicto; todos queremos el cese de la guerra, de la guerra de las armas, es más que obvio, pero qué rico sería que la gente pueda dormir sin que el Ejército bombardee sus campos de noche”. Eugenia Castro Bueno.

A partir de esa experiencia, esta mujer morena, a la que se le llenan los ojos de lágrimas cuando habla del conflicto colombiano y sus secuelas, augura un aumento de la criminalidad en Colombia tras la firma de la paz entre el gobierno y las FARC y el ELN, con el que aún no se ha iniciado el diálogo pero da por seguro que ocurrirá.

“Vamos a tener un proceso muy parecido al de El Salvador: el armisticio redundará en que muchos de esos guerrilleros, que no tienen formación política, que no están allí por principios ideológicos, usarán las armas para seguir delinquiendo”, dice.

“Lo que se plantea el Estado como paz está muy alejado de lo que le pasa a la gente del campo, que son las principales víctimas históricas del conflicto; todos queremos el cese de la guerra, de la guerra de las armas, es más que obvio, pero qué rico sería que la gente pueda dormir sin que el Ejército bombardee sus campos de noche”, agrega, en alusión a los métodos oficiales.

“Lo terrible de esto es que la gente está tan acostumbrada que lo ha naturalizado; es común que digan riéndose que 'anoche tuvimos que correr', es su forma de naturalizar el miedo por los bombardeos sobre sus campos”, señala Castro.

La formación política de las FARC y el ELN “también fue permeada por el narcotráfico”, señala en otro tramo de la entrevista. “La guerrilla no está formada políticamente; sus líderes fundadores, que sí lo estaban, están muertos”, sentencia.

“A los campesinos todos le cobran impuestos, de una u otra manera; si quieren vender sus cosechas, cuando no se las destruyen, tienen que pagarles peaje a los paramilitares, a los guerrilleros, a la Policía y al Ejército”, asegura.

Esa gente “está cercada por el miedo”, resume Castro, y se pregunta: “¿Cómo hablar de derechos humanos cuando saben que el alcalde de sus municipios es paramilitar?”

“Si tienen éxito las negociaciones de La Habana habrá sólo un cese del fuego, pero me angustia que en un perdón y olvido se consagre la impunidad”, sostiene.

Según el Movice, “el gobierno está interesado en terminar con el conflicto armado con la guerrilla porque esa fue una imposición de afuera, por eso Juan Manuel Santos pasó de un discurso guerrerista, cuando era ministro de Defensa de Alvaro Uribe, a este más negociador”.

Pero “el problema es económico: todo está vendido y ahora hay que cumplir, y van a acabar el conflicto como sea porque necesitan liberar esas tierras”, advierte Harkavek.

“Los intereses económicos son internacionales y siguen igual, y los de acá están arrodillados a más no poder ante ellos”, afirma Castro, que pone como ejemplo los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

En este punto, Castro se pregunta, impotente, si valió la pena tanta muerte, incluida la de su hermano, Mario Castro Bueno, que era personero municipal (defensor del pueblo) en El Castillo, Meta, y fue asesinado en 2002 por paramilitares.

“Tantos líderes valiosos asesinados, tantos campesinos, tantos niños, tantos que podrían haber mejorado las cosas”, agrega, emocionada.

Augura además que el desplazamiento de campesinos hacia los cordones de miseria de las ciudades va a aumentar tras los acuerdos de paz “porque se siguen utilizando los mismos métodos”.

“Los paramilitares, que se supone se desmovilizaron, siguen desplazando a la gente de sus lugares; se ha dicho, se ha decretado, que no hay más desplazados, pero siguen habiéndolos, como también hay paramilitares; pero las autoridades sólo toman nota de las denuncias cuando les dicen que fueron desplazados por la guerrilla, entonces la gente dice eso para que los incluyan en los planes” sociales, advierte Castro.

“Lo más duro, el gran dolor, es que en esta lógica del miedo se pierde todo, hasta los sueños”, dice la dirigente, que proviene de una familia que militaba en el gaitanismo, la corriente del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, cuya muerte, en 1948, marcó el inicio del conflicto colombiano.

El conflicto, que en los años ’70 y ’80 tenía mucha presencia urbana, cuando eran fuertes el M-19 y el ELN en los sectores estudiantiles, desde hace tiempo se ha concentrado en los sectores rurales.

“En esta época es muy pesado y doloroso encontrarse con la indiferencia de los colombianos urbanos con lo que pasa en el campo, escucharlos decir que aquí no pasa nada; l gente no cree que hubo hornos crematorios en el Norte de Santander, que eran de los paramilitares y el Ejército, es decir del Estado”, concluye Castro.