Desarrollar una política integral de seguridad, continuar enérgicamente con la depuración de la Policía Nacional, combatir el narcotráfico y reducir drásticamente la tasa de homicidios son considerados los principales retos que tendrá en materia de seguridad el presidente electo, Juan Orlando Hernández.

Estudiosos y analistas del tema de la violencia coinciden en estos aspectos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno que tomará posesión el próximo 27 de enero.

Entre el 2010 y el 2012 la violencia en Honduras alcanzó una tasa de 87 homicidios por cada cien mil habitantes, estándar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera una pandemia.

Aparte de esta violencia incontrolable, Hernández también tendrá que ser enérgico con la depuración de una Policía Nacional altamente corrupta, conformada actualmente por una gran cantidad de agentes y oficiales vinculados al narcotráfico, al robo de armas, robo de vehículos, extorsión, secuestros, asesinatos, sicariato y toda una gama de delitos.

Asimismo, deberá combatir el problema del narcotráfico por tierra, mar y aire e impulsar las extradiciones de hondureños solicitados por Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas, situación que los jueces no han querido aplicar argumentando falta de seguridad personal.

Política integral. Para Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), uno de los retos de la nueva administración será desarrollar una política integral en materia de seguridad donde participen las instituciones del sector de seguridad, justicia, salud, educación, Dirección Ejecutiva de Ingresos y Comisión de Banca y Seguros, entre otras.

Según ella, desde estas entidades se pueden potenciar acciones de prevención de la violencia y control del delito, especialmente de las bandas criminales y del narcotráfico que operan en el país.

“Pero el principal reto es establecer una verdadera depuración policial y enseñarles que apliquen los valores fundamentales como el respeto a la vida y dignidad humana, la honradez, honestidad, respeto a los derechos humanos; además de fortalecer los organismos de investigación criminal para que permitan, como primer paso, dar con los autores materiales de la violencia y la criminalidad, esto ayudaría a combatir la impunidad en el país”.

“La depuración de la Policía es una de las prioridades porque es una necesidad, es una de las demandas de la ciudadanía y debe ser un proceso basado en evidencia científica para tener un cuerpo armado que goce de la confianza de la población”, sostuvo Ayestas.

Conocimiento. Entre 2010 y 2012 la escalada de violencia se disparó en el país, alcanzando una tasa de 87 homicidios por cada cien mil habitantes, estándares que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera una pandemia.

Este azote social no es desconocido por Hernández, ya que como presidente del Congreso Nacional en la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa, ha tenido que aprobar al menos 17 leyes para tratar de reducir los escalofriantes índices de criminalidad.

Entre las normas que el Legislativo aprobó en los últimos 24 meses están la cuestionada tasa de seguridad, la extradición a Estados Unidos de los narcotraficantes, un decreto para depurar la Policía Nacional, la creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la conformación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Publica (CRSP), la Policía TIGRES y por último la Policía Militar.

A pesar de todas estas legislaciones, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia, en el primer semestre de 2013 la tasa de homicidios descendió apenas a 85.5 homicidios por cada cien mil habitantes. En ese período se registraron 4,993 muertes violentas.

El norte y el occidente son las zonas con las más elevadas tasas de violencia.

Si esta tendencia de descenso se mantiene, el Observatorio de la Violencia proyectó que para finales de 2013 la tasa bajará a 80, un nivel todavía alto.

Política sostenida. El sociólogo Eugenio Sosa es del criterio que para que la sociedad hondureña llegue a los estándares normales de Naciones Unidas, de 8 homicidios por cada cien mil habitantes, se necesitan políticas de seguridad exitosas y sostenibles, por lo mínimo durante dos gobiernos continuos. Explicó que de no haber políticas continuas, la reducción de los homicidios puede ser temporal, o sea mientras estén las medidas, como la de los militares en las calles, pero al dejarse de actuar sosteniblemente la violencia puede alcanzar un repunte.

Para el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado, “los grandes retos que tendrá el nuevo presidente son en el orden económico y en el orden de seguridad. En estos dos aspectos hay una enorme deuda con la sociedad hondureña”. En materia de seguridad tiene que crear un equipo multidisciplinario que no reduzca el tema de la Policía, sino que enfoque el problema de manera integral y científica, viéndolo como un asunto social.

Sin embargo, el primer reto que tiene Hernández es la funcionalidad de la policía y eso pasa por una depuración efectiva y un equipamiento adecuado.

“El nuevo gobernante tendrá que darle un carpetazo al tema de la mala administración de la policía y empezar una evaluación por resultados”, sugirió.

Sobre las expectativas de la Policía Militar, Pineda sostuvo que esta solo puede ser complementaria del trabajo de la Policía Nacional, pero no sustituta. Durante su campaña electoral, Hernández impulsó que a esta nueva entidad policial se le diera rango constitucional, sin embargo, con un nuevo Congreso Nacional no hay certeza de que la propuesta aprobada en primer debate sea ratificada.

En cuanto al narcotráfico, por ser un delito transnacional, el nuevo gobernante tiene que buscar alianzas con México, Colombia y Estados Unidos para darle un enfoque a un problema que todavía no se ha estudiado adecuadamente y no se puede vencer a un enemigo que no se conoce.

Hernández tiene que trabajar en una estrategia de cooperación internacional que permita que los recursos que tenga Honduras no se desvíen a resolver un problema que es de corte internacional, añadió. Pineda dijo estar plenamente convencido de que “Honduras igual que Brasil y Venezuela deben ceñirse a protocolos internacionales y empezar a trabajar en la estrategia de derribar aeronaves que transporten droga o hundir barcos que no atiendan los llamamientos de la autoridad correspondiente”. En cuanto a esto, “entiendo que en esa materia hay mucha reserva, mucha oposición de países que colaboran mucho con la narcoactividad”, cuestionó.

Sostuvo que en los últimos años los decomisos de droga se han reducido por dos razones: por la falta de recursos para la operación de las autoridades encargadas de combatir ese problema y por la corrupción, pero también existe un tercer componente que es la enorme producción de drogas elaboradas en los laboratorios de Estados Unidos, que han venido a sustituir a drogas como la marihuana y la cocaína. Un problema que Honduras también deberá enfrentar.