Con el decreto 19-2013, aprobado por el Congreso, se reducen las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre esas la de efectuar controles de transacciones de empresas relacionadas con transnacionales.

Dicha normativa, la cual se denomina “Control de Precios de Transferencia”, existe por primera vez en la legislación guatemalteca y está contenida en la Ley de Actualización Tributaria (decreto 10-2012). 

Sin embargo, los 14 artículos que la contemplan fueron suspendidas por las reformas tributarias, de tal forma que la SAT ya no podrá aplicarlas, sino hasta enero del 2015.

Se trata de facultades especiales que tiene la administración tributaria para fiscalizar los precios con los cuales se hacen transacciones entre empresas que operan en Guatemala y que están dentro de un mismo grupo empresarial con las transnacionales, refirió Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El auditor Byron Martínez, socio de la firma Deloitte, encargado de temas de impuestos y precios de transferencia, agregó que con esa legislación se busca mejorar la recaudación sobre las ganancias que en su territorio generan las compañías multinacionales.

“La SAT tiene la facultad de verificar si en las transacciones se reportan precios de mercado o precios alterados con el único propósito de ver si dejaron de pagar sus impuestos”, expuso Barrientos.

Agregó que se pueden comparar los precios de compra venta que efectúan las empresas con la casa matriz, la subsidiaria o la sucursal de una transnacional. Esto se debe a que muchas veces se colocan precios irreales o la ganancia de una empresa se le adjudica a otra para evitar el pago del impuesto sobre la renta (ISR).

Martínez refirió que esas normas “son la única arma conocida para que las administraciones tributarias persigan una recaudación más justa del ISR que al país le corresponde sobre las ganancias de las empresas multinacionales”, ya que para evitar impuestos algunas empresas reportan sus ganancias en otros países o paraísos fiscales. 

Pero con la suspensión “ganan tiempo para no tener la presión de demostrarle a la SAT que están declarando una ganancia justa en Guatemala y podrán seguir gozando de esa ventaja, que no gozan las empresas nacionales”, criticó Martínez.

El auditor agregó que se ha adoptado ese tipo de legislación en otros países, por lo que Guatemala había logrado estandarizarse con otras naciones.

Según Martínez, el Congreso se equivocó al suspender todas las normas, ya que el único aplazamiento que pudo haber sido necesario para brindar un período de ajuste sin causar un shock tributario, sería el artículo 60, que se refiere al método de valoración para importación y exportación de mercancías.

Este artículo establece un castigo tributario que “califica de muy severo” por la forma en que debe hacerse esa valoración, y podría ser confiscatorio, principalmente sobre las exportaciones, explicó Martínez.

La SAT ya había empezado a pedir información a las multinacionales para poder fiscalizar, expresó Martínez.

Funcionarios de la SAT prefirieron no hablar del impacto que tendrán las reformas al decreto 19-2013, ya que aún está en trámite en el Congreso.

Reactivación y críticas

Luego de una caída de un 20% en la construcción de viviendas, el sector se reactivará por medio de las reformas aprobadas al ISR, mediante el decreto 19-2013, indicó Pelayo Llarena, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi).

El Icefi ha cuestionado que con el tratamiento especial para áreas y servicios comunes en proyectos inmobiliarios, incluido en el decreto 19-2013, se impulsa un esquema de defraudación tributaria, simulación y lavado de dinero por medio de proyectos inmobiliarios, porque se permite la subfacturación, argumentó el analista Ricardo Barrientos.

El sector cuestionaba que con la nueva ley del ISR (contenida en la Ley de Actualización Tributaria) se exigía facturar todo el inmueble, lo que provocó caídas en el mercado.

En el 2012 se había registrado la construcción de 23 mil viviendas, pero en el presente año no se llegará a las 21 mil unidades, explicó Llarena.

Ahora, “ya con las reglas claras trataremos de reactivar los proyectos, esto no se logra de la noche a la mañana, ya que se deben comprar los terrenos y ver los diseños. Espero que podamos ver la reactivación del mercado en el primer semestre del 2014”, agregó el empresario.

Barrientos critica que con el decreto del Congreso se da el permiso para que el desarrollador de proyecto solo facture el 70% del valor del inmueble y se evade el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto único sobre inmuebles.

Mientras que el restante 30% se le otorga al comprador por medio de una empresa especial, que se dedicará a servicios varios como canchas, piscina, salón social, cafetería o restaurante, y además los dividendos que generan las acciones quedaron exentas del ISR, agregó Barrientos.