Santiago, Xinhua.  El gobierno chileno condenó hoy la explotación laboral a que fueron sometidos 66 ciudadanos bolivianos, incluyendo 18 niños, en una empresa de Santiago y anunció una investigación para dar con los responsables.

"Hoy día estamos aquí para enfrentar una realidad tremendamente dura, trágica, dramática y que lamentablemente en nuestro país muchas veces está haciéndose presente en forma muy cercana. Esto no puede ocurrir ni en Chile, ni en ningún lugar del mundo", dijo el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.

Los ciudadanos bolivianos presuntamente indocumentados fueron encontrados trabajando en precarias condiciones en una fábrica de ladrillos en un sector rural del municipio (distrito) capitalino de Pudahuel.

La denuncia del caso coincidió con la firma del convenio intersectorial para evitar y combatir el delito de trata de personas.

"No queremos que esto siga pasando en Chile. El convenio que hoy se firma nos va a ayudar a seguir combatiendo la trata de personas en el futuro, que tiene como arista la explotación sexual, que es muy conocida, pero también la explotación laboral que es lo que vi en Pudahuel y espero que la investigación siga su curso de buena manera", afirmó José Luis Jobet, ministro del Trabajo.

Por su parte, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, mostró su preocupación por el caso aunque reconoció que existe las herramientas jurídicas para abordarlo.

"Nos preocupa todo tipo de trata de personas porque es intolerable que sea el nuevo tipo de esclavitud. No tengo toda la estadística, pero desde que se promulgó esta nueva ley hay que reconocer un avance grande.

Ha habido varias investigaciones pero lo importante es que con estas herramientas -sin perjuicio que señalé que podía perfeccionarse-llegan a buen puerto y obtienen condenas enérgicas", dijo Chahuán.

Los 66 bolivianos involucrados en el caso de Pudahuel pasaron la noche en un hotel mientras permanecen bajo protección a la espera de determinar su situación. Se trata de 38 hombres, 10 mujeres y 18 menores de edad, entre ellos 13 niños menores de cinco años.

La policía intenta dar con el paradero de los responsables de la fábrica y evaluar la formulación de cargos por el delito de trata de personas.