La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, pidió establecer sanciones más efectivas a nivel administrativo y judicial frente a los casos de discriminación étnico racial, dado que éste sigue siendo "un problema grave" en el país que debe ser erradicado.

Comentó que aun cuando un alto porcentaje de la población refiere en las encuestas haber sido discriminada, eso no se traduce en el número de denuncias que se presentan ante los organismos del Estado encargados imponer sanciones.

"La discriminación es un problema grave en el Perú (...) hay una percepción de que es un fenómeno masivo, pero no hay una conciencia individual de que debe ser denunciado", aseveró.

La primera Encuesta Nacional en Materia de Derechos Humanos elaborada a pedido del Ministerio de Justicia, reveló que el 81% de la población considera que la "discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada".

El 57% señala, además, que no se respeta el derecho de las comunidades campesinas y nativas a no ser discriminado, mientras en entre los afrodescendientes esa cifra se incrementa al 65 por ciento.

Balbuena indicó que son 50 las denuncias por discriminación que se presentaron en todo el país y que hay un solo caso, el del futbolista peruano Jefferson Farfán, que llevará al Poder Judicial una demanda por esta causal contra una empresa norteamericana.

Dijo que su viceministerio asesora al seleccionado nacional en este tema y espera que se emita una sanción penal una vez definida la instancia nacional o internacional donde presentará su denuncia.

Jefferson Farfán anunció, mediante su abogado, que demandará a la empresa Frito Lay y a una agencia de publicidad por daños y perjuicios a propósito de un spot publicitario protagonizado por el personaje cómico la "foquita Farfán" que, según la defensa del jugador, violenta la dignidad humana, discriminen a una persona y a un grupo étnico.

La viceministra refirió que para enfrentar a la discriminación, su sector capacitó a los apoderados de justicia e impulsa la precisión de criterios compartidos entre los organismos públicos para que la actuación del Estado sea coherente y efectiva.

Manifestó que los sectores que pueden imponer sanciones por discriminación son Trabajo, Salud, Educación y el Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).