En la Procuraduría cayó muy mal la inspección por parte de la Fiscalía del expediente que terminó con la destitución e inhabilidad por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Para cercanos asesores del procurador Alejandro Ordóñez, se trató de una medida excesiva, que no se tramitó por los canales institucionales regulares y que se sumó a las fuertes críticas que pronunció el fiscal Eduardo Montealegre al afirmar que el modelo de justicia del Ministerio Público era “medieval e inquisitorio”.

Pero en la Fiscalía sostienen a rajatabla que se trató de un trámite rutinario con el fin de incorporar el fallo y otras pruebas obtenidas por la Procuraduría al proceso que adelanta esa entidad contra el alcalde Gustavo Petro. Es más, fuentes de la Fiscalía consultadas por El Espectador señalaron que la única forma para que el ente investigador pudiera acceder a esas pruebas era mediante la inspección. Además, como esta misma semana el despacho del vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, asumió esta investigación, el objetivo era recaudar a la mayor brevedad todas las pruebas del caso y, sin lugar a dudas, el antecedente del fallo del procurador era indispensable en ese contexto.

Al margen de las interpretaciones encontradas, lo cierto es que el caso Petro empieza a tener repercusiones en los organismos de control. El fiscal Montealegre se despachó en críticas contra la Procuraduría y señaló textualmente: “Es altamente antidemocrático que un funcionario elegido popularmente sea destituido a través de un proceso que no es garantista y por un funcionario que no tiene naturaleza judicial”. Como quien dice, Montealegre entró a terciar en el debate sobre los cuestionados ‘superpoderes’ del procurador y sobre la posibilidad de que las funciones del jefe del Ministerio Público sean reformadas radicalmente.

El fiscal lo dijo sin rodeos: “Hay que cambiar el diseño actual de la Procuraduría”. Además, de alguna forma compró la principal tesis del alcalde Gustavo Petro sobre las competencias del jefe del Ministerio Público en relación con la sanción de funcionarios elegidos por voto popular. Para la guardia pretoriana del procurador Ordóñez, esta andanada de Montealegre, sumada a la súbita inspección judicial al expediente del alcalde Petro, es casi una provocación, como si el fiscal estuviera poniendo en duda la idoneidad del fallo y quisiera mostrarle los dientes.

Un panorama que terminó de enrarecerse con la declaración del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien recordó que el fiscal puede investigar al procurador, como lo hizo en su momento el fiscal Alfonso Valdivieso con el entonces jefe del Ministerio Público, Orlando Vásquez Velásquez, finalmente condenado por el proceso 8.000. En momentos como este, un recordatorio de este estilo genera una inevitable controversia, al tiempo que el alcalde Gustavo Petro continúa su cruzada, la misma que él ha comparado con la Primavera Árabe, desde el Palacio Liévano.

La nuez de la controversia se suscitó a tempranas horas de ayer, cuando dos delegados del despacho del vicefiscal Perdomo se presentaron a la Procuraduría para pedir el fallo del pasado lunes. Los funcionarios de la Fiscalía se reunieron con el procurador delegado, Juan Carlos Novoa, quien recolectó las pruebas que terminaron hundiendo al alcalde Petro. Aunque voceros oficiales del Ministerio Público trataron de bajarle la temperatura a la controversia que generó la inspección de la Fiscalía, en círculos privados esta medida les pareció, cuando menos, hostil.

“Era la única manera que teníamos para acceder cuanto antes a los elementos materiales probatorios con el fin de incorporarlos a las pesquisas que llevamos. Este tipo de procedimientos son completamente normales. No hay por qué agrandar una diligencia de rutina”, le dijo a El Espectador un alto funcionario de la Fiscalía. La respuesta de un alto funcionario de la Procuraduría, cuando este diario preguntó si este tipo de procedimientos eran usuales, es ilustrativa: “Eso no había pasado. Por lo general se hace un traslado probatorio”.

La molestia de los más cercanos colaboradores del procurador es evidente. Incluso si la Fiscalía estaba simplemente adelantando una diligencia de rutina, la sensación que quedó fue que Montealegre le mostró los dientes a Ordóñez. Ninguno de ellos lo va a reconocer públicamente, pero el mensaje quedó en el aire. Ya de tiempo atrás el fiscal y el procurador habían tenido encontrones por cuenta de sus formas diametralmente opuestas de entender el derecho. Pero esta es la primera vez en la que este choque tiene como telón de fondo un proceso disciplinario marcado por la controversia: la destitución del alcalde Gustavo Petro.