México. La Cámara de Diputados de México ratificó este jueves una reforma que abre el sector energético a la inversión privada luego de siete décadas de monopolio estatal, una iniciativa que ya había sido aprobada por el Senado, por lo que queda ahora pendiente del aval de los legisladores de los estados del país.

El texto fue aprobado la noche del miércoles por los diputados, en términos generales, y este jueves en lo particular, tras desechar una a una las impugnaciones a varios artículos del proyecto presentadas por 102 legisladores de izquierda.

La reforma aprobada modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana, vinculados con el sector eléctrico y de hidrocarburos, y fija además 21 artículos transitorios para adecuar el marco jurídico de la iniciativa y para precisar disposiciones.

El artículo 25 reformado introduce el concepto de "empresas productivas del Estado" en las áreas estratégicas, garantiza su eficacia, transparencia y rendición de cuentas y agrega el término de "sustentabilidad" en el desarrollo industrial.

En el artículo 27, referido al dominio del Estado en los recursos naturales, fija el control y la planificación pública del sistema eléctrico, pero abre la puerta a particulares para que puedan participar en las actividades de la industria eléctrica.

Y en el tema de hidrocarburos, se termina con el monopolio del Estado y se abre la posibilidad de fijar contratos con empresas públicas y también con particulares.

"En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos", insiste el artículo enmendado.

La modificación al artículo 28 fija la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que administrará y distribuirá los recursos obtenidos por los contratos que se hagan en materia energética.

La regulación quedará a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía.

Adicionalmente, se presentan 21 artículos transitorios del decreto que presenta la reforma, empezando con la entrada en vigor, que será al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El tercero convierte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) en "empresas productivas del Estado", un cambio que quedará regulado posteriormente con leyes adicionales, con un plazo máximo de dos años.

Otro de los artículos transitorios fija un plazo de 120 días para que el Parlamento haga las adecuaciones del marco jurídico, entre ellas "las modalidades de contratación" entre el Estado y las empresas energéticas.

Las contraprestaciones ligadas a estos contratos son cinco: en efectivo para contratos de servicios, un porcentaje de la utilidad, un porcentaje de la producción obtenida, la "transmisión onerosa de los hidrocarburos" una vez hayan sido extraídos y, finalmente, una combinación de las anteriores opciones.

El Estado se reserva la elección de la modalidad de contraprestación "atendiendo siempre a maximizar los ingresos".

La Secretaría de Energía se encargará de adjudicar a Pemex las áreas de explotación, inclusive las que está ya operando, y la petrolera deberá acreditar "capacidades técnicas, financieras y de ejecución" necesarias para la explotación.

Pemex tiene un plazo de noventa días desde la entrada en vigor de la reforma para presentar las solicitudes de las áreas que se quiere reservar y la Secretaría de Energía emitirá su resolución en un plazo máximo de 180 días a partir de la presentación de la petrolera.

Otro artículo transitorio pide al Parlamento que se hagan cambios en el marco jurídico para asegurar la autonomía de presupuesto, técnica y de gestión de CFE y Pemex.

En el caso de Pemex, el consejo de administración estará integrado por cinco consejeros del gobierno, incluido el secretario de Energía, quien lo presidirá, y otros cinco "consejeros independientes".

Eso implica la salida del consejo de administración de Pemex de los representantes que tiene el poderoso sindicato de petroleros, liderado ahora por el también senador del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlos Romero Deschamps.