Las autoridades provinciales argentinas y la Policía pactaron en las últimas horas subidas salariales que pusieron fin a las protestas en casi todo el país y redujeron la tensión, tras ocho días de conflicto y violentos saqueos que causaron al menos nueve muertos.

"Se han resuelto todos los conflictos en las provincias argentinas. La situación está encauzada y resuelta", dijo hoy a la prensa el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Horas después, un sector de la Policía en la provincia norteña de Salta inició un paro para exigir mejoras salariales y volvió a encender las alarmas por el riesgo de incidentes ante la ausencia de uniformados.

La última muerte confirmada es la de un hombre de 30 años que falleció este martes al ser supuestamente baleado por vecinos que custodiaban un barrio de la periferia sur de San Miguel de Tucumán, a unos 1.100 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

Con tres víctimas fatales y cerca de un centenar de heridos, la provincia de Tucumán ha sido la más golpeada por los paros policiales que comenzaron el pasado 3 de diciembre en Córdoba y se han extendido a 20 provincias del país, propiciando saqueos y disturbios en numerosas localidades.

También se han registrado muertes en las provincias norteñas de Chaco (2) y Jujuy (1), en las centrales de Córdoba (1) y Buenos Aires (1) y en la oriental de Entre Ríos (1).

Los policías tucumanos regresaron a sus funciones tras el alza salarial pactada con el Gobierno provincial y la ciudad recuperó progresivamente la calma, con la reapertura de escuelas y edificios públicos, que este martes permanecieron cerrados, y la normalización del transporte público.

Con el retorno de los uniformados a su trabajo en Tucumán, desaparecieron del espacio público las barricadas levantadas las últimas dos noches por vecinos, en algunos casos armados, para protegerse de ladrones y saqueadores que desvalijaron numerosos comercios de la ciudad.

Capitanich afirmó que los episodios de violencia respondieron a "una acción premeditada con alevosía para provocar incertidumbre con métodos extorsivos".

Según el jefe de Gabinete, el objetivo de las protestas policiales y los saqueos fue "atacar en esencia el sistema democrático republicano, y que los argentinos no pudiesen conmemorar los 30 años de democracia", que se cumplieron este martes.

El jefe de Gabinete argentino pidió a jueces y fiscales que investiguen "el vínculo entre expolicías autoconvocados, exonerados, agentes del disturbio y el desorden, liberación de zonas, grupos de narcotraficantes y mecanismos de financiamiento que permitieron una logística integrada" para provocar escenas de caos y de terror.

El problema se mantiene. Pese al descenso de la tensión, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), advirtió en un comunicado que "considerar que la crisis está resuelta puede llevar a un peligroso relajamiento, especialmente cuando el tema deje de ser el foco de atención de los medios de comunicación".

La CAS destacó que "los comerciantes de todo el país y en particular los supermercadistas saben que la amenaza sigue latente".

Según datos difundidos por la Confederación Argentina de la Empresa (CAME) y cámaras de comercio regionales, alrededor de 1.900 comercios en una quincena de provincias se han visto afectados por los actos vandálicos y suman pérdidas estimadas en unos 560 millones de pesos (unos 89,3 millones de dólares).

Además, a esta denuncia se suman las amenazas y riesgos de una expansión de estas demandas. Esta vez a manos de otros funcionarios provinciales como los profesionales de la salud, docentes y funcionarios públicos.

Impulsados por los resultados efectivos obtenidos por los policias en su sueldo, estos grupos se han sumado a las exigencias de mejores condiciones salariales. En este sentido, esta semana se han producido o están programadas jornadas de paro en siete provincias, de empleados estatales, docentes y agentes carcelarios.

* Con información de Efe.