Lima, Andina. Perú cerrará el año con 23.600 hectáreas de cultivo ilegal de hoja de coca erradicadas, lo que supera con creces la meta inicial prevista en 18.000 hectáreas para 2013, informó este miércoles la jefa de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías.

Destacó que ese objetivo se cumplió gracias a la “labor extraordinaria y articulación muy clara” entre Devida, que es el ente rector en materia antidrogas, la Policía Nacional y la Comisión Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah).

En diálogo con la Agencia Andina, recordó que la meta inicial de 18.000 hectáreas erradicadas este año fue elevada a 22.000 por el jefe del Estado Ollanta Humala, lo que pudo cumplirse, en el marco de la estrategia nacional de control de la oferta de esta planta.

A modo de ejemplo, citó la labor desarrollada en la zona del Monzón, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde este año se erradicó un total de 9.500 hectáreas, luego de más de 30 años de ausencia por parte del Estado, a través del Poder Ejecutivo.

“Con toda razón y con evidencias se puede decir que el gobierno del presidente Ollanta Humala tiene una férrea voluntad política en la guerra contra las drogas y eso se demuestra en los logros basados en esta estrategia que él ha aprobado”, manifestó la funcionaria.

Para Masías Claux, haber alcanzado esta meta constituye un logro muy importante para el país, puesto que las evidencias han demostrado que la erradicación, sumada al desarrollo alternativo y a la interdicción, son claves para avanzar hacia el éxito en la lucha contra el narcotráfico.

“De los cultivos ilícitos de hoja de coca en el país, un 96% va a la narcotráfico. No estamos hablando del chacchado tradicional ni del uso medicinal, porque estas últimas son pocas en comparación a las que se van a un mercado posiblemente negro”, explicó.

Resaltó que en los últimos años solo en la región San Martín se logró reducir de casi 30,000 a solo 1,230 la cifra de hectáreas dedicadas a los cultivos cocaleros ilícitos, para dar paso a los cultivos legales y alternativos, como el cacao y el café.

Estos cultivos lícitos forman parte de las 43.754 hectáreas asistidas en el campo del desarrollo “alternativo, inclusivo y sostenible” en los distintos espacios cocaleros del país, detalló Masías.

Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), el Perú redujo en 3.4% los cultivos de coca en 2012, por primera vez después de siete años de crecimiento continuos de esas plantaciones, pasando de 62.500 hectáreas a 60.400 hectáreas.

Familias incorporadas. La titular de Devida subrayó también que en el presente año más de 55.000 familias se han incorporado al desarrollo alternativo y los cultivos lícitos en toda la zona cocalera del país, que comprende no solo a San Martín, sino a Ucayali, Huánuco, Pasco, entre otras zonas.

Consideró que el desarrollo alternativo y sostenible es indispensable para que la población pueda asumir la legalidad en su vida cotidiana, pues ello implica una mejor infraestructura, mantenimiento de carreteras y construcción de puentes para sacar sus productos con más facilidad.

Otro aspecto destacable, añadió Masías, es la reforestación en este año de 5.228 hectáreas en zonas como el valle del Monzón y Huipoca (Ucayali), cifra que supera en 131% lo previsto en la meta inicial de 2013.

“Todo proyecto alternativo o de sustitución de cultivos debe tener un componente de reforestación, lo que va aparejado con una educación ambiental a los niños y adolescentes en las escuelas de las zonas donde se está actuando”, mencionó.

Devida diseña y conduce las políticas contra las drogas en el país, coordinando, promoviendo, orientando programas y proyectos dirigidos a este fin, con recursos del Estado y el apoyo de la comunidad internacional.

Su objetivo fundamental es lograr que la población peruana excluya acciones vinculadas a la producción y consumo de drogas, y privilegie estilos de vida saludables, minimizando los factores socioeconómicos que incentivan la producción, tráfico y consumo de estupefacientes en el Perú.