El Tribunal de Garantías definirá en las próximas horas la situación jurídica del ex presidente boliviano, Jorge Quiroga Ramírez, por el denominado escándalo de los "petrocontratos", dijo la Fiscalía del Estado.

Se prevé entre las decisiones una fianza de US$14.500, el arresto domiciliario y el arraigo del ex presidente.

El Ministerio Público pidió en la audiencia que se instaló la víspera en la ciudad de Sucre y continúa este miércoles una serie de medidas por cuanto consideran que existe riesgo de fuga del ex mandatario.

La audiencia comenzó el martes a las 09:30, hora local (1330 GMT), y concluyó hoy a las 00:50, hora local (0450 GMT), después de una jornada plagada de cuartos intermedios.

El fiscal general interino, Roberto Ramírez, declaró a los medios de prensa que no hubo una resolución, pues la defensa aún debe terminar de exponer sus alegatos.

En la audiencia hablaron dos abogados del ex presidente Quiroga, pero faltan cuatro. El ex mandatario, que estuvo presente, permaneció en silencio. La sesión se lleva a cabo en el salón de debates del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Sucre.

El fiscal Ramírez argumentó en su pedido que existe riesgo de fuga y de entorpecer el proceso, por lo que solicitaron la detención domiciliaria, el arraigo a nivel nacional y la anotación preventiva de los bienes del ex mandatario.

El fiscal informó que los abogados de la Contraloría General del Estado plantearon subir ese monto a medio millón de bolivianos (72.500 dólares). Los defensores del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) respaldaron los argumentos ex puestos por el Ministerio Público.

En defensa de Quiroga, Luis Vásquez Villamor, señaló que no existe argumento legal ni técnico que sustente la demanda. Denunció que existe la intención del Tribunal de dictar detención preventiva para Quiroga, pero que la pretensión fue frenada gracias a los recursos legales que se utilizaron.

El fiscal general recordó que el caso de los "Petrocontratos" involucra a los ex presidentes Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada; y los ex ministros de Hidrocarburos, Jorge Berindoague Alcócer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Alberto López Quiroga por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

A denuncia de los ciudadanos Juan Gabriel Bautista, Roberto de la Cruz, Jaime Solares Quintanilla y Alberto Costa Obregón, el 11 de septiembre de 2011, la Asamblea autorizó el procesamiento de las ex autoridades.

Según la acusación, las ex autoridades gubernamentales favorecieron a empresas transnacionales causando daño económico al Estado con la firma de contratos petroleros que no fueron autorizados por el entonces Congreso Nacional.

El caso forma parte de otros 22 juicios de responsabilidades contra ex mandatarios que están en manos de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, autoridades que fueron elegidas por voto popular en octubre de 2011.