El exgerente general de Pluna SA, Matías Campiani, llegó con la idea de declarar, dar las explicaciones sobre los balances de Pluna y retirarse, pero quedó detenido. 

La jueza Adriana de los Santos, a pedido del fiscal Juan Gómez, decidió dejar detenido al empresario y a sus exsocios Sebastian Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, ante las evidencias que surgieron en la jornada y que ya habían reunido en la investigación. La jueza decidirá hoy si los procesa.

Fuentes del caso dijeron a El Observador que el delito por el cual se evalúa procesarlo es el de estafa.

Asimismo, este mediodía deberán declarar el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el presidente del BROU, Fernando Calloia y el escribano que participó en la subasta de los aviones de Pluna, Pablo Seitún.

El fiscal pretende pronunciarse sobre todas las causas juntas y para eso interrogará desde este mediodía a Lorenzo y Calloia para definir su responsabilidad en el otorgamiento del aval a la empresa española Cosmo.

El aval necesario para participar en el remate de los aviones, de US$13,7M, fue otorgado horas antes de la subasta. 

El ministro de Economía declaró ante la Justicia que no sabía de la existencia de la empresa hasta el momento de la subasta, pero Calloia señaló que Lorenzo lo llamó dos veces, le dijo que había dos interesados, y le pidió “celeridad” en los trámites.

A su vez, cuando declaró Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, dijo que “estaba en contacto con Hernán Calvo”, representante de Cosmo, y que mantuvo “conversaciones” con integrantes del gobierno por el asunto previo a la subasta.

Por su parte, el escribano Seitún será indagado porque aceptó para la subasta de los aviones inscribir al representante de Cosmo, con un nombre falso: Antonio Sánchez, cuando el nombre del empresario es Herán Antonio Calvo Sánchez.

La estafa

El artículo 347 del Código Penal establece que comete estafa quien “con estratagemas o engaños artificiosos, indujere en error a alguna persona para procurarse a si mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro, será castigado con seis meses de prisiòn a cuatro de penitenciario”.

La investigación judicial detectó en los estados contables de Pluna transferencias irregulares.

Campiani alegó que esas transeferencias no fueron su responsabilidad, sino que se debieron a movimientos realizados por Pluna Ente Autónomo, organismo estatal que tenía tres directores en Pluna SA (dos de ellos con poder de decisión).

Campiani, y los exdirectivos de Pluna, Hirsch y Álvarez Demalde, declararon ayer ante la jueza De Los Santos y el fiscal Gómez, en una jornada de interrogatorios que se extendió desde la hora 9 hasta la medianoche.

Según dijeron a El Observador fuentes del caso, el defensor de Campiani, Jorge Barrera, intentó focalizar los hechos indagados en la gestión de Pluna durante los años 2011 y 2012, y dejar afuera otros episodios señalados en la denuncia.

Para ello, presentó un dictamen de la fiscal Adriana Costa, del 2010, quien en otra denuncia contra Campiani pidió el archivo del expediente por entender que “no surgen elementos de convicción suficientes respecto a la comisión de un hecho ilícito en relación” con la administración de Campiani en la aerolínea. 

Esa denuncia se refería, entre otros negocios, a la compra de los aviones Bombardier, sobre la que se habían señalado irregularidades.

Barrera argumentó que la administración de Campiani entre 2007 y 2010 es cosa juzgada, puesto que la denuncia, presentada por el abogado Gustavo Salle, fue archivada.

Sin embargo, la jueza y el fiscal indagaron al exgerente de la aerolínea liquidada sobre negocios y transferencias anteriores a 2010. 

Es que las transferencias que llamaron la atención de la perito forense, la contadora Élida Pardo, fueron dos después de que Leadgate se asoció con el Estado. Leadgate cogestionó Pluna entre 2007 y 2012.

Pero para eso, Campiani también tuvo una respuesta. Explicó a la jueza y al fiscal que la contadora Pardo confundió transferencias de Pluna SA con transferencias de Pluna Ente Autónomo.

Por otro lado, Campiani y Hirsch fueron interrogados sobre transferencias bancarias a cuentas personales de sus esposas. Campiani explicó ante la jueza que no fue él quien transfirió ese dinero, sino su padre, que se llama igual.

La Justicia detectó que Campiani realizó dos giros por US$220 mil a su esposa desde una sociedad personal llamada Leadgate, que no debe confundirse con Leadgate Investment Corp, que tenía el 75% de las acciones de Pluna SA.

El empresario justificó la transferencia de US$220 mil como “un préstamo” que le hizo su padre a su esposa (el suegro a la nuera) para que pudiera comprarse un apartamento en Montevideo.

Los cuatro informes de Campiani

“Creo que un juzgado penal no es el lugar indicado para analizar una mejor o peor gestión empresarial. Una cosa es que a un negocio le vaya mal, otra muy distinta es la supuesta comisión de delitos”, dijo Campiani esta semana en entrevista con El País. 

Cuando el empresario se retiró del directorio de Pluna SA, en junio de 2012, dejó un pasivo de US$301,5M y un activo de US$290M.

Campiani es acusado, además, de librar cheques sin fondos para pagar las deudas de combustible que tenía Pluna con ANCAP.

Para defenderse de estas acusaciones, el empresario presentó cuatro informes de especialistas que aseguran que en su actuación no hubo delito, redactados, respectivamente, por el catedrático de Derecho Penal Miguel Langón, la profesora grado 4 de Derecho Comercial, Alicia Ferrer, el contador público Mario Soca, y el profesor grado 4 de Derecho Privado, Arturo Caumont.