El Consejo de la Judicatura solicitó al congreso una partida de 600 millones de lempiras (US$29 millones) para el proceso de depuración de la Corte Suprema de Justicia que se efectuará en 2014.

Los recursos servirán para el pago de las prestaciones laborales a los funcionarios que saldrán del Poder Judicial, quienes presentarán la renuncia por no estar de acuerdo con las evaluaciones.

El miembro del Consejo de la Judicatura y de la comisión de presupuesto de la CSJ, Francisco Quiroz, informó que están a la espera de que el Congreso Nacional apruebe el presupuesto al Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2014.

Expuso que la Constitución de la República establece que las asignaciones al Poder Judicial no deben ser menores al tres por ciento y el artículo 72 del Consejo de la Judicatura es bien claro en el sentido que los funcionarios que opten por la separación voluntaria de sus servicios, saldrán del sistema judicial con pleno reconocimiento a sus derechos y prestaciones laborales que le corresponden de conformidad a lo previsto en la ley.

No obstante, indicó que para darle cumplimiento a ese artículo, lógicamente se requiere que el Congreso Nacional apruebe el presupuesto para poder cumplir con esas obligaciones y los funcionarios que ya no quieran seguir en el cargo, se les separe con el pleno reconocimiento de sus derechos.

Quiroz explicó que el Consejo de la Judicatura es un organismo que pertenece al Poder Judicial al igual que la CSJ, por lo tanto, el presupuesto es uno solo.

Según el funcionario, el proyecto de presupuesto que fue remitido al Congreso Nacional contiene una partida de la que se puede echar mano para cumplir con lo que manda el artículo 72 de la ley del Consejo de la Judicatura, la que representa unos 600 millones de lempiras. El presupuesto del Poder Judicial es de mil 900 millones de lempiras (US$91,9 millones) y si se aprueban los 600 millones adicionales ascendería a la cantidad de 2.500 millones de lempiras (US$120,9 millones).

El funcionario destacó que se incluye en esta partida de gastos la compra de vehículos blindados que serán asignados a los jueces que conocerán sobre los casos de las extradiciones.

Trascendió que el próximo año, funcionarios, administrativos, jueces, escribientes, receptores y otros miembros del Poder Judicial solicitarán su renuncia a las autoridades de la CSJ ya que no comparten las evaluaciones a las que los está sometiendo el Consejo de la Judicatura.

Por otra parte, a pesar de que el Poder Judicial entró al proceso de vacaciones, el Consejo de la Judicatura se declaró en sesión permanente para emitir cualquier resolución en el caso de comprobarse en fin de año la acción irregular de un juez. Los miembros del Consejo acordaron que debe haber una sesión permanente por cualquier emergencia.

Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura, manifestó que desde hace dos meses el Consejo suspendió del cargo a 13 jueces y una secretaria general. Asimismo, despidió a dos jueces. En caso de encontrarse méritos se podrían separar en este año a más jueces o magistrados de Cortes de Apelaciones. Asimismo, informó que el Consejo solicitó a la Inspectoría de Tribunales les remita en enero la ampliación de un informe investigativo de 70 jueces y magistrados de Cortes de Apelaciones, para resolver si procede suspenderlos.