Buenos Aires. La justicia federal procesó y embargó bienes millonarios a 17 personas, entre las que se encuentran altos funcionarios de la empresa alemana Siemens, por el presunto pago de sobornos a funcionarios del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), informó la prensa local.

Los sobornos pagados ascenderían a US$106 millones, con los que aquella firma procuraba asegurar que Argentina le entregara la exclusividad de la producción de documentos nacionales de identidad (DNI) del país sudamericano.

El juez federal Ariel Lijo procesó a Uriel Jonathan Sharef, Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard George Reichert, Luis Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ernst Michael Brechtel, Bernd Regendatz, Ralph Matthias Kleinhempel y José Alberto Ares, todos ellos pertenecientes al Grupo Siemens.

El magistrado también procesó a Carlos Francisco Soriano, Miguel Angel Czysch y José Antonio David, señalados como presuntos intermediarios del dinero destinado a los funcionarios, y Antonio Justo Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini, Luis Guillermo Cudmani y Federico Rossi Beguy.

Los seis últimos mencionados, según el juez Lijo, forman parte de "la empresa competidora (de la firma alemana) en la licitación que fue incluida en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar a Siemens It Services".

El 19 de febrero de 1998, Menem firmó el decreto que le adjudicó a Siemens IT Services SA (Sitsa), una subsidiaria de la multinacional, la confección de documentos de identidad y pasaportes por seis años, con un contrato por US$600 millones, que se extendió y ascendió luego a US$1.200 millones.

La información -que fue divulgada oficialmente por el Centro de Información Judicial argentino- precisa que el juez federal Ariel Lijo ordenó los procesamientos sin prisión preventiva de la totalidad de los mencionados por el delito de "cohecho activo".

Lijo aseguró en su resolución que hubo pagos de US$106 millones que "estaban destinados tanto a quienes actuaron como intermediarios como a miembros del gobierno nacional de aquel momento, que intervinieron en el proceso licitatorio".

El texto resolutivo indicó que "se verificó que existió un accionar sistemático de integrantes de la empresa Siemens de pagar sobornos, con el único fin de que la filial local de Siemens AG -Siemens It Services S.A.- resulte adjudicataria de la licitación pública nacional e internacional número 1/96".

Esta licitación se refiere a la "contratación de un servicio integral para la implantación y operación de un sistema de control migratorio y de identificación de las personas".

Para concretar los pagos, "se probó la implementación de un sistema que justificó los egresos de grandes sumas de dinero por parte de la empresa Siemens AG y sus filiales", según explicó el Centro de Información Judicial (CIJ).

El 19 de febrero de 1998, Menem firmó el decreto que le adjudicó a Siemens IT Services SA (Sitsa), una subsidiaria de la multinacional, la confección de documentos de identidad y pasaportes por seis años, con un contrato por US$600 millones, que se extendió y ascendió luego a US$1.200 millones.

Desde 2004, Lijo quedó al frente de la causa penal en la que se investigan presuntos hechos de corrupción en tanto que, en 2008, la propia Siemens confesó por escrito, en los Estados Unidos, ante las autoridades bursátiles, un amplio abanico de conductas delictivas en distintas partes del mundo.

En aquella presentación formal Siemens dedicó a Argentina un capítulo completo, en el que reconoció haber pagado más de US$106 millones en coimas a funcionarios, aunque no señaló quiénes fueron los que recibieron aquellos pagos ilegales.