El martes 29 de octubre, a dos días de Halloween, la Corte Suprema argentina declaró la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual, popularmente conocida como “ley de medios”. Desde su aprobación en el Congreso en octubre de 2009, Grupo Clarín viene dando una batalla judicial, pasando por medidas cautelares que suspendían la aplicación de la ley, y siguiendo con informes de fiscales y fallos de distintas cortes. El grupo, controlado por Héctor Magnetto, la consideraba hecha a la medida de Clarín y en contra de la libertad de expresión. Martín Etchevers, gerente de comunicaciones del grupo, así lo reiteró cuando se enteró del fallo: “el gobierno quiere silenciar a los grupos que tienen la posibilidad de subsistir sin la necesidad de publicidad oficial”.

Los planes. Curiosamente el resto de los grupos que subsistían sin la publicidad oficial, como Vila-Manzano (América TV), Indalo (C5N) y Admira (Telefé), presentaron su adecuación voluntaria antes del 7 de diciembre de 2012, no cuestionando jamás la ley ni presentando recurso alguno, y tratando de entenderse en buenos términos con el Ejecutivo. Porque, entre otras cuestiones, la legislación aprobada en el Congreso por amplia mayoría se basa en recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en leyes de países más avanzados en la regulación de los servicios audiovisuales, como la alemana, cuestión que en su fallo precisamente resaltó el máximo tribunal.

Casi un año más tarde Grupo Clarín haría lo mismo, pero obligado por la justicia. El pasado 4 de noviembre presentó su adecuación voluntaria. A grandes rasgos, el plan consiste en una división del grupo en seis unidades. En la primera están los principales medios (Canal 13, TN, radio Mitre, FM 100 y 24 licencias de cable de Cablevisión). La segunda es, según una información dada por el mismo grupo, “la continuadora jurídica de Cablevisión”, y tiene 24 licencias de cable en las principales ciudades del país, que representan 2,8 millones de abonados. Equivale al 80% de la antigua Cablevisión. En la tercera unidad quedan las 19 licencias restantes de cable de la compañía. En las tres unidades restantes quedan “las señales de contenido (TyC, TyC Max, Magazine, Volver, Rural y Metro)”, las radios de provincia y una última con los canales de TV abierta de Mendoza y Bahía Blanca.

La evaluación. Sebastián Lacunza, experto en medios y coautor del libro Wikimedialeaks, cree que en términos generales la separación en unidades aproxima a Clarín a los límites de los países más avanzados y lo aleja de su posición dominante, aunque seguirá siendo el actor más importante del mercado argentino. Para Lacunza, algunas de estas seis unidades podrían ser repartidas entre socios o parientes de socios, porque la ley lo permite: “sin embargo, hay dos unidades que son más importantes que el resto: la unidad de contenidos, en donde están sus marcas más emblemáticas, como Canal 13, TN, Radio Mitre, y la unidad dos, que es su principal negocio, el cable, que le reporta el 90% de sus ganancias [alrededor de US$1.000 millones al año]”.

En cuanto al actual socio de Clarín en Cablevisión, Fintech, de propiedad del empresario mexicano David Martínez, que aún posee el 40% de la unidad dos y que acaba de comprar Telecom Argentina, este analista de medios opina que es un tema delicado. “Si a alguien le teme Clarín es a Telefónica y a Telecom. De hecho, para la discusión de la ley de medios, Clarín pidió expresamente que las telefónicas quedaran fuera del negocio audiovisual, y así fue”, afirma Lacunza, para quien si el grupo vende algo tendrá dinero para comprarle a Martínez su participación en Cablevisión. Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones de Néstor Kirchner y quien siempre se ha manifestado contrario a esta ley, cree que Fintech tiene dos alternativas de manual para cumplir con la ley de medios: “una es que venda sus activos y la otra es que se transforme en mero inversionista”.

Gobierno corporativo. El experto en gobierno corporativo de Cefeidas Group, Juan Cruz Díaz, aporta una visión distinta. Aún quedan instancias, como la aceptación o rechazo del plan de adecuación por parte del AFSCA y la consecuente judicialización de Clarín. Además están las restricciones propias del mercado de capitales, porque el Grupo Clarín cotiza en bolsa. Pero más allá de esta complejidad, lo claro es que ya hay “un cambio importante en la estructura corporativa del grupo, que ahora se presenta como un network de estructuras empresariales”. 

Para Cruz Díaz, lo prematuro de la situación se refleja en que no se sabe de cuáles de esas seis unidades empresariales se desprenderá y tampoco quiénes serán los titulares en cada unidad: “sea como sea, esta estructura va a afectar la rentabilidad del grupo, mas no la viabilidad; por el lado del vaso medio lleno, el grupo ganará en flexibilidad”. 

En esto también coincide Martín Becerra, un experto en medios, para quien el plan presentado por Clarín lo “va a transformar en una red de empresas específicas, no tan conglomerales, y el corazón de la actividad va a estar en las unidad uno y dos”. 

Para Juan Cruz Díaz, esta estructura tampoco es la definitiva, porque además queda por ver la unidad más rentable, que es Cablevisión, con Fintech adentro o afuera. Si está adentro, tendrá que adecuarse, al igual que el Grupo Clarín, a la ley.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene desde el 4 de noviembre cuatro meses para decidir si acepta o rechaza el plan presentado por el grupo. 

De ser aprobado contará con otros seis meses para realizar las transferencias de las unidades a los titulares definitivos. Sin embargo, se estima que la autoridad aprobará el plan antes de ese tiempo: si hay algo que el gobierno no quiere es que el tema se extienda hasta las elecciones presidenciales de 2015.