Hace un año, las calles de Santiago y de muchas otras ciudades de Chile fueron inundadas por manifestantes que protestaban por mejores pensiones, mejor acceso a la salud, educación universitaria gratuita y de calidad, y una larga lista de demandas que evidencian las enormes frustraciones de los chilenos.

El 25 de octubre de 2019, una de estas manifestaciones logró reunir a cerca de un millón y medio de personas en Santiago, mientras probablemente otro medio millón se manifestaba en el resto de Chile. En las calles, familias completas que enviaban un mensaje claro al gobierno de centro derecha encabezado por el billonario Sebastián Pinera: las cosas no podían seguir como estaban, tenían que cambiar.

Las manifestaciones, que comenzaban de manera pacífica, terminaban generalmente con una violencia nunca vista desde el retorno a la democracia en el año 1990, tras el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet. Esta violencia callejera se dejó sentir en todas las principales ciudades de Chile. El nivel de violencia y vandalismo que se registró era inédito: el 18 de octubre, primer día del estallido, se incendiaron en Santiago 20 estaciones del Metro urbano y otras 58 fueron severamente dañadas. A lo largo de las semanas siguientes fueron también incendiadas iglesias, se arrancaron cientos de semáforos, se atacó cuarteles de la policía uniformada (llamados Carabineros) a lo largo de todo Chile, e incluso fueron atacados un par de regimientos del Ejército. El gobierno decretó estado de excepción e impuso toque de queda en las principales ciudades de Chile. Carabineros actuó reprimiendo violentamente a manifestantes violentos y pacíficos por igual, dejando cientos de heridos graves y deteniendo a miles de ciudadanos.

La represión fue condenada por las organizaciones de derechos humanos internacionales, como Human Rights Watch, Amnesty International, y la oficina de Derechos Humanos de la ONU, hoy encabezada por la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Los partidos de oposición levantaron la voz para reclamar por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la policía. Muchos casos fueron denunciados a la Justicia; de hecho, Carabineros exoneró a varios de sus filas por haber actuado con fuerza desmedida. A pesar de lo anterior, el gobierno decidió levantar el estado de emergencia (que de todas formas no había sido respetado por la población), sacando así a los militares de las calles y dejando solo a los Carabineros, que son la fuerza mandatada constitucionalmente con el resguardo del orden público. Esta fuerza policial militarizada no dio el ancho: no estaba preparada para resolver problemas tan masivos de orden público y menos aún para hacerlo respetando los principios de proporcionalidad en el uso de la fuerza y de respeto a los derechos humanos.

La amplitud de la protesta ciudadana fue creciendo en la primera mitad de noviembre 2019, y también el grado de violencia imperante. El ya muy debilitado gobierno se vio en una encrucijada: declarar estado de sitio, sacando nuevamente a los militares a las calles en un país que no ha olvidado el golpe militar de 1973 y la violenta dictadura que lo siguió, lo que habría costado muchas vidas y hecho un daño irreparable a la democracia chilena; o buscar una solución política. Ese día 12 de noviembre debe haber sido el día más difícil de los 30 años de la democracia chilena. Un gobierno, extremadamente débil y confundido, y con un sector de su coalición de gobierno -que fue parte de la dictadura de Pinochet- a favor de aplicar la represión hasta aplastar el movimiento social; y por otro lado una parte de la oposición, aquella más a la izquierda, apostando a que el gobierno de Piñera cayera y sin condenar realmente las expresiones de violencia de sectores extremos y del lumpen.

Abrir ese camino constitucional a fines del año pasado permitió, en una medida importante, encauzar el gigantesco malestar de la población hacia un camino político fuera de la violencia. El anhelo de una nueva Constitución simboliza y encarna la necesidad de un nuevo pacto social en Chile.

En este contexto, afortunadamente el presidente Sebastián Piñera escuchó más a las “palomas” que a las “águilas” de su coalición, y dio un plazo para que los partidos oficialistas y de oposición encontraran una salida: solo 48 horas. El 15 de noviembre estas fuerzas llegaron al acuerdo de abrir el camino a una nueva Constitución, que partiría por un plebiscito en que los ciudadanos dijeran si aprueban o rechazan esa opción, y si lo que prefieren es una Convención Constituyente con el 100% de sus 155 delegados elegidos, o una Convención Mixta, en que la mitad de sus 172 miembros sean representantes del actual Congreso en ejercicio. Ese plebiscito tendrá lugar este próximo domingo 25 de octubre.

Abrir ese camino constitucional a fines del año pasado permitió, en una medida importante, encauzar el gigantesco malestar de la población hacia un camino político fuera de la violencia. El anhelo de una nueva Constitución simboliza y encarna la necesidad de un nuevo pacto social en Chile. Más que una solución en sí y por sí, este plebiscito que abre el camino a una nueva Constitución es parte de un ritual necesario para recomponer y sanar el alma de un país muy dividido.

Sociólogos, politólogos y otros expertos han tratado de explicar cómo el país que se suponía modelo en la región estalló socialmente. Chile había sido capaz de derrotar la pobreza en gran medida; había surgido una clase media emergente, vulnerable, sí, pero que por primera vez tuvo acceso al crédito, a enviar a sus hijos a la universidad; muchos se compraron su primer auto; otros hicieron su primer viaje a Orlando junto a sus hijos. Algunos intelectuales públicos, como el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, opinan que este malestar es propio de una nueva generación que no alcanza a conformarse con los frutos de la modernización capitalista. Es decir, el resultado más bien del éxito que de las carencias de este modelo de desarrollo. Para otros, la clave es la persistente y fuerte desigualdad de ingresos, sumado a un sistema previsional 100% privado que genera pensiones totalmente insuficientes para la mayoría de los jubilados chilenos, con un 80% de ellas bajo el salario mínimo. Y la seguidilla de escándalos de colusión empresarial y de pagos ilegales de empresas a políticos, prácticamente todos librados con total impunidad o penas ridículas gracias a pactos entre la élite política, empresarial y judicial. Todo esto ha llevado a una profunda crisis institucional: los ciudadanos no tienen confianza en sus instituciones, desde la presidencia hasta el parlamento, pasando por la justicia.

Creemos que las causas son multifactoriales. Por ejemplo, esas dos tesis anteriores no son necesariamente contradictorias. Es cierto que el país avanzó mucho en los 30 años de democracia, y que ese propio avance exige cambios radicales en el modelo de desarrollo y en el propio modelo político, pues los avances sociales han sido parciales, no realmente incluyentes, provocando desigualdad y generando distintos tipos de abusos. Para complicar las cosas, la actual oposición de centro izquierda, principal responsable de ese avance de 30 años, hoy parece avergonzarse completamente de su pasado y no solo de sus insuficiencias.

Todas las encuestas dan una amplia mayoría al “Apruebo” en el plebiscito de este domingo, que es también la opción que AméricaEconomía apoya. Chile necesita este ritual de escribir una nueva Constitución que sea en su origen y en su forma democrática, pues la actual fue redactada bajo la dictadura de Pinochet y no da cuenta de los desafíos de un nuevo Chile. Es la opción que apoya la izquierda y el centro, e incluso parte de los partidos integrantes del gobierno de centroderecha de Piñera, mientas otros se inclinan por la opción “Rechazo” y mantener la actual Constitución.

Sobre el contenido de la Constitución no existe aún una verdadera discusión por parte de la clase política. Creemos que debería ser una Constitución breve, que no establezca obligaciones que no se sabe si se podrán cumplir, especialmente en materia de derechos sociales. No debemos olvidarnos que la Constitución brasileña al regreso de la democracia fijaba hasta la tasa de interés. Es un ejemplo de lo que no deberían hacer los chilenos.

Creemos que debe reflejar aquellos aspectos fundamentales del orden político sobre los cuales haya consenso, sin imponer definiciones ideológicas. La actual Constitución chilena, por ejemplo, aunque no explícitamente, transpira por todos partes un concepto de estado subsidiario que ha fundamentado el modelo chileno, de corte neoliberal, y sobre el cual claramente no hay consenso hoy en el país. Debe definir cómo se organizan los distintos poderes, afirmar el estado democrático, la independencia de los poderes ejecutivo, judicial, legislativo, la autonomía del Banco Central, garantizar libertades básicas como la de prensa, asociación, manifestación y otras, y definir si Chile quiere seguir teniendo un régimen presidencial, u optar por un régimen semi presidencial o parlamentario. Es clave también que reconozca la existencia de los pueblos originarios y considere las formas de que tengan una representación en el parlamento.

Ante el clima de enorme polarización que ha experimentado Chile, su pueblo debe exigir a sus representantes en la asamblea o convención constitucional que hagan un esfuerzo por buscar acuerdos, para avanzar hacia una nuevo pacto social y político donde quepan todos, donde nadie se sienta excluido. Una comunidad con intereses comunes es, en última instancia, la fuente del progreso de todos.