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Argentina avanza con su proyecto de Ley Penal Juvenil
Sábado, Marzo 4, 2017 - 12:47

El Gobierno ya tiene en progreso la redacción de un proyecto para enviar la nueva norma al Congreso. Insiste con su idea original de rebajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, aunque sólo para los delitos "gravísimos".

El gobierno argentino ya tiene avanzada la redacción de un proyecto de nueva Ley Penal Juvenil para enviarla al Congreso en el que insistirá con su idea original de rebajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, aunque sólo para los delitos "gravísimos" contra la vida, los secuestros extorsivos y la integridad sexual.

La iniciativa incluirá la aplicación de penalidades máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los menores hallado culpables de dichos delitos pero también una amplia gama de medidas alternativas sin restricciones a la libre circulación para delitos menores.

"Solo en los casos muy graves se prevé el encierro pero dentro de un sistema muy especializado. Esa escala de penas cumple además con la Convención de los Derechos del Niño, de que los menores no pueden tener ni condenas a prisión perpetua ni las mismas penas que los adultos", anticipó a Télam el secretario de Política Criminal, Martín Casares. Según el funcionario, "en los próximos meses vamos a enviar el proyecto al Parlamento. Estamos terminando la redaccion y ajustando detalles, porque el trabajo se inicio en enero a partir de los consensos en las mesas participativas".

Casares, quien coordina el proyecto en el ámbito del Ministerio de Justicia, anticipó que la norma tendrá unos ochenta artículos y que podría incluir un cronograma de implementación a raíz de del tiempo y recursos que demandará la articulación del nuevo régimen. Una de las posibles novedades sería la creación de un sistema de tutorías en la que esos jóvenes tengan asignados un responsable de su legajo, con equipos interdisciplinario de seguimiento.

"Vamos a bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos gravísimos, contra la vida, la libertad, y los delito sexuales, pero también va haber muchas medidas alternativas", dijo Casares al confirmar la intención oficial pese a la rotunda negativa de los especialistas a la rebaja. Dicha oposición se expresó en la última de las ocho mesas convocadas en febrero por el gobierno para debatir el tema, cuando 34 de los 40 participantes votaron por no rebajar la edad de los menores para poder someterlos a penalidades a partir de los 14 años.

En esa nómina se incluyen Unicef, asociaciones de pediatras, psicólogos, colegios de abogados y organizaciones sociales, además de la Iglesia Católica que, sin participar con mociones, había anticipado su rechazo a la "criminalización" de los menores, en especial de bajos recursos.

El propio presidente Macri aludió genéricamente al proyecto al inaugurar, el miércoles pasado, el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. El gobierno confía en que pese a ese revés, podrá sumar a la fuerza parlamentaria de Cambiemos, el respaldo del bloque que responde a Sergio Massa, quien incluyó de manera distintiva la baja en la edad de imputación penal en su plataforma presidencial del 2015.

"El proyecto está muy avanzado porque a pesar de esa negativa de ONGs a consentir la baja, se trata de uno de los pocos puntos en que no hay acuerdo frente a una multitud de consensos", dio Casares. Para el funcionario, "es probable que haya una ley altamente consensuada salvo en ese punto" de la edad de imputabilidad, donde -según admitió- hay visiones ideológicas muy diferenciadas".

Según Casares, "todo estamos de acuerdo en un régimen de protección integral, en derogar el decreto de la dictadura que fija el régimen tutelar, en que haya una justicia especifica y medida alternativas a la privación de libertad, de justicia restaurativa, conciliación y trabajos sociales que le fije condiciones a los chicos".

El funcionario sostuvo que "el principal consenso es, que el marco de la ley penal es la prevención fijada por Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece que el Estado debe prevenir el delito juvenil mediante políticas públicas de desarrollo social, educación y salud".

Autores

Télam