El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, descartó hoy que la decisión de congelar las cuentas del gobierno regional de Áncash, afecte los programas sociales o el pago de remuneraciones.

Según explicó, se trata de una medida solicitada por la Contraloría General de la República con el objetivo de "resguardar el buen uso de los recursos públicos".

Añadió que las acciones de control respectivas ya se efectúan en la región Áncash e indicó que en tanto la Contraloría no pida levantar la paralización de cuentas, esta continuará.

Precisó, además, que de las 40 unidades ejecutoras de Áncash, 38 no están afectadas, que son básicamente las que tiene que ver con los recursos destinados a escuelas y hospitales.

"Se exceptúan del congelamiento el pago de planillas, pensiones, carga social, los programas sociales y el vaso de leche", precisó desmintiendo con ello al presidente regional de Áncash, César Álvarez, quien dijo que la paralización de cuentas impediría pagar sueldos, atender programas sociales y ejecutar obras en su jurisdicción.

Refirió que el gobierno cuenta con un marco legal que, ante indicios del uso no adecuado de los recursos públicos, faculta al Ministerio de Economía a congelar las cuentas por pedido del Ministerio del Interior, de Justicia o la Contraloría.

"Cuando la Contraloría acabe su acto de control interno y las medidas que se tengan que derivar de ese proceso, procedemos obviamente a levantar la medida", precisó.

El ministro de Economía y Finanzas realizó este comentario tras dar a conocer los avances de la Agenda del Consejo Nacional de Competitividad, el cual, según dijo, alcanza un 88% en una serie de áreas críticas para mejorar la productividad y la eficiencia del Estado.

Anunció que en el mes de mayo del presente año se lanzará la agenda de la Competitividad 2014-2018.