La Paz. “Es posible que nosotros creemos un ente gestor, una Caja del Empleado Público. Es posible”, sostuvo ayer la ministra del área, Nila Heredia.

La autoridad especificó que de los más de dos millones de asegurados que tiene la CNS, el 50% es dependiente del Estado (más de un millón de personas), entre los que se encuentran el magisterio urbano y rural, policías, mineros y cooperativistas. “Sólo en el magisterio son más de 120.000 docentes, multiplicado por cuatro dependientes, se tiene a casi medio millón de asegurados”, explicó.

La determinación tiene un antecedente. El 9 de abril, ante la declaratoria de huelga indefinida de los trabajadores de la Caja en rechazo a la Ley Financial, el presidente Evo Morales declaró: “Entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) debemos cerrar la Caja de Salud y construir otra institución para los asegurados”.

El anuncio fue descalificado por el secretario de Capacitación Laboral de la Federación de Trabajadores del Seguro Social de Bolivia (Fensegural), Milton Flores, quien dijo que cualquier decisión se la debe tomar con la participación de las bases. Además, se tiene que establecer en qué tiempo tendrá (el Gobierno) la infraestructura necesaria para dar la atención en todo el país, donde hay maestros y policías.

“No creo que de la noche a la mañana levante toda una infraestructura y equipos para la atención de los asegurados. La ministra no sabe lo que se vendrá la próxima semana”, indicó.

La ministra no dio datos sobre la infraestructura ni el personal que requerirían para del nuevo seguro. La dirigencia sindical rechaza el anuncio de desafiliación, lo califica como presión y en cambio exige que el Estado pague una deuda de Bs 630 millones (US$88 millones) que tiene con la Caja Nacional de Salud.

Según el Inases (Instituto Nacional de Seguros en Salud), la seguridad social tiene 17 seguros, de los cuales la CNS atiende a 2,5 millones de personas (en total hay 3,1 millones de asegurados) y cuenta con 158 establecimientos de salud (cerca del doble del total de todos los seguros del país).

La disputa entre autoridades y sindicato no tiene visos de una pronta solución. La Ministra de Salud denunció que el paro que mantienen los trabajadores en La Paz, además de causar problemas en la atención a los asegurados, impidió finalizar el proceso de la licitación de medicamentos para la Caja, por lo que se prevé un desabastecimiento de fármacos.

“El jueves, la Caja tenía que terminar la licitación de la compra de medicamentos; como no se la realizó, la conclusión es que va a haber desabastecimiento en los hospitales y policlínicos de la Caja Nacional”.

Paro. En tanto, ayer se cumplió, de forma parcial, el paro de 48 horas declarado por el Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (Casegural) que rechaza el nombramiento del gerente general, Juan Carlos Alvarado, a quien se le impide ingresar a su despacho.

La autoridad designada por el presidente Morales trabajó ayer en ambientes del ministerio, el jueves lo hizo en el Inases. El ejecutivo de Casegural, Ariel Cáceres, aseguró que los trabajadores acataron el paro, pero que las consultas y cirugías programadas fueron atendidas con normalidad.

Tras las medidas de presión, para este lunes está previsto el ampliado nacional con los representantes de las cajas regionales. En el encuentro se aprobaría la huelga a nivel nacional “para evitar que el Gobierno haga un manoseo político de los cargos y establecer una respuesta al llamado de la ministra para que las empresas se desafilien de la Caja”, aseveró ayer el dirigente nacional del sector Milton Flores.

Quejas ante el Defensor. Son 509 las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo contra la Caja Nacional de Salud (CNS). Las demandas fueron entregadas a las representaciones departamentales desde el 2007 hasta el 2010.

Norma agilizará desafiliación. Representantes del Inases y del Ministerio de Salud elaboran el documento que agilizará en tiempos la desafiliación de las empresas que quieran dejar la Caja Nacional. En la norma se determinará que la atención de los asegurados del área rural se realice a través del servicio público, informó el viceministro del área, Martín Maturano.

“El actual reglamento de la desafiliación es tedioso y de muchos requisitos que deben cumplir las empresas que se quieren salirse de la Caja, por ello el ministerio está elaborando un nuevo reglamento que será más ágil y tendrá plazos cortos y prudentes”.

Respecto a la atención en los servicios públicos, dijo que serán habilitados para que acepten la atención de los asegurados de las cajas, siempre y cuando la aseguradora no tenga infraestructura en esa zona rural. El pago ya no lo realizará la persona, sino se facturará a la entidad a la que corresponde.

Especificó que los que se beneficiarán de esta norma serán los maestros del área rural, los policías y algunos cooperativistas.