Autoridades, incluyendo representantes de la ONU, hicieron llamados a participar y mandaron mensajes de confiabilidad de un estudio que afirmaron es técnico, no político, y sobre la debida identificación de los 18.000 encuestadores que visitarán a 7,5 millones de hogares en tres meses.
Venezuela inició este jueves un censo que, pese a ser un ejercicio habitual cada década, cayó preso de la rivalidad política y de temores de la población a que sea aprovechado por delincuentes en un país con un alto índice de criminalidad.
Autoridades, incluyendo representantes de la ONU, hicieron llamados a participar y mandaron mensajes de confiabilidad de un estudio que afirmaron es técnico, no político, y sobre la debida identificación de los 18.000 encuestadores que visitarán a 7,5 millones de hogares en tres meses.
"Como están ahora las cosas es peligroso. No quiero que nadie sepa lo que tengo y lo que no", dijo William Rondón, trabajador privado de 54 años y quien teme que delincuentes disfrazados de encuestadores entren en su casa y lo roben, en un país donde la seguridad encabeza la lista de necesidades.
"No voy a dejar que nadie entre a mi casa, nadie", añadió. Según cifras oficiales, en el país de unos 29 millones de habitantes son asesinadas 48 personas por cada 100.000 habitantes. Cálculos privados muchas veces doblan esa tasa.
Nuevo foco de enfrentamiento político. Ajenos a los temores de la población, los políticos encontraron en el censo un nuevo punto de enfrentamiento a las puertas de las elecciones presidenciales del 2012, en las que el presidente socialista Hugo Chávez buscará extender su mandato que inició en 1999.
La oposición denunció que algunas de las 69 preguntas que conforman el cuestionario invaden la privacidad porque piden detalles que considera innecesarios sobre las viviendas y los bienes, por lo que exhortó a la población a no contestarlas.
El propio Chávez, quien está en su tercera ronda de quimioterapia por un cáncer que padece, consideró las denuncias como un intento de saboteo de un estudio que busca actualizar datos para elaborar planes de desarrollo a futuro en el país petrolero. "Es insólito", comentó tarde este miércoles.
El presidente del partido opositor Copei, Roberto Henríquez, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspender algunas preguntas que tienen que ver con la vivienda y las propiedades, ya que considera que son "invasivas e inconstitucionales".
"No tienen ningún soporte técnico, sociológico, ni estadístico", afirmó.
No obstante, el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri, defendió el carácter técnico del estudio y dijo que las preguntas son las mismas de los censos anteriores, siendo el último en 1991.
Se mantendrán las 69 preguntas ya que "se vienen haciendo desde hace cinco censos, es decir, que si estamos equivocados tenemos más de 50 años equivocándonos", afirmó.
El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Jorge González Caro, respaldó la transparencia del proceso y aseguró que los datos que servirán para definir las políticas públicas de la siguiente década.
"Si la gente le cierra la puerta al censo, sólo podrá corregir esto dentro de 10 años, en 2021" explicó.
