Si bien el gobierno se había comprometido a poner en marcha antes de fin de año la ley de reproducción asistida para casos de alta complejidad, no comenzará a aplicarse hasta febrero del año que viene. El Fondo Nacional de Recursos (FNR), el organismo encargado de financiar los tratamientos, tuvo la última sesión el 18 de diciembre y como el decreto no estaba finalizado, no pudieron aprobarlo.

El decreto reglamentario de los tratamientos de alta complejidad –fertilización in vitro- quedó pronto esta semana y será presentado oficialmente el martes, dijo a El Observador una fuente del MSP. La próxima reunión del FNR será el 29 enero, donde tratarán el tema, por lo que recién podrá ser utilizado a partir de febrero.

“Empiezan los tiempos administrativos. El FNR tiene pronta la normativa, los contratos y las negociaciones con las clínicas pero necesitamos que el decreto esté firmado para poder aprobarlo y empezar la implementación”, dijo a El Observador la presidenta del FNR, Cristina Mier. 

El FNR aportará US$ 5.000 para costear cada tratamiento. Cada usuario, ya sea de salud pública o privada, podrá realizarse como máximo tres fertilizaciones in vitro, según lo que establece la ley. Para llegar a ese monto, autoridades del FNR se reunieron durante varias semanas con los directores de las clínicas privadas que ya hacen esos tratamientos pero que ahora serán las encargadas de realizarlas dentro del marco de la ley.

De todos modos, no todos los usuarios recibirán la financiación del 100% del tratamiento. Dependiendo de sus ingresos, deberán abonar un porcentaje. Como máximo, una persona tendrá que pagar el 80% del tratamiento.

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, dijo a El Observador dos meses atrás que el espíritu de la ley es “democratizar” los tratamientos, pero al ser costosos, no puede ser gratuitos para todos.

La legislación establece que podrán realizarse los tratamientos las mujeres solteras o en pareja de hasta 40 años y que hayan intentado quedar embarazadas por la vía tradicional por un mínimo de 12 meses. 

La ley también estipula un máximo de tres intentos tanto para fertilización in vitro como para inseminación artificial. 

En el caso de los de alta complejidad, no podrán realizárselo las mujeres fumadores o con obesidad porque tienen menos posiblidades de quedar embarazadas.

La ley fue aprobada en el Parlamento en noviembre de 2013 luego de idas y venidas por los costos elevados de cada tratamiento. Por ese motivo se decidió que se reglamentara por etapas. Primero le tocó el turno a los de baja complejidad, que fueron reglamentados en setiembre, y luego a los de alta.

En el mundo un 15% de las mujeres necesita de estos tratamientos para quedar embarazada. Si se transpola a Uruguay, son aproximadamente unas 6.000.

Plan para centro de alta complejidad en el Pereira

En la clínica de infertilidad del Centro Hospitalario Pereira Rossell se realizan desde hace 20 años, los tratamientos de baja complejidad (inseminaciones artificiales), pero los usuarios de ese hospital aguardaban a que la ley saliera y luego la reglamentación para poder acceder a los tratamientos de alta complejidad, básicamente la fertilización in vitro. En el caso de esos pacientes, los tratamientos serán gratuitos.

“Preguntan a diario. Por teléfono y personalmente”, dijo a El Observador la ginecóloga Ana María Capurro, que trabaja en esa clínica. Con el decreto de esos tratamientos terminado, esos pacientes que aguardaban ansiosos por la fertilización in vitro podrán, finalmente, acceder a ella. De todos modos, aún no está definido en dónde se atenderán. 

Según explicó Capurro, existe un proyecto para crear un centro de alta complejidad en el Pereira Rossell, pero que llevará un tiempo en concretarse. “No se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que tener embriólogos con experiencia, por ejemplo”, sostuvo. Mientras ese centro es solo un proyecto, los pacientes se atenderán en las clínicas privadas. 

“De todos modos eso es algo que tiene que resolver la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Fondo Nacional de Recursos”, apuntó la especialista.