Bogotá. En prisión y en calidad de detenidos permanecerán desde este lunes los representantes del Grupo Nule en Colombia, luego de que el juez Cuarto Penal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, Juan Pablo lozano, hubiera aceptado la petición del fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema, Germán Pabón, de cobijarlos con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La determinación estuvo precedida por la determinación de Manuel, Miguel y Guido Nule de aceptar su responsabilidad en el cargo de peculado por apropiación, el más grave de los cinco delitos imputados en su contra por el ente acusador.

Entre tanto, el empresario Mauricio Galofre también deberá pasar la noche privado de su libertad, por cuanto la medida de detención preventiva en su contra fue igualmente avalada por el operador jurídico, luego de que él mismo, como procesado, se hubiera allanado al punible de peculado.

Los empresarios, a través de la firma Transvial, se hicieron al contrato de la Fase Tres de Transmilenio por más de 315.000 millones de pesos, del cual recibieron un anticipo cercano a los 85.000 millones que, al parecer, no fue invertido en la obra y que obligó a la aseguradora a cancelar la totalidad de los 69.000 millones que costaba la póliza de incumplimiento a favor del Distrito.

Según el fiscal, los Nule adulteraban los balances financieros de sus empresas, llegando incluso a falsear documentos y libros de contabilidad, en el propósito de ocultar la necesidad de liquidez que aquejaba a gran parte de las firmas de su propiedad.

La aparente solidez financiera de todas sus firmas, reflejó la investigación, obedecía a que adelantaban negocios de préstamo y otros mecanismos para mostrarse como oferentes sólidos económica y técnicamente, y así poder hacerse a otros contratos convocados por el Distrito.

Adicionalmente, el fiscal asignado al caso encontró que el trato preferencial que recibieron los empresarios en su calidad de contratistas estuvo precedido del ofrecimiento de dádivas o los compromisos que en ese sentido asumieron con funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

Así las cosas, según el material obrante en el proceso, sostuvo Pabón, hay cómo acreditar la entrega de por lo menos 50 millones de pesos al ex director Técnico de la entidad Inocencio Meléndez, de lo 4.500 que, según dice, éste le exigió a los empresarios; aparentemente, existía la promesa de entregar al menos 150 millones más, un apartamento y un automóvil, para seguir contando con los señalados privilegios.

El capítulo final de esta primera parte del proceso estuvo marcado por el interés de la Contraloría de que se decrete un nuevo embargo en contra de los confesos responsables del billonario escándalo de corrupción, con el fin de recuperar 198.000 millones de los muchos más que perdieron los contribuyentes del Distrito en la ejecución de la Fase Tres de Transmilenio y el mantenimiento de la malla vial en la capital.

Édgar Ortiz, abogado del ente de control fiscal, manifestó frente a este particular que ya se tiene certeza de que algunas cuentas bancarias y bienes en el exterior que pertenecen a los representantes del grupo económico y que pueden ser blanco del secuestro.

Además de peculado por apropiación, la Fiscalía les imputó cargos a los cuatro indiciados por cohecho, falsedad en documento privado, fraude procesal y concierto para delinquir, punibles ante los cuales los empresarios se declararon inocentes.